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Mientras el gobierno avanza en la reforma constitucional ordenada, la partidocracia sigue buscando mecanismos para demorar la asamblea y ganar una mayoría en ella.

Por un lado, esta semana el Presidente Correa envió el nuevo texto del Estatuto y nombró la Comisión que elaborará el borrador de Constitución. Los integrantes son:

• Ma. Paula Romo, abogada: Integrante de Alternativa Democrática. Ha sido crítica de Correa en algunos asuntos, pero respalda la reforma integral que propone el gobierno.
• Santiago Andrade Ubidia, Doctor en Jurisprudencia: Experto jurista, miembro de la Corte de 1997 expulsada por Lucio. Nunca se lo ha mencionado como cercano a partido alguno. Es detractor de la “Corte Ideal” que actualmente está en funciones.
• Medardo Mora, Doctor: El primer propulsor de las autonomías. Manabita. Consultor nacional en el proceso de Concertación Ciudadana del Conam en el gobierno pasado.
• Julio César Trujillo, Doctor: Político y abogado. Conocido como “gallo hervido”, fue candidato a Presidente por la Democracia Popular en 1984 y a diputado por Pachakutik en 2006. Perdió en ambas ocasiones.
• Gustavo Medina, Doctor: Ex presidente de la CSJ. Ex militante de la Izquierda Democrática. Experto en Derecho Público.
• Iván Castro Patiño, Doctor: Decano de Derecho, UCSG. Su hermano fue diputado del PSC, otro hermano fue juez de la Corte de 1997, pero no pudo regresar en 2005 porque había depositado dinero con el Notario Cabrera (nos referimos a su hermano, Nicolás).
• Fernando Gutiérrez Vera, Doctor: Representa a la U. Estatal de Guayaquil.
• Patricio Cordero, Doctor: Por la U. del Azuay.
• Xavier Tomalá, Doctor: U. Península de Santa Elena. Seguramente porque está de moda hablar de la Península.

De su lado, la partidocracia juega a dos cartas para ganarle la partida al gobierno: tanto en el Congreso como en el TSE.
En el Congreso, la oposición está hablando de investigar y detener la propaganda gubernamental donde aparece la frase “y la Constituyente, también!”. No han criticado la relacionada con el ahorro de energía. Los más radicales, incluso mencionan las palabras “peculado” y “destitución”.

Debe recordarse que Lucio Gutiérrez fue acusado de hacer campaña por sus candidatos en las elecciones seccionales de 2004. Ante la amenaza de destitución, Lucio compró organizó una mayoría “institucional” que, no sólo bloqueó el intento de destitución, sino que, con viada, reorganizó el TC y TSE y luego destituyó a la Corte de 1997, lo que precipitó su caída.

No dudo que Correa no elegirá el camino de comprar conciencias, pero recuerdo este episodio reciente de la historia ecuatoriana para ver la doble moral de Gutiérrez, pues ahora es él quien acusa de peculado por hacer propaganda con dineros del Estado.

A su vez, en el TSE, la alianza PSC-PSP-PRIAN busca alargar el proceso de convocatoria. Según algunos vocales, se espera que la mayoría opositora vuelva a enviar el nuevo decreto al Congreso, para que éste vuelva a aprobarlo (si PSP no cambia de opinión para entonces) y, tal vez, le agregue otras modificaciones, lo que necesitará un nuevo decreto, ¿de nuevo destinado al ping-pong?

Si esta intención se hace realidad, ya le habrán aplicado demasiadas veces el tontódromo a Correa, como ya lo hicieron con el gobierno anterior y como ya se advirtió aquí hace un par de meses.

Ojalá que no sea así.

¡Ya estuvo bueno de alargues!

El pasado domingo se publicó en la prensa nacional un remitido del TSE, señalando el límite del gasto electoral en la campaña por la consulta “del 15 de abril”, la cual aún no está convocada. A pesar de ello, pretenden postergar indefinidamente la convocatoria.

En todo caso, el juego no les durará sino dos meses más. El 3 de mayo, el presidente quedará autorizado a convocar, directamente a consulta para incorporar los siguientes textos:

“Art. ….-  El pueblo del Ecuador es el depositario del poder constituyente. En ejercidio de dicho poder, se puede convocar a una consulta popular que decida sobre la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente corresponderá al Presidente de la República, al Congreso Nacional con el voto de al menos dos terceras partes de sus integrantes; o a un número de ciudadanos equivalente al uno por ciento de inscritos en el padrón electoral nacional. La Ley regulará los procedimientos de elección y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.

Y el tercer inciso del art. 209, sobre la integración del TSE:

“Se integrará con siete vocales principales y sus respectivos suplentes en represntación de la ciudadanía, la misma que, presentará al Tribunal Constitucional las ternas de las que se elegirán los respectivos vocales, con la finalidad de que dicho organismo realice las designaciones. La Ley normará el procedimiento de conformación de ternas y elección de los vocales.”

Este texto fue presentado el 2 de enero de 2006 para conocimiento del Congreso. Ha pasado más de un año y después del 3 de mayo el presidente puede consultar sin pasar por el Congreso, como lo explica Galo Chiriboga.

Su extracto fue publicado en el Registro Oficial No. 185 de 11 de enero de 2006.

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Desde antes de asumir el gobierno, Rafael Correa ha tenido un duro aterrizaje en la real politik: aunque sigue siendo impopular, el Congreso conserva su espacio de poder y eso le ha obligado a iniciar conversaciones con los bloques más afines a la propuesta de Asamblea.

El gobierno ha mantenido la tesis de las coincidencias afortunadas: que si el Contralor resulta gutierrista y justo, de coincidencia, ese partido da los votos para hacer realidad la Asamblea, es pura coincidencia. Si mañana algunos diputados pro-asamblea tienen cuotas de poder en sus provincias (tenencias políticas, gerentes de empresas provinciales, etc.) será, asimismo, fruto de la casualidad. Eso sí, quien dude del discurso del gobierno es agorero o infiltrado.

No nos engañemos, si los partidos han facilitado el camino a la consulta y Asamblea no ha sido  de gratis.

El presidente Correa ha justificado las concesiones a la partidocracia diciendo que ha buscado lograr los objetivos (consulta, Asamblea, nueva constitución) al menor costo posible. Esperemos que esa economía del desgaste político no resulte al final del día más caro a través de ceder a la partidocracia el control de la Asamblea.

 
¿Una asamblea de partidos o de ciudadanos?

 
Correa puede elegir pelearse con los partidos –maximizando el costo político, en su jerga de economista- o aceptar ceder ciertos detalles, convirtiéndose en el nuevo Fabián Alarcón. El presidente debe recordar que el objetivo no es hacer una Asamblea Constituyente por hacerla, sino crear una entidad de plenos poderes donde la ciudadanía establezca reglas claras para que ninguna casta política (nueva o reencauchada, con membrete de partido o de movimiento, etc.) utilice el poder político para su beneficio particular sometiendo a la mayoría de ciudadanos.

El gobierno no puede ceder en ciertos puntos de la convocatoria a consulta, pero principalmente no puede renunciar a aprobar la Asamblea a través de consulta popular. Otro camino (reforma elaborada por el Congreso) puede ser económica en términos monetarios pero producirá un ente a imagen y semejanza del legislativo.

Algunos puntos en los que Correa no puede ceder:

• Que la Asamblea tenga plenos poderes, pero en serio, no sólo para reformar la Constitución sino para reorganizar los poderes constituidos, cambiar los actos que éstos emitan y hasta, de ser el caso, dictar un nuevo estatuto electoral y organizar un nuevo tribunal electoral, para asegurar que el referéndum aprobatorio de la nueva constitución no sea alterado.
• Que sea requisito la recolección de firmas. Sea 1% del padrón o la mitad. Pero es necesario un límite de firmas para evitar que la dispersión de movimientos ciudadanos los vuelva invisibles, dejando en el juego sólo a los partidos.
• Cambiar el método de asignación de escaños. El estatuto de la consulta ahora prevé un método proporcional de asignar escaños. Debe precisarse cuál método proporcional (webster, imperiali, d’Hondt, Rojas, etc.) ha de usarse. Personalmente, sugiero analizar un método mayoritario de asignación, dentro de sub-distritos, donde, por ejemplo, la población de Guayas sea dividida en 18 sub-distritos del mismo número de votantes, donde el más votado en cada uno gana la elección. O puede haber 9 sub-distritos que asignen 2 escaños cada uno. Así en cada provincia.
• Que se cumpla el requisito de presentar declaraciones de bienes previo a la posesión. Por cierto, los diputados también deben cumplir este requisito, ¿lo habrán hecho?
• Que se prolongue el período de la Constituyente. El estatuto actual establece una duración de 6 meses, que puede aumentarse a 8 meses. La anterior Asamblea inició actividades a fines de diciembre de 1997 y terminó el 5 de junio de 1998, vencido su plazo establecido en aquella consulta. Los más de 6 meses no alcanzaron para que esa Asamblea trabaje a profundidad como lo reconoció el mismo Osvaldo Hurtado: se demoraron en hacer una maravillosa parte dogmática pero no avanzaron a componer la parte orgánica –donde está el corazón del sistema político.
• Debe ser fundamental que trabajen sobre la base de un borrador. Aquel que se encargó al Conesup debe nacer de una Comisión de altísimo nivel (académico y ético), no de un grupo de rectores donde hay de todo, desde sabios hasta sapos.           

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Una contribución de Osvaldo Hurtado*

…

Desde cuando se presentó la idea de reunir una Asamblea Constituyente, hasta el día en que fue aprobada su convocatoria, expresé una opinión contraria. Incluso pedí no votar a favor en la consulta Popular. Razoné diciendo que las reformas constitucionales podía hacerlas el Congreso Nacional en ejercicio o el que fuera elegido para sucederle, y expresé mi preocupación por los graves riesgos políticos que correría el Ecuador si llegaba a reunirse un órgano de aquella naturaleza, porque cualquiera fuera su denominación inevitablemente se convertiría en Constituyente, en cuyo caso demandaría la plenitud de un poder en ejercicio del cual bien podía disolver el Congreso o reemplazar al Presidente Interino, lo que traería consigo un conflicto de poderes que agudizaría la crónica inestabilidad política que sufría el país, responsable de las recurrentes crisis económicas y de sus costosas secuelas sociales.

He escuchado en las últimas semanas a varios líderes políticos decir que no estuvieron de acuerdo con la reunión de la Asamblea Constituyente, reserva expresada aun por el primero que la sugirió (se refiere a León Febres Cordero, nota del bloguero). Lamentablemente no lo dijeron oportunamente, cuando el país necesitaba escuchar sus orientadoras voces. Quizás porque resultaba impopular decirlo en un momento en el cual, según las encuestas, más de las dos terceras partes de los ciudadanos apoyaban la Constituyente, cifra que se confirmaría en las urnas el día de las votaciones. De un tiempo acá las encuestas están provocando un efecto esterilizador de la actividad política. Su obsesivo uso lleva a los líderes a dejar de ser tales, esto es los orientadores y conductores de una opinión pública, a la que en ciertos casos están obligados a contradecir, para convertirse en mecánicos seguidores de sus volátiles tendencias, en ocasiones contrarias a los intereses nacionales.

Los movimientos sociales y los pueblos indígenas fueron los más entusiastas promotores de la Constituyente. Representados en el Congreso Nacional por Pachakutik y los partidos de izquierda, al producirse la destitución de Abdalá Bucaram exigieron convocarla a quien sería su sucesor, compromiso que fue asumido por Fabián Alarcón y suscrito por los diputados que lo nombraron. Pero instalado en Carondelet, el Presidente Interino la difirió hasta la Consulta Popular de mayo de 1997, en la que incluyó una pregunta sobre si debía reunirse una Asamblea Nacional para que reformara la Constitución. En este proceso, paulatinamente, la Asamblea dejó de ser Constituyente, pasó a ser Constitucional y terminó denominándose Nacional.

Una segunda pregunta solicitaba el pronunciamiento popular sobre si la Asamblea Nacional debía integrarse con representantes elegidos directamente por el voto de los ciudadanos o mediante una fórmula mixta, en la que una parte de los representantes fuera el fruto de elecciones indirectas realizadas por las organizaciones sociales. El resultado negativo obtenido por esta segunda opción desalentó a la llamada sociedad civil, al ver reducida la posibilidad de multiplicar su representación no sometiéndose al escrutinio directo de los electores.

Queda por responder una pregunta. ¿Por qué el pueblo se pronunció masivamente por la convocatoria a una Asamblea Nacional? ¿Acaso pensó que una reforma constitucional era el elemento que le permitiría salir de la pobreza?

Es posible que muchos no hayan advertido la relación existente entre los problemas de gobernabilidad del sistema democrático y sus bajos rendimientos económicos y sociales. Pero sí que un órgano distinto a lo que es el Congreso Nacional – en el que los ciudadanos ubican los peores vicios de la política ecuatoriana- pueda encontrar una respuesta a los problemas y frustraciones populares.

* Extracto del artículo “En los orígenes de la Asamblea Constituyente” publicada en El Comercio, el 16 de mayo de 1998. Se refiere, lógicamente, a la Asamblea que trabajó en ese año.

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Una conocida broma en el mundo de los abogados calza perfectamente para la situación de la Asamblea Constituyente.

Así es, en las últimas semanas hemos escuchado todo tipo de comentarios, opiniones y análisis jurídicos sobre si la Asamblea Constituyente puede ir o no. Y es que tantas han sido las posiciones y de tan diversos sectores, que cuando se las escucha ya no convencen, por si mismas, sino solo en virtud de si la Asamblea nos parece buena o mala idea, o pero aún, si esta es auspiciada o refutada por el político de nuestra preferencia ideológica o pragmática.

Hay posiciones para todos los gustos pues, y así tenemos desde las que dicen que no hace falta ni consultar al pueblo, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé el derecho a la rebelión contra la tiranía, no en uno de sus artículos, sino como uno de los fines mismos este instrumento internacional de derecho; también está la que sustenta que la consulta implica que el poder que se otorgue a la Asamblea será de plenos poderes, puesto que sería ridículo dar capacidad de modificar una Constitución, y jugar bajo sus reglas, siendo que se las quiere cambiar, esto según la doctrina del Derecho Constitucional; otros dicen que no es así, y que la Constitución solo debe ser modificada en su parte orgánica únicamente y no dogmática, por lo que las atribuciones de la Asamblea deben estar en una agenda, para que así los asambleístas cumplan sus funciones eficientemente; inclusive hay quienes dicen que no hace falta Asamblea y que las reformas deben ser hechas por el Congreso, ya que éste tiene esta prerrogativa en la Constitución actual.

En cuanto a la forma de llamarse a la misma, hay quienes dicen que el pedido del Presidente debe pasar por el Congreso, pues la Constitución actual manda que en temas de reforma constitucional toda consulta debe pasar por el Congreso, según en Art. 104 número 1, en concordancia con el 283, puesto que en el fondo lo que se busca es cambiar la Constitución, e implicaría la presentación de un texto constitucional previamente elaborado; mientras que otros dicen que amparados en el Art. 104 número 2, el Presidente puede llamar a esta consulta porque ésta no modifica por si misma la Constitución, y además es un asunto de trascendental importancia.

Estos son a muy breves rasgos las posiciones jurídicas que se ha dado a lo largo de esta discusión que ya tiene algunos meses.

Lastimosamente esta multiplicidad de criterios no enriquece el pensamiento jurídico del país, y más bien no beneficia en nada a la conformación de un criterio jurídico básico en el pueblo, que permita entender los beneficios que la Asamblea podría traer, por lo que parecería que más que juristas son partes en conflicto, ya que están abogando por intereses de otros, y no siendo jueces de nuestro destino.

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