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La Asamblea aprobó un mandato (van 9 y contando) por el cual se permite al Fondo de Solidaridad utilizar sus recursos para capitalizar las compañías de electricidad y telefonía en las que es accionista para permitirles realizar inversiones en dichas áreas.

La historia básicamente es la siguiente: el Fondo de Solidaridad está instituido en la Constitución actual (art. 249 y siguientes), pero en ese texto se señala que sólo se puede usar los rendimientos (las utilidades) de sus recursos, no los recursos como tal. Este artículo fue interpretado por el TC en el sentido de que las acciones del Fondo de Solidaridad no pueden venderse, deteniendo el último intento de privatización de las empresas eléctricas y telefónicas, llevado a cabo en la administración de Gustavo Noboa.

Como el artículo de la Constitución actual impide al Fondo utilizar sus recursos, éstos están depositados en fondos de inversión, cuentas y otros instrumentos financieros y los intereses son utilizados para obras sociales inconexas, pensiones jubilares y otros. El objeto del presente mandato es utilizar los recursos -activos- del Fondo para invertirlos en las empresas a través de aumentos de capital.

Yo consideraba que, desde hace mucho tiempo, el Fondo podía “fondear” proyectos eléctricos y de telecomunicaciones a través de una figura relativamente simple: que las empresas operadoras titularicen el proyecto y que el Fondo invierta en esa titularización. Pero nunca se llevó a cabo esta idea.

Ahora, con la Constituyente a mano, hicieron un mandato que -de facto- reforma el artículo 249 y el 250 de la Constitución actual (o, al menos, los reinterpreta de un modo distinto a como lo interpretó en su momento el Tribunal Constitucional).

Un efecto colateral del mandato será que los municipios y otros accionistas secundarios tendrán menos injerencia en el funcionamiento de las eléctricas.

Me explico: a diferencia de las empresas telefónicas (Andina y Pacifictel), el Fondo NO tiene el 100% de las acciones en las distintas compañías provinciales de distribución de energía. Así, por ejemplo, en la EEQ (Empresa Eléctrica Quito, SA), el Fondo de Solidaridad tiene la mayoría de acciones, pero también son accionistas: El Municipio de Quito, el Consejo Provincial de Pichincha, el de Napo y la Cámara de Industriales. En la eléctrica de Manabí participan varios municipios manabitas, etc. Como el mandato permite que el Fondo realice aportes de capital, su porcentaje de acciones aumentará. A menos que los accionistas minoritarios también aporten capital en la misma proporción, el aumento de capital que realice el Fondo le permitirá tener un mayor porcentaje de acciones.

Actualmente y en muchos casos, el Fondo de Solidaridad tiene más del 50% de acciones, por lo que puede tomar decisiones con libertad, pero en ciertos casos tiene menos de la mitad, necesitando del voto de otros accionistas para remover administradores, implantar organigramas o decidir otras cuestiones de la compañía. Cuando el Fondo de Solidaridad sea el accionista mayoritario en TODAS las compañías, podrá decidir fusionarlas para crear un gran ente eléctrico.

Si: de nuevo Inecel

(no encontré un logo de esa compañía, así que hice uno).

INECEL fue creada en el anterior gobierno revolucionario y nacionalista (Rodríguez Lara, 1972-1976) y se eliminó en 1996 con la actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico. INECEL terminó su vida “real” y pasó sus generadoras, transmisoras y oficinas a un montón de compañías eléctricas menores (una suerte de baby-ineceles). El modelo económico del sector eléctrico es demasiado absurdo como para explicarlo ahora, pero en resumen las generadoras baby-ineceles han ganado plata, tanto como la empresa transmisora (la dueña del famoso “sistema nacional interconectado”) mientras las distribuidoras provinciales (que han existido desde antes de 1996) pierden casi-de-ley.
El gobierno de Correa ha reciclado varios de los técnicos de Inecel en el nuevo Ministerio de Electricidad, pero la razón para revivir a esta empresa pública es fundamentalmente el modelo de negocios que Correa quiere para los sectores que se han dado en llamar “estratégicos”:

• No privatizar las empresas públicas.
• Transformar las empresas públicas de “sociedades anónimas” a “entidades de derecho público”.
• Cambiar las reglas de contratación pública para que el sector público sea más expedito en su accionar.
• Dotar a las empresas públicas de capital suficiente para invertir.
• Establecer una administración tecnocrática de las empresas.
• Agregar las compañías provinciales/regionales en una sola entidad pública de carácter nacional.
• Hacer un logo bonito para la empresa pública global y lanzar una campaña publicitaria para posicionar esa marca (este es un poroto dedicado a Vinicio).

En el largo plazo, este proceso de agregación también se vivirá en las empresas telefónicas (Jorge Glas, el duro del Fondo de Solidaridad ya ha anunciado eso, pero a esta hora es difícil buscar en mi delicious). Así, uniendo a Andina, Pacific y Alegro, renacerá la famosa Emetel:

Como se ve en el logo, de hecho, ni Emetel ni Inecel han dejado de existir: hoy son pequeños escritorios en el Fondo de Solidaridad esperando que acaben juicios laborales para extinguir completamente sus obligaciones.

Miedito, anyone?

Via: El Telégrafo

Sala de Prensa de Asamblea

Texto del Mandato 9

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Esta entrada fue publicada el Martes, 13 de Mayo de 2008 a las 23:13 en la categoría General, Asamblea Constituyente, Medio Ambiente, Economía, Gobierno, Energía, Industrias, Competitividad, Reforma Política, Productividad, Tecnología, Políticos, Estatuto Asamblea, Visión País, Política, Historia. Puedes sindicarte a esta entrada mediante el siguiente hilo RSS 2.0. Puedes comentar o hacer trackback desde tu blog.