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1. Gustavo Noboa

El ex presidente Gustavo Noboa afrontó dos juicios penales iniciados por León Febres Cordero cuando Noboa dejó la presidencia. En una de las pocas asistencias de Febres Cordero al Congreso elegido para 2003-2007, el líder socialcristiano atacó la forma cómo se renegoció la deuda externa y cómo se usó el saldo de bonos resultado de tal negociación para apuntalar la solvencia de dos bancos que estaban en manos del Estado: Filanbanco y Banco Pacífico. Producto de tales denuncias, se dictó órden de prisión preventiva en contra de Gustavo Noboa, quien pidió asilo en República Dominicana y, tras la concesión del asilo, vivió varias semanas en la residencia del Embajador dominicano hasta que Lucio Gutiérrez le otorgara el salvoconducto para salir del país.

El primer juicio de Noboa era por la renegociación de la deuda. Tal renegociación se había producido después de una cesación de pagos implementada por Jamil Mahuad en medio de una masiva crisis económica y moral. En este juicio, el Presidente de la “Corte Ideal”, Jaime Velasco, levantó la orden de prisión contra Noboa y todos los demás sindicados. Además, se archivó el proceso por falta de indicios de que hubiere delito: la Contraloría y la Fiscalía indagaron la negociación y no encontraron delito.

El segundo juicio de Noboa se trata del “reciclaje” de bonos para pagar a la firma asesora en la renegociación y para reflotar a los estatales Banco Pacífico y Filanbanco. En este juicio, Jaime Velasco levantó la orden de prisión contra Noboa y otros, pero sindicó al ex presidente como “encubridor” del presunto delito.

La libertad de Noboa fue un ícono de la liberación de la Justicia de la dominación socialcristiana, razón por la cual, el independiente Jaime Velasco casi llora al leer la providencia:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0SOuf6htI0w]

Este supuesto delito consiste en que, el decreto ejecutivo que crea los bonos renegociados dice que tales bonos sólo se usaran para cambiarlos por los bonos Brady que Mahuad dejó que caigan en default. El equipo económico de Noboa no se limitó a cambiar bonos nuevos por viejos, sino que usó parte de dichos bonos nuevos para evitar la quiebra de un banco estatal (Pacífico) y para prolongar la agonía de otro banco (Filanbanco). Con la amnistía otorgada, se borra este juicio -en el que se presume había fuertes violaciones al debido proceso- y tanto Noboa (que firmó el Decreto) como su equipo renegociador (quienes hicieron más de lo permitido en tal Decreto) quedan libres de toda culpa en el tema “uso extra de bonos”.

La amnistía no implica aprobación sobre la calidad o conveniencia de la renegociación de deuda externa.

Página de Gustavo Noboa sobre las acusaciones y solicitando amnistía
Entrevista de El Universo a Gustavo Noboa

Explicación de Alberto Acosta de su negativa a la amnistía

Artículos de opinión:

• Enrique Valle
• Diego Araujo Sánchez
• Carlos Jijón
• Federico Chiriboga
• Joffre Campaña (abogado de Noboa)
• Pepe Laso
• Walter Spurrier
• Rolando Panchana

2. Wilma Salgado

Wilma Salgado fue nombrada Gerenta de la AGD como cuota de Pachakutik en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Salgado buscó para la AGD a un agente de cobro. Entre las propuestas recibidas, varios bancos ofrecían cobrar la cartera de la AGD a cambio de porcentajes que llegaban al 50% de lo cobrado. Otra propuesta, de Bolívar González, ofrecía cobrar como honorario profesional el 2% de lo cobrado. Bajo consejo del Ab. González, la AGD notificó por la prensa a todos sus deudores, salida jurídica cuestionada pero que impidió la prescripción de los juicios de cobro y cuyos efectos han sido respetados por las siguientes administraciones de la AGD.

González cobró su porcentaje en efectivo, calculado sobre la base de lo recuperado (no todo se recuperó en efectivo: algunos deudores pagaron con inmuebles y otros bienes). Dice Wilma Salgado que el origen de la acusación está en no haber seguido la Ley de Contratación Pública y no haber pagado primero a todos los depositantes antes de pagar al abogado.

Wilma Salgado fue destituida de la AGD por el entonces Ministro de Economía, Mauricio Pozo. En 2004, fue candidata a Prefecta de Pichincha en binomio con Rodrigo Paz, quien corrió para la Alcaldía de Quito, por la alianza Mov. Quito en Acción-Partido Socialista. En 2006, fue candidata a Parlamentaria Andina por la Alianza M. Pais-Partido Socialista. Alcanzó un escaño y mientras ejerce tal cargo, apareció una orden de prisión que la mantuvo por varios meses en Lima (sede del Parlamento Andino) y después, en la Residencia Universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito.

Página de Wilma Salgado en que expone su caso

Noticia en Diario El Universo

Texto de la amnistía
Artículos de opinión:

• Erika Charvet
• Nicolás Infante

3. Luis Villacís

Luis Villacís fue designado Gerente de la AGD por Gustavo Noboa. En tal calidad, recibió la disposición del Directorio de la AGD de permitir la fusión entre los bancos Filan y Previsora. Tal fusión le acarreó un juicio penal con orden de prisión. Relata la página de la Asamblea:

Sobre Luís Villacís también ex gerente de la AGD fue acusado penalmente por enriquecimiento ilícito dentro del proceso de fusión de los bancos Filabanco y la Previsora, donde se contó con los informes favorables de las instituciones financieras previstas para ello, cumpliendo no una decisión del Directorio en la que Villacís no tenía voto, si no solo la obligación de cumplir.

 

Ante esto se resuelve otorgar la amnistía a Luis Villacís por la evidente persecución política y se ordena el archivo definitivo de todos los procesos judiciales penales, que se hubieren iniciado o se encuentren sustanciándose en contra de Luís Villacís Guillén, relacionados con su gestión en calidad de Gerente de la AGD.

 

López manifiesta que la fusión de estos bancos no se da en decisión unilateral, pues quien tomo la decisión amparado en al ley fue el directorio, “por ello pido que esta noche se haga justicia por los tres ex gerentes por considerados perseguidos por los grupos económicos”, señaló López.

 

El pleno de la Asamblea concede amnistía para Villacís con 68 votos a favorables

Noticia: Prisión en Miami de Luis Villacís

4. Carlos Arboleda

El Ing. Carlos Arboleda ayudó a formar el Partido Sociedad Patriótica. Fue designado Ministro de Energía de Lucio Gutiérrez y luego, Gerente de la AGD en reemplazo de Wilma Salgado. Existe rumores de que Arboleda “hacía aparecer” documentos de cobro para amedrentar a periodistas y opositores al régimen gutierrista. Según versiones, también “hacía desaparecer” documentos a cambio de sumas de dinero.

Arboleda contrató al abogado Jorge Arturo Sotomayor al cancelarle un honorario superior a 3 millones de dólares por actuar en varios juicios de la AGD, sin que su gestión mereciera tal honorario (en un juicio, se limitó a presentar un escrito señalando casilla judicial).

Arboleda fue detenido y pasó 2 años y medio en la Penitenciaría del Litoral. Lucio Gutiérrez actualmente lo rechaza por haber traicionado a su partido.

La amnistía de Arboleda se basa en el mismo argumento de Wilma Salgado, pues ambos contrataron a abogados para la AGD en condiciones similares.

Noticia: Libertad de Carlos Arboleda

Otra noticia de la liberación de Arboleda

5. Carlos Simbaña

El Ing. Carlos Simbaña fue acusado por el diputado “denunciólogo” Carlos González de peculado. Actualmente está detenido sin sentencia y padece una enfermedad terminal. Martha Roldós, que ha estudiado el caso, dice que no hubo tal peculado y que la prisión obedece a una persecución del ex diputado de la ID:

El ingeniero Carlos Simbaña según resolución de la Comisión de Fiscalización del 2001 presidida por Diputado Carlos González de la Izquierda Democrática determinó el inicio de una acusación por peculado.

Acusación que permitió determinar la persecución política y manipulación a la justicia según lo señala el informe seguido a esta causa. Simbaña actualmente se encuentra enfermo de cáncer terminal e insuficiencia renal terminal.

Por tanto se resuelve conferir amnistía general en favor de Carlos Simbaña Romero y en consecuencia se extinguen todas las causas y acciones penales, relacionadas con el contrato del Edificio de Correos, suscrito el 19 de junio de 1981 y se ordena el archivo definitivo de todos los procesos judiciales en contra de Simbaña.

Sobre Simbaña, la asambleísta Martha Roldós que este ingeniero civil manabita fue perseguido por un político, “sus hijas me dijeron un día, que la justicia no ha jugado a su favor porque su padre no era un hombre famoso, porque no era un político renombrado y de paso esta quebrado, ‘nos condenaron, apelaron, esto se convirtió en un desgracia personal’, yo quería pedirles que no solamente le demos oídos a los grandes políticos si no que le demos voz a quienes han sido víctimas del poder en este país”. Señaló Roldós.

Jaime Ruíz dijo que este es un proceso donde Simbaña y la comunidad de Tanda han venido luchando de manera permanente, “pero aquí existe la actuación delincuencial de algunos políticos que destruyeron la Función Legislativa, manifestó Ruíz.

 El pleno de la Asamblea decide otorgarle la amnistía para Simbaña con 86 votos favorables.

6. Manifestantes de Vinces

Según Pedro de la Cruz, cerca de 2 mil personas protestaron contra el Alcalde de Vínces (Los Ríos) contra el Alcalde Iván Ludeña y para amedrentarlos, el alcalde inició acciones por terrorismo contra 16 ciudadanos, líderes de las protestas.

Gisel Rosado (PRIAN) afirma que la protesta exigía transparencia en la gestión municipal, de la que estaba medrando el hoy ex alcalde Ludeña:

Por esta razón la resolución es la de otorgar amnistía general a todas las personas detenidas, indiciadas, acusadas, bajo investigación o por investigación o por investigarse por las causas o los hechos violentos ocurridos durante las protestas del 1 al 5 de febrero en los alrededores de la Municipalidad del Cantón Vinces de la provincia de los Ríos y se ordena el archivo definitivo de todos los procesos penales que se hubiesen iniciado o desarrollado por la causa antes mencionada.

La amnistía beneficia a 16 ciudadanos vinceños.

Boletín de la Asamblea sobre las amnistías

7. Indultos a mulas del narcotráfico

Actualmente, la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas sanciona con la misma gravedad a los narcotraficantes como a los correos de tal actividad. Por ello, los sentenciados como “mulas” reciben penas con mucho más altas a la gravedad de su falta. Se otorgó indulto general a todos quienes cumplan estos requisitos:

• Que estén sentenciados por transporte o tráfico de droga
• Que tengan sentencia condenatoria en firme
• Que no hayan sido reincidentes en la misma falta
• Que hayan cumplido al menos el 50% de su pena

Por primera vez, el indulto no menciona nombres de los beneficiados. Cada sentenciado deberá pedir al juez correspondiente libertad con base en tal indulto. El Ministerio de Justicia proveerá abogados gratis a los beneficiarios de la medida.
Este indulto no cambia la actual ley: nuevas mulas recibirán penas igual de desproporcionadas.

Boletín de la Asamblea sobre el indulto

Noticia en Diario El Telégrafo

Editorial de Diario El Telégrafo

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Este fin de semana, el Presidente Correa fue particularmente duro con la forma como se avanza el trabajo en la AGD:

Contaba Correa que la semana pasada, como estaba con orzuelo en el ojo izquierdo, no fue a dejar a sus hijos al colegio, por lo que trabajó desde temprano. Encontró que un grupo de gente protestaba en la Plaza Grande: los perjudicados por el Fondo Solidez, del Banco Popular.

Legalmente, esos perjudicados no están cubiertos por la garantía de la AGD, porque el Fondo Solidez “ha sabido estar” en un paraíso fiscal, sin embargo, Correa los invitó a una reunión que él tenía en la AGD para controlar cómo iba la liquidación de los bancos cerrados. En la reunión, funcionarios de la AGD explicaron todas las razones para no devolver los depósitos a los perjudicados del Solidez (irónico nombre). Correa dijo que, leguleyadas aparte, encuentren un mecanismo legal para pagarles, puesto que el Banco Popular tiene suficientes activos como para hacerse cargo de ese pasivo y aún así tener para devolverle al Estado lo que éste ha gastado en la garantía de sus depósitos. El razonamiento fundamental: si los depositantes no sabían que estaban depositando en el exterior, cómo se les puede excluir de la garantía de depósito? aún si hubiesen sabido que el fondo estaba -en papeles- en el exterior, ellos depositaban en las agencias del banco en Ecuador.

Correa se sorprendió por la paciencia de estos perjudicados. Contó que él estuvo en el exterior en los años del salvataje bancario, pero si a él le hubiesen congelado y retenido fondos, él hubiera sido mucho más radical:

“Yo hubiera cogido una ametralladora y los mataba a todos esos banqueros…”

Ahora sabe cómo me siento cuando el IESS juega ping-pong conmigo.

Pero mi sorpresa vino después, porque contó que en esa reunión se enteró de lo siguiente: el gerente encargado de la AGD, Osvaldo Padilla, había estado tercerizado intermediado trabajando para la AGD. Su sueldo: $4.000, cuando salió el Mandato Laboral, Padilla había ordenado que lo asuma como trabajador uno de los bancos a cargo de la AGD (no la AGD directamente). ¿Para qué? Pues la semana siguiente el propio Padilla ordenó que vayan a liquidación varios bancos en saneamiento, incluyendo el banco que le contrató como empleado. El resultado: Como el mandato reconocía una estabilidad laboral de 1 año para los ex tercerizados intermediados, ¡recibió $60.000 por despido intempestivo!

Y ese burócrata dorado era el que buscaba argumentos para no pagarle su plata a los depositantes del Fondo Solidez. Creo que la ex gerenta de la AGD, Gloria Sabando, debe estar con semáforo amarillo, pues ella recomendó a Padilla para que la reemplace en la AGD, cuando ella se fue a la Superintendencia de Bancos, y eso sin hablar del salvataje de Mutualista Benalcázar, en el que se repartió la carne a un banco privado y el hueso a un banco público.

Como es de esperarse, el affair Padilla no se resolverá mediante ametralladora:

“Hay que mandarlo al tarro por pillo…”

Como estos funcionarios son expertos en llevarse recursos del Estado, seguramente lo hicieron con tal precisión quirúrgica que -en papeles- debe estar todo legal. Ojalá encuentren la forma cómo hacerle devolver al señor Padilla todo lo que él ordenó hacerse entregar, mediante alguna forma legal, como puede ser:

• Lesividad del acto que ordenó incorporalo a la nómina del banco cerrado,
• Que el contrato con el banco cerrado sea considerado una nueva intermediación (Padilla, después de todo, no trabajaba para el banco sino para la AGD) y por tanto se ordene que lo asuma directamente la AGD, una vez ahí, hacerle un sumario administrativo y sacarlo,
• Juicio por peculado…

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1. Artículos aprobados

Esta semana fueron aprobados 33 artículos. Voy a explicarlos en detalle y demostrar que es falso que no hayan sido debatidos suficientemente.

Los artículos aprobados el martes son:

2	24 artículos (2 transitorias)	Martes, 24 de Junio de 2008	Organización Social y Participación en Democracia
1	1 artículo	Martes, 24 de Junio de 2008	Derechos Civiles
1	1 artículo	Martes, 24 de Junio de 2008	Debido Proceso y Justicia sin Dilaciones
1	7 artículos (1 transitorias)	Martes, 24 de Junio de 2008	Derechos Políticos

Resumen de cada artículo, con links sobre debates ocurridos en la sociedad:
Organización Social y Participación en Democracia

Art. 1.- Ciudadanos tienen derecho a participar en la democracia bajo principios de:igualdad, autonomía, deliberación, respeto, control, solidaridad, interculturalidad.

Art. 2.- Se reconoce toda forma de organización social.

Art. 3.- Se permite la mediación y otras formas de solución alternativa de conflictos en las organizaciones.

Art. 4.- Derecho a la resistencia.

Art. 5.-La acción ciudadana se presenta ante el Defensor del Pueblo.

Art. 6.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación social, para hacer presupuestos participativos, entre otros.

Art. 7.- Silla vacía en entes seccionales.

Art. 8.- Migrantes también participan de acuerdo a la ley.

Art. 9.- Ciudadanos pueden presentar proyectos de ley.

Art. 10.- Reglas para Consulta Popular.

Art. 11.- Revocatoria: incluye al Presidente.

Art. 12.- Revocatoria del mandato. Reglas.

Art. 13.- Revocatoria: mayoría requerida.

Art. 14.- Revocatoria: de dónde sale el presupuesto.

Art. 15.- Partidos y movimientos: Naturaleza y fines.

Art. 16.- Financiamiento de los partidos.

Art. 17.- El movimiento que en 2 elecciones obtuviere el 5% de votos, adquiere iguales derechos y  obligaciones que los partidos.

Art. 18.- Partidos tienen derecho a la oposición política.

Art. 19.- Partidos pueden lanzar candidatos. Movimientos necesitan recoger firmas para lanzar candidatos.

Art. 20.- Prohibiciones para ser candidato: Contratistas con el Estado, enjuiciados por peculado, violencia intrafamiliar y otros, funcionarios públicos, militares, etc.

Art. 21.- Reelección por una sola vez.

Art. 22.- Propaganda electoral con recursos públicos. No se permite contratar publicidad directamente a los partidos. Se prohíbe la publicidad estatal en tiempos de campaña.

Art. 23.- Principios para elecciones pluripersonales: proporcionalidad, igualdad del voto, equidad, paridad y alternabilidad de género.

Art. 24.- No puede cambiarse la ley electoral un año antes de las elecciones. Si se necesita una ley, la Función Electoral puede enviar un proyecto de ley urgente.

Derechos Civiles

Art. 25.- Ciudadanos tienen derecho:

• a la vida.
• a la integridad personal.
• a la igualdad formal, igualdad real y no discriminación.
• a la libertad.
• a la libertad de opinión y expresión del pensamiento.
• a la libertad de Conciencia y de religión.
• a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual.
• a decidir cuando y cuantos hijos/as tener.
• a guardar reserva sobre sus convicciones.
• a la objeción de conciencia.
• a la libertad de asociación y reunión. No hay afiliación obligatoria.
• a la libertad de Circulación por el Territorio Nacional.
• a la libertad de iniciativa económica.
• a la libertad de contratación.
• al libre desarrollo de la personalidad.
• a la Libertad de trabajo.
• al honor.
• a la protección de datos de carácter personal.
• a la intimidad personal y familiar.
• a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual.
• a la inviolabilidad de domicilio.
• a dirigir quejas, peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir respuestas.
• de acceso a la Justicia.
• a participar en la vida cultural de la comunidad.
• a la Comunicación.
• a disponer de Bienes y Servicios.
• a la propiedad.
• a vivir en un ambiente sano.
• a la calidad de vida digna.
• a la seguridad jurídica.
•  a la alimentación.
• a la identidad personal y colectiva.

Debido proceso

Art. 26.- Garantías del debido proceso:

• Toda persona es inocente hasta que no sea declarado culpable.
• Nadie podrá ser juzgado por un acto que al momento de cometerse no esté tipificado como infracción.
• En caso de conflicto entre dos leyes, se aplicará la menos rigurosa.
• Debe haber proporcionalidad entre infracciones y sanciones.
• La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente.
• Toda persona, al ser detenida, tendrá derecho a conocer en forma clara las razones de su detención, la identidad del juez, de los agentes que la ejecutan y de los responsables del interrogatorio. Al momento de detención, se debe informar: el derecho a permanecer en silencio, a solicitar un abogado y a comunicarse con un familiar.
• Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ninguna etapa o grado del respectivo proceso.
• Nadie podrá ser incomunicado.
• El derecho a la defensa comprende:Ser informado de las acciones en su contra, Contar con el tiempo y los medios adecuados para su defensa, Acogerse al derecho al silencio, etc.
• La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses (delitos sancionados con prisión), ni de un año, (delitos sancionados con reclusión).
• Nadie podrá ser juzgado más de una vez.
• Los jueces deben priorizar medidas alternativas a la cárcel.
• Ninguna persona ingresa a cárcel sin orden escrita del juez, salvo delito flagrante.
• Se debe separar los centros de privación provisional de las cárceles.
• Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente.
• Las acciones y penas por delitos de lesa humanidad, tortura, tráfico de órganos, agresión sexual o muerte de menores no prescriben. Tampoco se pueden amnistiar.
• Programa de protección de testigos.
• Las resoluciones de los poderes públicos, deberán ser motivadas.
• No hay extradición de ecuatorianos.

DERECHOS POLÍTICOS

Art. 27.- Son derechos políticos:

1. A elegir y ser elegidos.
2. A participar en los asuntos de interés público.
3. A presentar proyectos de iniciativa popular normativa.
4. A ser consultados/as en los casos previstos en la Constitución.
5. A fiscalizar los actos de los órganos del poder público.
6. A revocar el mandato que confieran a los dignatarios y dignatarias de elección popular.
7. A desempeñar empleos y funciones públicas en base a los méritos y capacidades.
8. A conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse.

Art. 28.- Derecho al voto: obligatorio en general, facultativo para mayores de 16,(adolescentes),  tercera edad, discapacitados y militares y policías.
Art. 29.- Migrantes tienen derecho al voto.

Art. 30.- Extranjeros con 5 años en el país, pueden votar.

Art. 31.- Derechos políticos se suspenden por: Interdicción judicial, prisión con sentencia y otros casos.

Art. 32.- Derecho de asilo y refugio.

Art. 33.- Paridad de género.

Tras esta explicación, viendo cuándo y cuánto se ha discutido sobre estos temas ¿estamos seguros que los artículos se han aprobado sin discusión, sin debate, al vuelo, a la brava.?

2. El Buró no es perfecto

Hemos llegado a conocer que en el socialismo “del siglo XXI” el partido está en una jerarquía superior a los órganos estatales, como en cualquier otro socialismo realmente existente. En nuestro caso, el partido toma sus decisiones a través del Buró político. En este artículo de prensa, se cita a Rolando Panchana defender a la decisión del buró (de no extender el plazo más allá de lo que señala el Estatuto) diciendo:

“el buró es el mismo que llevó a Rafael Correa a la Presidencia y tomó la decisión sobre los candidatos a la Asamblea. No creo que en eso haya algo extraño”

Si el buró fue quien armó la lista de candidatos a asambleístas, el buró no es perfecto. Aquí una pequeña muestra de errores en la lista armada:

• Mónica Patricia Chuji: Elegida por la 35, pero ha defendido las tesis de la 18: consentimiento previo obligatorio, plurinacionalidad, el agua como derecho,…
• Rossana Queirolo: Ha dicho públicamente que cuando le propusieron ella dijo que iba a defender la tesis pro-vida. Prácticamente le dijeron firma no más, no importa. Después, Betty Amores le dijo que le hacía juego a la derecha.
• Diana Acosta: También ha acompañado a Anabella Azín y otras en las marchas pro vida.

No digo que las tesis de las asambleístas son erradas, simplemente señalo que si su actuación iba a alejarse de la ideología o de la estrategia del partido de gobierno, el buró no debió haberlas incluido en la papeleta.
3. Las distorsiones de la prensa

A propósito de la renuncia de Alberto Acosta, algunos medios de comunicación han aprovechado para agrandar las diferencias de manera desproporcionada. Ajena a la realidad.

Ejemplo 1: En un evento recordatorio de Eloy Alfaro y Manuela Sáenz, Correa defendió su tesis de terminar la Constituyente en el tiempo señalado en el Estatuto. Además, señaló que nadie es imprescindible y concuerda con la tesis de que la Alfarada no fue producto de Alfaro, como persona individual. Ante una audiencia jóven, Correa dijo que espera que algún momento muchos de esos jóvenes tomen el liderazgo y superen a los líderes actuales:

“nadie es imprescindible en este proceso. Ojalá los jóvenes muy pronto nos pongan a un lado por inútiles”

Al referirse a este relevo, Correa incentiva a que la nueva generación política lo jubilen a él, al buró y a toda la generación política actual (que relevó a la generación nacida con el fin de la dictadura). Este relevo tiene que mostrar un salto cualitativo en las capacidades y conocimientos de la nueva generación. Los nuevos políticos tienen que ser tan capaces, honestos y eficaces que frente a ellos palidezca la imagen de los actuales políticos.

Jorge Ortiz, en cambio, pensó que Correa le llamó “inútil” a Acosta y se lo dijo a dos de sus invitados, aunque el equipo de su programa no pudo pasar la escena de ese discurso. Nada, ni en la forma ni en el fondo, puede hacer entender que le dijo inútil a Acosta. Es más, al citar una frase de acosta dijo “una frase que hace poco repitió un entrañable amigo”

Ejemplo 2: Tras la renuncia de Acosta, Cordero fue elegido Presidente. Tras la vacante de la Primera Vicepresidencia, debía elegirse primer vicepresidente. ¿Lógico? Para mí no hay duda alguna, pero para Ma. Cristina Kronfle, la renuncia de Acosta implica que toda la Comisión Directiva ha quedado sin valor (Comisión Directiva: 1 Presidente, 2 Vicepresidentes y 2 Comisionados) y que habían vuelto a fojas cero y debían elegir nuevamente todas las dignidades.

Este criterio absurdo nace de que el artículo que habla de la tarea elemental del Primer Vicepresidente (reemplazar al Presidente), no dice “temporal o definitivamente”. Aún si no pudera el Primer Vicepresidente reemplazar definitivamente al Presidente, Cordero fue elegido Presidente en esta semana. ¿De dónde la idea que este supuesto vacío legal significa que debe elegirse nueva Comisión Directiva?

En todo caso, para la vacante de Primera Vicepresidenta se eligió a Aminta Buenaño, quien a su vez dejó vacante el cargo de Segunda Vicepresidenta. Para esta dignidad, el bloque de la 35 mocionó a César Rodríguez, mientras la oposición mocionó a Leonardo Viteri (PSC). Se realizó la votación. Rodríguez obtuvo 81 votos. Viteri, 32. A pesar de la aritmética, Viteri exigió que se lo declare ganador y se lo posesione como Segundo Vicepresidente. Fue hasta la mesa directiva flanqueado por Diana Acosta, Mae Montaño y otras asambleístas. Armó relajo:

Viteri decía de su derecho a ser designado Segundo Vicepresidente resulta del Estatuto, que señala que los tres más votados integrarán la Comisión de Instalación. Esta tesis pasa por alto varios hechos importantes:

• Viteri no es el tercer más votado a nivel nacional.
• El Estatuto no dice que el tercer más votado se refiere al tercer más votado en Manabí.
• La Comisión Directiva no es la Comisión de Instalación
• La Asamblea ya se instaló, hace más de 6 meses.

No entiendo cómo una rabieta de la minoría puede motivar a El Universo a titular: “PAIS impuso a vicepresidentes entre gritos y varios forcejeos“ ¿Por qué decir que la 35 impuso? ¿Porque Rodríguez le ganó 81 a 32 a Viteri? ¿Dónde está la imposición? ¿No es evidente de dónde salieron los gritos y forcejeos?

Ejemplo 3: Hace apenas unos años, Alberto Acosta era tachado por la gran prensa como un extremista de izquierda. Hoy es un adalid de la democracia: el de la mochila azul y ojitos dormilones.

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La Asamblea se alista a reformar la Función Judicial en los siguientes puntos:

• La Corte Suprema de Justicia pasará a llamarse Corte Nacional de Justicia. Parece que eso de “suprema” o “super suprema” queda para las pizzas.
• La Corte seguirá siendo de casación: no habrá tercera ni cuarta instancia.
• La Corte tendrá una sala por materia: Civil, Penal, Laboral, Fiscal, Contencioso Administrativo y Niñez, eso da 6 salas. Actualmente la corte tiene 10 salas, para 5 materias: algunas materias tienen una sola sala (contencioso administrativo) y otras tienen hasta tres (civil).
• Número de magistrados: 19 (3 por cada una de las 6 salas más un presidente). Actualmente: 31 (3 por cada una de las 10 salas más 1 presidente).
• Tal vez la Corte se vaya a Cuenca. El pretexto: en Cuenca la administración de justicia es eficiente. No hay presos sin sentencia en sus cárceles.
• Sobre la Corte Nacional no habrá órgano superior, pero se admitirá acción de amparo contra sentencias judiciales. ¿Una nueva instancia? Depende: habría que cambiar las leyes y los jueces para que el amparo sea muy difícil de solicitar en caso de sentencia y si está mal pedido, que sea rápidamente desechado.

Sobre la sede
Algunos abogados en Quito ya se han asustado: se quedarán sin camello si la Corte deja Quito. También se han asustado los burócratas de la propia Corte, no porque sus empleos estén en peligro, sino porque no les gustaría la idea de dejar de limarse las uñas en el edificio del Filanbanco para ir a un juzgado cualesquiera a atender a la ciudadanía de a pie.

El presidente de la Corte (guayaquileño) buscará apoyo del alcalde de Quito para que no cambien de sede la Corte.
Personalmente no creo que estar en Cuenca haga mejor a la Corte: no es el hecho de estar en esa ciudad lo que hace que se administre bien la justicia, sino que los jueces deben ser cuencanos. Aunque, es posible que la agilidad de la justicia cuencana se deba a que los secretarios, actuarios, amanuences y funcionarios cuencanos son más eficientes que los que trabajan en Quito. Si es así, entonces si la Corte no se va a Cuenca, debieran importar jueces y servidores judiciales desde dicha ciudad.

Sobre la elección de la Corte

La Corte de EE.UU. tiene 9 jueces. 31 magistrados en Ecuador es demasiado. Rafael Estévez ha argumentado que, cuando hay tantas salas para una misma materia, las sentencias son contradictorias. Ahora, el problema será que 19 personas no se abastezcan para juzgar tantos temas. Yo creo que sería conveniente en ese punto reformar la Ley de Casación para reducir la posibilidad de que una sentencia definitiva (en la Corte Provincial) suba en casación a la Corte Nacional.
Sobre la renovación de la Corte.

En el pasado, los jueces supremos duraban lo que el Congreso quería. Después de una reforma mediante consulta popular, el Congreso nombró una corte “por última vez” y dicha corte (la de 1997) se renovó a sí misma hasta que llegó Lucio en el 2004 y nos impuso la “Pichi Corte”.

Con la caída de Lucio, Pichi, Omar y demás, se reformó la Ley de la Función Judicial para realizar el concurso de merecimientos que instaló la actual “Corte Ideal”. El concurso fue llevado a cabo por una comisión puntual que actuó en aquella oportunidad y no volverá a actuar más.

Teóricamente, los magistrados actuales sólo dejarán de ser tales si:

1. Se mueren,
2. Cumplen 65 años, o
3. Pierden la calidad de “probidad notoria”

La Corte instalada en 2006 ya ha tenido varias bajas, no por edad ni fallecimiento, sino por escándalos que les han hecho perder la probidad a los jueces expulsados. Ejemplo: Es el caso de Alfonso Zambrano P., a quien recordamos por el borbu-video en que se ve a su hijo negociar la sentencia que liberaría a Renán Borbúa de una condena que finalmente sí ocurrió.

Se propone reemplazar el método actual de cooptación por uno similar al concurso de méritos realizado en 2006. La diferencia es que la comisión se integrará por representantes de las funciones del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Control Social y otro, para el desempate.

Con esto, los magistrados actuales están en una disyuntiva: ¿cómo defender la cooptación (que ellos aplican) si el sistema propuesto está inspirado en el método que los eligió?

César Rodríguez está empeñado en cambiar a la Corte. Los jueces supremos han dicho que eso es porque él tiene juicios pendientes que quiere que le resulten a su favor. Alberto Acosta ha dicho que lo último que haría en la vida sería cambiar a la Corte. Pero, si se aprueba la reforma que reduce los magistrados de 19 a 31, de ley tienen que salir algunos. Eso ha despertado el espíritu de cuerpo de la actual Corte “Ideal”, que hace lobbying en Montecristi para que se mantenga la corte actual con sus 31 magistrados.

¿Cómo pasar de 31 jueces a 19? Hay varias opciones: sorteo, concurso de merecimiento entre ellos, dejar a los 19 mejor calificados del concurso realizado en 2006, calificación de calidad y cantidad del trabajo realizado en estos casi 2 años, etc. Yo preferiría que sea cualquier sistema menos el de sorteo, porque mínimo y le ponen a César Rodríguez a sacar las bolitas…

Otro tema: Acosta le da largas a la amnistía de Gustavo Noboa

En contra del procedimiento seguido para otros casos, el presidente de la Asamblea ha devuelto el expediente de amnistía a la Mesa 10 junto con un informe de la deuda que llegó a su despacho el viernes. Parece que junto con ese informe, les pasó una encuesta que dice que la mayoría de la gente estaría en contra de esa amnistía.

Esto ya pasó de marrón a oscuro: Acosta debe seguir el trámite establecido, así no le guste, el expediente estaba listo para ser puesto en el orden del día. Por otro lado, desde cuándo la justicia depende de lo que diga la gente?

Una nota final

El IESS está tan mal, que es necesario que venga la Super de Bancos, para decirles que “dejen de poner números de cédulas inventadas…”

WTF!!!

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La Asamblea Constituyente tomó este viernes 2 decisiones tardías. Se demoró varias semanas en reemplazar a Francisco Arellano en el cargo de Superintendente de Compañías. Y se tardó también en amnistiar a los comandos del Taurazo. 21 años no más.

1. Perdón y olvido al Taurazo

Érase una vez un piloto radical y carismático. Frank Vargas fue compadre de León Febres Cordero, pero no pudo tolerar que el gobierno haya nombrado a otra persona para Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. El 7 de marzo de 1986 se rebeló en la Base Aérea de Quito, contra una decisión que le pareció injusta, pues él era el más calificado para el puesto.

Creo que si tenía razón, debió ir a los tribunales a reclamar su ascenso, pero tal vez ya se imaginaba que iba a perder, pues LFC contraba la justicia (2 años atrás ocurrió el episodio de las tanquetas alrededor de la Corte Suprema). Probablemente los asesores militares del gobierno se negaban a poner en la jefatura de todo el poder militar a un oficial que parecía proclive a derrocar a LFC. Sea por ambición, sea por justicia o un simple “peleados los compadres…”, el caso es que el general Vargas armó una rebelión militar en el propio aeropuerto capitalino.

Para sofocar la rebelión de Vargas y la Fuerza Aérea, el gobierno ordenó a la Fuerza Terrestre tomar control de la Base Aérea, en la Av. La Prensa y Carlos V, junto al aeropuerto Mariscal Sucre. Superior en número y en estrategia, no le tomó mucho esfuerzo al Ejército reducir a los rebeldes pilotos. Alberto Acosta cuenta que civiles “progresistas” se presentaron en la Base Aérea para apoyar al General Vargas y, de pasito, tumbar a Febres Cordero. Los aerotécnicos repartieron algunos fusiles viejos a los civiles, previa consignación de su cédula: una rebelión “muy ordenada” como diría Acosta para la revista Mundo Diners hace un par de meses.

Sofocada la rebelión, Vargas fue mantenido preso en la Base Aérea de Manta. Su caso conmovió a sus subalternos-guardianes en dicha base aérea y se cernía la segunda rebelión. En 1987, LFC visitó la Base Aérea de Taura y fue secuestrado por un grupo de comandos de la Fuerza Aérea, que lograron que el presidente democráticamente elegido firme documentos comprometiéndose a liberar a Vargas, a los rebeldes de Quito y a no reprimir a los rebeldes de Taura. La periodista de Ecuavisa, Teresa Arboleda, cubrió el secuestro con la histórica toma en que se escucha a Febres Cordero preguntar: “¿Qué más firmo?”

Una vez de regreso en el poder, LFC ignoró los compromisos firmados bajo coacción y sancionó con el Código Penal Militar a los rebeldes de Taura. Años después, Rodrigo Borja aplicó la Ley de Gracia en su favor, pero no recuperaron sus derechos políticos.

He sido crítico de la gestión del empresario-modelo-talento de tv Vladimir Vargas, especialmente porque es un representante de Pichincha que ni siquiera vive en la provincia. Pero debo reconocer que sus revelaciones fueron históricas: su padre y los demás comandos habían sido torturados en su tiempo en prisión, los comandos de Taura no recibieron jubilaciones, ni siquiera derechos políticos.

Sus lágrimas fueron de valentía y reivindicación. Frank Vargas debió tener un buen día del padre.

Texto de la amnistía a los comandos de Taura

Noticia recogida en El Comercio

Texto de Diario El Telégrafo

 

2. Mandato 11: Nuevo Superintendente

Tras la denuncia de cobros obligados a los trabajadores de la Superintendencia de Compañías, el TSE removió de su cargo a Francisco Arellano. El puso un amparo constitucional, básicamente expicando que el TSE no tiene facultad para remover un funcionario cuando no es época electoral. A pesar de que Arellano no concurrió a la audiencia de amparo, lo terminó ganando.

Recuperó el puesto e intentó por varios días ocupar su cargo. Cuando por fin lo hizo, la mayoría del personal de la Superintendencia estaba más preocupado de los detenidos y los heridos, que de impedir a Arellano llevarse sus papeles y nombrar su reemplazo.

El 30 de mayo, Arellano presentó su renuncia a la Asamblea. La Asamblea no la aceptó, sino que declaró terminado el encargo que se le hizo en noviembre pasado.

Finalmente, el viernes, la Asamblea nombró para el cargo a Pedro Solines Chacón, un abogado guayaquileño que ha sido multifacético: durante 2007 fue subsecretario de la Administración Pública (cargo que se ejerce en Quito) y director de la Empresa de Agua Potable de Guayaquil. Suerte al señor Solines, le recomiendo no cobrar y no insultar.

Y no domiciliar compañías chinas. Diego Borja asegura que la domiciliación de Guanxi Road Co. no fue apegada a la ley. Guanxi se adjudicó el cuarto puente que unirá Guayaquil con Durán.

Mandato 11: Se nombra a Pedro Solines

Resolución 7: Se retira el encargo a Francisco Arellano

Noticia en El Universo

Noticia en El Telégrafo

Reseña de Diario El Comercio

 

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Este es un tema propiamente constitucional y que saca chispas: Que vale más, el derecho al trabajo o el orden en las ciudades?

Mucha gente recuerda el desorden en los sectores céntricos de la ciudad debido al comercio informal. Hoy que han cambiado las ciudades, pocos quieren ver lo que se veía en el pasado. Este video muestra el antes y después, en el caso de Guayaquil:

De otro lado, los comerciantes informales se ganan el pan diario trabajando. Correa ha dicho que perseguir al trabajador informal es “criminalizar el trabajo”, pero no debe olvidarse que el espacio público es para todos: si un particular se apropia de un espacio público les está privando a los demás de varios derechos:

• Derecho de los demás al libre tránsito
• Derecho de los demás a calidad de vida digna: Que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios para una calidad de vida.
• Derecho de los comerciantes formales a la seguridad jurídica: ellos pagan patentes municipales, impuestos, arriendos, etc.
• Derecho de los comerciantes formales a la igualdad.

Los textos aprobados dicen:

Art. (1).- El derecho al trabajo .- El trabajo es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base de la economía. El Estado promoverá las diferentes modalidades del trabajo y asegura al trabajador/a el respeto a una existencia digna para sí y su familia. Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores.

El Estado garantiza las condiciones que hagan efectivo y exigible estos derechos.

Art. (6).- No discriminación e inclusión en el trabajo.- (…) Se reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realice en espacios públicos, permitidos por la ley y toras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.

Finalmente, hay que recordar que estos artículos son de la Constitución que entraría en vigor si se aprueba el referéndum, no de un mandato que ya esté vigente.

¿Tienen los trabajadores informales derecho a trabajar? ¿Cómo compaginar los derechos de unos a trabajar con los de TODOS a tener orden en la ciudad? ¿Si no se incauta mercadería cómo los policías municipales van a controlar las ventas ambulanes en zonas regeneradas?

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Lo hemos dicho muchas veces aquí, pero toca insistir: la Constitución solo debe ser una lista de derechos y unas reglas de equilibrio entre poderes. Para los símbolos patrios, la moneda, el deporte, los nombres de las instituciones públicas y todo lo demás, están las leyes.

Hasta ahora, las constituciones ecuatorianas no establecían cómo debía verse el escudo, ni qué cosas debiera tener. Hoy, Tania Hermida y sus amigos proponen que los símbolos debe tener -por orden de la constitución- imágenes que reflejen la interculturalidad.

En consecuencia, los símbolos tal y como los conocemos, pasarían a ser inconstitucionales, pues actualmente no reflejan la interculturalidad.

En El Ecuador de Hoy comentabamos sobre lo desfasado de varios detalles del escudo y sobre el sentido mismo del himno nacional. Si me preguntan a mí, tal vez debieramos cambiar esos detalles y re- escribir el himno, pero estoy totalmente en contra de que este tema aparezca en la Constitución.

Por lo pronto, revisemos que-mismo significan las cosas que están en el Escudo y la Bandera, antes de que la señora Hermida nos siga tachando de “ilegítimos”, solo porque pensamos diferente a ella:

El Escudo:

Escudo de Armas Nuestro escudo pasó por cinco procesos, desde la proclamación de la Independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820, hasta cuando fue Presidente de la República el Gral. Eloy Alfaro, en el 1900. El escudo de armas del Ecuador tiene los siguientes símbolos: El cóndor, que lo corona, es emblema de poderío, valor y pujanza. El sol de oro, está en el centro de la bandera con los signos del zodíaco, representando a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio, lapso que duró la lucha contra el Gral. Juan José Flores. El monte simboliza el grandioso Chimborazo; el río que nace de él representa al Guayas. El buque que surca las aguas igualmente se llama Guayas, considerado la primera nave construida en América del Sur y la primera en recorrer ríos sudamericanos desde 1841. El buque y el caduceo (vara rodeada de dos sierpes y coronada con un petaso o sombrero con alas), simbolizan los medios de locomoción, la paz y el comercio que se desarrollan en el país. Las ramas de palma y laurel recuerdan la paz y las glorias de la nación; los haces consulares, la dignidad republicana.

La Bandera:

Siendo Presidente de la República el General Eloy Alfaro, el Congreso Nacional de 1900 estableció la Bandera Patria por decreto del 31 de Octubre, que en su artículo segundo dispone: “El Pabellón Nacional será, sin alteración alguna, el que adoptó el Ecuador desde que proclamó su independencia, cuyos colores son: amarillo, azul y rojo en listas horizontales, en el orden en que quedan expresados de superior a inferior, debiendo tener la franja amarilla una altitud doble a la de los otros colores”. Este decreto legislativo, según reza la historia, fue sancionado por el Ejecutivo el 7 de Noviembre de 1900.

Los colores de nuestra bandera tienen los siguientes significados:

El amarillo: el oro, la abundante riqueza de la agricultura y los grandes recursos de que está dotado el país.

El azul: simboliza el océano, el claro y limpio cielo ecuatoriano.

El rojo: representa la sangre vertida por nuestros héroes que nos legaron Patria y Libertad.

Veamos qué dijo Tania Hermida sobre los que pensamos que los símbolos patrios NO se deben discutir en una Asamblea Constituyente:

“Sabemos que es una cosa que genera polémica, pero estamos convencidos que todo proceso de transformación conlleva también un proceso de transformación simbólica y que hay que hablar, hay que debatir y ponernos de acuerdo sobre hasta qué punto en esos símbolos está representado ese país diverso”, aseguró Hermida.

Descartó que este tema no es una estrategia para hablar de cosas que no tienen importancia, “desde mi punto de vista es absolutamente ilegítimo creer que los símbolos patrios no son algo importante”.

El debate se abrió en la página de la Asamblea, en El Ecuador de Hoy y El Federalista.

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Y otro funcionario reciclado del gobierno de Palacio.

Esta vez se trata del nuevo Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, quien fue Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República durante la administración anterior y representante del Dr. Palacio en varios directorios. Hoy asume como abogado del Estado y tendrá que enfrentarse a problemas harto espinosos como los casos ante el CIADI (Oxy, City, MachalaPower, etc.), la acusación de corrupción que Correa lanzó contra funcionarios de la Procuraduría, la reforma legal que quitaría el poder de la Procuraduría para revisar contratos ANTES de su firma, la acusación de un asambleísta de PSP que en la Procuraduría se redactan artículos para la Constitución, entre otros…

La posesión de García fue realizada por Alberto Acosta. El texto del mandato no ha sido publicado aún, pero la prensa ha dado información de que el texto señala que el encargo es temporal, pudiendo ser revocado en cualquier momento sin derecho a reclamar.

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Pero no se equivoquen: muchos estuvieron en contra del Mandato No. 06, que declara “extinguidas” casi todas las concesiones mineras para minerales metálicos (no entra ni sal ni materiales de construcción), pero toda la oposición se puso de acuerdo en votar ABSTENCIÓN.

Sólo votó en contra Johny Max Freire Salgado, suplente del asambleísta galapagueño Alfredo Ortiz, de la RED.

El problema de la minería es muy complejo: por un lado, la concesión se otorga casi automáticamente, sin mayor requisito. Es decir, el ministro del ramo no puede negarse a entregar una concesión. La actual Ley de Minería no contempla regalías sino derechos de concesiones y pagos ambientales mínimos. La ventaja de este marco legal fue que permitió que muchas compañías, principalmente canadienses, invirtieran en exploración. La desventaja es que, iniciada la explotación, el Estado no iba a recibir sino el impuesto a la renta y unos pagos mínimos.

La intención es evitar que esto se cumpla, a través de una nueva Ley de Minería. Pero, hasta que esté lista la Ley, se necesitaba detener la entrega indiscriminada de concesiones. Es ahí donde entra el Mandato.

Muchos expertos han cuestionado el mandato. Sobre la materia hace falta un estudio profundo, pero lo que queda claro es que hubo una lesión a la seguridad jurídica: muchas empresas invirtieron en planes de recuperar esa inversión en cierto tiempo y hoy, de un solo plumazo, ya no tienen derechos a explotar nada. Peligroso.

Finalmente, desconozco si entre las perjudicadas constan las compañías que han descubierto grandes yacimientos. De ser el caso, es más peligroso aún, pues el tamaño del lucro cesante sería millonario y no me quiero imaginar las demandas que vendrán en cortes arbitrales internacionales, cuyas sentencias son, nacionalismos aparte, obligatorias. Basta recordar que la semana pasada, el gobierno pagó 100 millones a la Oxy por el IVA petrolero.

El texto completo del Mandato 06 está en la barra de la derecha y también en este link.

La votación de este mandato está en este enlace.

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Si no existiera el mandato que elimina la tercerización, aún así las personas tercerizadas podrían reclamar ante un juez la existencia de una relación directa con la usuaria. ¿La razón? La Constitución señala que quien se beneficia del trabajo debe asumir las responsabilidades de empleador:

 Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales:

 11. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario.

 

Por superioridad normativa, los jueces de trabajo están obligados a acatar esta norma constitucional en lugar de los artículos del Código de Trabajo que permiten la tercerización. También, debe recordarse que en caso de duda, se estará a lo más beneficioso al trabajador.

También debe considerarse que existe en materia laboral un principio que se llama de “supremacía de la realidad”, donde si una actividad cumple los elementos de una relación laboral, o ciertas características, se debe estar a lo que aparece en la realidad antes que lo que dicen los documentos escritos.

Este análisis jurídico fue parte de la defensa de los trabajadores de Transmabo (Transportes Marítimos Bolivarianos), caso en que los trabajadores “tercerizados” recibieron una sentencia favorable, en que se ordenó a Transmabo (empresa “usuaria”) liquidar a los trabajadores. El caso llegó incluso a un embargo a los activos de dicha compañía.

Este caso puede ser una jurisprudencia ejemplar para casos en que las empresas “usuarias” despidan trabajadores tercerizados ANTES de la aprobación del mandato o antes de su fecha efectiva (que aparentemente sería el 1 de marzo de 2008).

Este caso es explicado en más detalle por el Ab. Héctor Pin Cabezas en el siguiente email:
Estimado compañero:

La propuesta que presentamos ante la Mesa, es un duro desafío al pronunciamiento de la clase empresarial, pues han emprendido una ardua tarea de difusión pretendiendo confundir al trabajador y a la ciudadanía, bajo el engaño que se producirían despidos masivos. Los despidos como forma arbitraria del empleador para terminar un contrato de trabajo,  se han dado durante todo el tiempo de aplicación de esta forma de explotación laboral, bajo diferentes formas mediante las cuales, el trabajador no ha sido indemnizado conforme a la ley ni ha percibido sus beneficios sociales, pues se los ha hechos suscribir Contratos Simulados, encubriendo al verdadero empleador, es por ello, necesario que se apliquen sanciones contra Jueces de Trabajo y Magistrados que no aplican la doctrina del “Contrato Realidad” ni analizan el contrato de trabajo bajo el principio de solidaridad, y lo que es mas desconocen que la Constitución de la República está sobre cualquier norma o reglamento por ser  norma suprema, y ella prescribe que “empleador es el que se beneficia con el trabajo del trabajador”; en el caso de los Marinos Mercantes de Transmabo, los jueces aplican maliciosamente normas no compatibles con el derecho social,  como son las establecidas en el Código de Policia Maritima, desconociendo los legitimos derechos de los trabajadores. Nuestra propuesta entregada personalmente, es seria y respetable por que es producto del trabajo de mas de veintisiete años, dedicados a la defensa del trabajador ecuatoriano. Es necesario que se difunda los beneficios de la derogatoria de la Ley de Tercerización e intermediación, mediante pronunciamientos de quienes estamos comprometidos con eliminar toda forma de explotación laboral y de enriquecimiento ilícito. Esto es parte de la deuda social.

Atentamente,

 

Ab. Héctor Pin Cabezas

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