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La nueva Constitución garantiza el derecho a comunicarse de manera libre, al acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación y, lo más importante, al acceso equitativo a frecuencias para crear medios de comunicación.

De ahí a la realidad, hay una diferencia inmensa: la libertad de prensa se ve amenazada, el acceso universal se busca mediante proyectos puntuales y clientelares y… bueno, sobre el manejo de las frecuencias, oír de escándalos y linduras es cada vez más frecuente.

Es preocupante esta norma que permite regular contenidos:

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

¿Y la libertad de expresión? De nada sirve el secreto profesional y la cláusula de conciencia reconocidas al periodista si un medio de comunicación privado debe someterse a una prevalencia de contenidos fijada en la ley.
Afortunadamente, hay un plazo de menos de un año para que se apruebe la nueva Ley de Comunicación. Esperemos que su nuevo texto evite realmente el acaparamiento de frecuencias, asegure la libertad de expresión y regule la imparcialidad de los medios públicos.

Los artículos analizados son los números 16 al 20.

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Ecuador: Un Estado Social de Derecho

Ecuador, hasta 2008, se define como un Estado Social de Derecho. Eso está en el artículo 1 actual:

Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución…

Estado Social de Derecho es una categoría creada hace muchos años para significar, fundamentalmente, dos cosas:

1. Que un país está sometido al dictado de la ley (y no al capricho de un individuo o grupo de). Por eso es Estado de Derecho.

2. Que ese país tiene un gobierno orientado a satisfacer las necesidades de la sociedad (vivienda, salud, educación). Por eso es Social.

Según Wikipedia, este concepto es originariamente alemán, donde se le llamó Socialztaat. Eso puede traducirse como Estado Social. En realidad, el decir Estado supone que estamos hablando de un país con normas.

Ahora, la definición Estado de Derecho es reemplazada por Estado constitucional de derechos y justicia. Esta definición se encuentra en la Constitución venezolana y en el proyecto boliviano aún pendiente de aprobación. Ya no se define al Estado junto al concepto de Derecho como “norma” sino junto al concepto Derecho como “atribución o garantía”. También dice que el Estado es consitucional de justicia. Se supone que la justicia se alcanza por los medios establecidos en el Derecho (como norma), pues no sería racional creer que uno puede lograr la justicia por mano propia.

Veamos otros adjetivos calificativos que le ponen al Estado:

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se boierna de manera descentralizada.

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución.

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

Veamos uno por uno los adjetivos que le ponen al Estado:

• El Ecuador es un Estado social. Bueno, aquí está el concepto alemán que queríamos.
• El Ecuador es un Estado democrático. Tal como en la Constitución 1998.
• El Ecuador es un Estado soberano. No veo cómo pueda cuestionarse eso.
• El Ecuador es un Estado independiente. Ninguna novedad tampoco.
• El Ecuador es un Estado unitario. Significa que no es federación, por ejemplo.
• El Ecuador es un Estado intercultural. ¿Qué es un Estado intercultural? En la Constitución 1998, aparece como Estado pluricultural y multiétnico. Parece que estas palabras sí son adjetivos para un Estado.
• El Ecuador es un Estado plurinacional. Aquí hubo fuerte debate. Luis Hernández recordó una demanda de un pueblo indígena que, argumentando llamarse nacionalidad, reclamaba el derecho a decidir si se instalaba un proyecto económico o no. Se puede prestar para manipulaciones. Personalmente, me gustaba la definición de la Constitución 1998: el Estado como tal se define como pluricultural y multiétnico, pero reconoce más adelante que los pueblos se denominan -ellos a sí mismos, con su concepto particular- como nacionalidades.
• El Ecuador es un Estado Laico. Gracias a Dios, vuelve a aparecer este concepto que en la Constitución 1998 se cayó.

En la versión 2008 solo dice que se organiza como república y se gobierna de manera descentralizada. En la anterior, decía que: “Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.”

Ambos textos dicen que la soberanía radica en el pueblo. Ambos dicen que esta soberanía es base de la autoridad y que tal soberanía popular se ejerce a través de los órganos estatales y con las formas de participación directa previstas en la Constitución. Palabras más palabras menos, no cambia mucho esto.

Es una novedad, eso sí, que en este artículo se diga que los recursos no renovables son patrimonio estatal. Parece que estos recursos son tan importantes para el Estado que son parte misma de su definición. Equivale a que si a usted le preguntan quién es, dijera no solo su nombre, su origen y su ocupación, sino que además dijera: “…Y además soy dueño de un carro XYZ” Es curioso que una definición tan materialista entrara en una constitución hecha por hippies.

En el artículo 1 de la Constitución pasada, se define al idioma oficial y a los símbolos patrios. Dejo este análisis para mañana, pues eso aparece en el artículo 2 de la versión 2008.

Nota final: Amigos lectores, no se asusten, no vienen 444 posts de análisis artículo por artículo. Solo desmenuzo así los primeros que son muy importantes y después iremos proponiendo los análisis por capítulos o secciones enteras, para ver la película completa.

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Este miércoles fueron aprobados varios mandatos constituyentes, que son presentados a continuación:

Mandato universitario

Hace varios meses, el CONESUP intervino la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, debido a múltiples irregularidades:

• Ofertaba más carreras de las autorizadas
• La calidad académica ha sido cuestionada por colegios profesionales
• Las sedes de Quito y Santo Domingo funcionaban independientemente de la matriz de Ambato
• Abrieron extensiones no autorizadas en otras ciudades
• Había tres rectores

La intervención del CONESUP no fue la primera: en 10 años de vida, la UCCE estuvo intervenida más de una vez, fue cerrada una vez y ha sido observada todo el tiempo. La UCCE fue creada con informe desfavorable del ex CONUEP, pues a la fecha de creación, la Constitución decía que para ser creada por ley, debe haber informe del consejo, pero no decía que tal informe deba ser favorable. Como es lógico, los diputados de la época hicieron una pirueta para conquistar votos de los entoneces universitarios “ucceístas”.
El CONESUP intervino la universidad nombrando un liquidador y pidió a la Asamblea que derogue la ley de creación de la UCCE, lo que provocó un fuerte cabildeo por parte de la UCCE -manipulando a sus estudiantes- que se valió de marchas, conversaciones y presiones para evitar que el CONESUP derogue su creación. Como última alternativa, los dueños de la universidad pugnaron porque la UCCE sea estatizada para pasar a los estudiantes -y al problema- a manos del Estado.
Pero el caso de la UCCE, aunque agudo, no es único: muchas universidades tienen dudosa calidad académica, vocacion de negocio, poca capacidad de investigación y otros problemas. Además, existe un problema estructural de la universidad ecuatoriana, pues son pocos los casos de conexión entre universidad y empresa y universidad y sociedad. Existe dispersión y no se aprovechan especializaciones y economías de escala: Ecuador tiene más universidades que Canadá, pero ni reuniendo toda la investigación que se realiza en nuestro país, llegamos al esfuerzo educativo de una verdadera universidad en el primer mundo.

La calidad educativa debe ser garantizada por el CONESUP, en cuya integración deben tener voz los colegios profesionales. Además, las universidades que no tengan calidad suficiente, deben cerrar.
El mandato No. 14 aprueba lo siguiente:

• Deroga la Ley de creación de la UCCE, dispone la liquidación de la misma y el traslado de los estudiantes a otros centros educativos.
• Reforma la Ley del CONESUP, para cambiar la forma de designación del vocal por los colegios profesionales.
• Ordena que el CONESUP y el CONEA evalúen a todas las universidades bajo la actual normativa universitaria y que el resultado de esa evaluación sea enviado a la Legislatura, que deberá decidir reformar leyes o derogar universidades.

Mandato de empresas públicas

En los medios de comunicación, aparece como Mandato Eléctrico, porque perdona las deudas de años a los beneficiarios de la Tarifa de la Dignidad y establece Tarifa Unica a nivel nacional, pero su contenido es tan extenso, que es un mandato para Petroecuador y las Empresas del Fondo de Solidaridad: eléctricas y telefónicas.

El mercado eléctrico está formado por empresas que generan energía (Hidropaute, Hidroagoyán, Termoesmeraldas, etc.), empresa que la distribuye la energía (Transelectric) y muchas empresas que la distribuyen a cada provincia (Empresa Eléctrica Quito, Ambato, Manabí, Sta. Elena, etc.). Casi todas las empresas son estatales o con mayoría del capital estatal. Son excepciones algunas generadoras y EMELEC. Esta última fue reemplazada por la estatal CATEG, que tiene un régimen legal diferente a las demás empresas que distribuyen energía.

El sistema debía funcionar así: las generadoras venden energía a las distribuidoras, y éstas venden la energía a los particulares, les cobran y con eso pagan la energía y el “peaje” que cobra la compañía transmisora. Suena fácil, pero en realidad lo que ocurría era así: las generadoras vendían a crédito, las distribuidoras daban energía, pero a un precio artificial fijado por el Estado y, además, no cobraban a los abonados. Como resultado, se formaron deudas inmensas entre unas y otras compañías y, para colmo, las compañías que generan energía con petróleo y derivados, le deben a Petroecuador.

En definitiva, todos debían a todos y un mercado que debía ser competitivo, era en realidad manipulado, ineficiente, caótico e insostenible. Rafael Correa ha dicho que este sistema eléctrico es como una reforma hecha por el Pájaro Loco.
El mandato decide eliminar las deudas mutuas (entre empresas) y le sugiere a Petroecuador eliminar también las cuentas por cobrar, como dando a entender que no se las va a pagar.

Al Fondo de Solidaridad se le autoriza a fusionar sus empresas como considere necesario y obliga a los entes de control a otorgar las concesiones respectivas. Con esto se creará un nuevo Inecel y Emetel, como se anticipó en este blog.

Las deudas de Inecel anterior serán asumidas por el Estado. Asimismo, el Estado asumirá el resultado que llegare a tener el efecto de eliminar todas las deudas cruzadas.

Además de estas decisiones, se ordena unificar la tarifa a nivel nacional, como se dijo al comienzo.

En cuanto a los usuarios de la Tarifa de la Dignidad: para que les sea condonada la deuda, tienen que ser puntuales en los pagos a partir de este mes de julio. Si vuelven a caer en morosidad, les cobran la deuda que iba a ser perdonada.

En cuanto a la CATEG, también se eliminan deudas que ella tenga por pagar y por cobrar con otras empresas eléctricas, pero continúan las deudas y créditos que tenga con SRI, Estado y otros. Si el resultado del cruce de cuentas es que EMELEC le debe al Estado (como seguramente será, dada la revolución ciudadana que vivimos), esta deuda será el aporte del Estado al capital de la nueva empresa pública de electricidad para Guayaquil.
Perla del absurdo: Se confiere capacidad coactiva a las empresas eléctricas y a la CATEG. Es absurdo porque las eléctricas ahora son empresas privadas (aunque de capital público) y no pueden tener el privilegio de cobrar por coactiva sus deudas. ¡Es como darle capacidad coactiva al Banco del Pacífico o a Alegro!

Pero el absurdo no se acaba ahí, pues el texto que confiere la capacidad coactiva dice que esta capacidad puede ejercerse “sin que sea necesaria prejudicialidad penal” WTF! Si eso significa que no se necesita ir ante un juzgado común, es innecesario esa aclaración, pues de eso mismo se trata la coactiva. Tal vez significará eso que una empresa eléctrica puede juzgarme penalmente como estafador por no pagarle la luz!
Mandato agrícola

Para luchar contra la crisis alimentaria, la Asamblea dispone la creación de un Plan de Soberanía Alimentaria, consistente en los siguientes puntos:

• El plan durará hasta el final de 2009
• El plan se financiará con recursos petroleros estatales
• Se amplía el bono agrícola creado por Decreto Ejecutivo
• Se dispone que los ministerios de Agricultura y Coordinador de Desarrollo Social realicen gestiones para el Seguro Agrícola. Este seguro es importante para pagar al productor cuyas cosechas se dañen por efecto de fenómenos naturales. Probablemente, el Estado asumirá parte de la prima de este seguro, tal como en otros países.
• Se exonera de impuesto a la renta varias actividades: Producción agropecuaria, Comercialización en primera fase (productor-mayorista) en estado natural, Importación de fertilizantes, Comercialización de fertilizantes y otros insumos.
• Para acceder a esta exoneración, las utilidades deben reinvertirse en la producción.
• En el caso de la Comercialización de insumos agrícolas, esta exoneración esta sujeta a que se ofrezcan descuentos a pequeños productores agrícolas.
• Esta exoneración aplica a utlidades generadas en los años 2008 y 2009.
• Se suspende el cobro de Impuesto a Tierras Improductivas en 2008-2009.
• Se suspende el cobro de aportes en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) en 2008-2009, para agricultores inscritos en ese régimen.
• Se elimina el 12% de IVA a embutidos, quesos y yogures.
• Prohíbese importar plaguicidas establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam.
• Se autoriza al Presidente de la República a suspender los beneficios tributarios de este mandato, si no se cumplen los objetivos del mismo (El mismo Ejecutivo evaluará si se han cumplido estos objetivos).
• Se autoriza al Presidente y a los Ministerios: MAGAP, MCDS y MIES para emitir reglamentos de aplicación del mandato.

Mandato de Ciudad Alfaro

Ayer fue inaugurado el Palacio Legislativo en Quito y con ello, el complejo Ciudad Alfaro no será usado por el Estado. Este mandato crea la Corporación Ciudad Alfaro, dependiente del Ministerio de Cultura, con el fin de mantener el complejo construido y usarlo para promover actividades culturales, académicas, tecnológicas y turísticas en beneficio de Manabí.

Se ordena al Ministerio de Finanzas entregar fondos para mantener el complejo, hasta que la Corporación sea autosustentable.

Mandato: Se ordena a la AGD pagar primero a depositantes

El texto del mandato no ha sido publicado aún, pero el boletín de prensa señala que las instituciones en control de la AGD y en liquidación forzosa deberán primero pagar a los depositantes y otros acreedores del respectivo banco, antes que pagar a la AGD lo invertido en dichas instituciones. Se exceptúa el pago a acreedores vinculados, a quienes se pagará después de pagar a la AGD y solo si queda algo al final.
Mandato: Nuevo Superintendente de Telecomunicaciones

Paúl Rojas fue designado por el Congreso, ratificado por Mandato 01 y ahora ha sido reemplazado.

En su lugar, será Superintendente Fabián Jaramillo, ex gerente de la municipal telefónica ETAPA. Fernando Cordero fue presidente de ETAPA cuando fue Alcalde de Cuenca.

Mandato: Nuevo Defensor del Pueblo

Claudio Mueckay fue nombrado por el Congreso, encargado por Mandato 01 y posteriormente levantada su inmunidad, por pedido de la Corte Suprema de Justicia.

Hoy ha sido reemplazado por Fernando Gutiérrez.

Otros Nombramientos

No se si estos nombramientos se han aprobado por Mandato, pero en estos días la Asamblea ha resuelto estos nombramientos:

• Carlos Vallejo, como director del Banco Central
• Juan David Cevallos, como vocal del TSE. Cevallos representa a Alianza País, bajo pretexto de que el TSE actual se conforma con las 7 fuerzas más votadas de la última elección pluripersonal actual. Sin embargo, en las últimas elecciones (asambleístas) fueron más votadas las siguientes fuerzas: Acuerdo País, PSP, PRIAN, PSC, RED, Pachakutik y UNO. Atrás quedaron ID, PRE y Futuro ya, que consiguieron menos escaños. La UDC no sacó ninguno. Si la razón era que el TSE represente a las 7 fuerzas más votadas, debieron retirar a la vocal Elsa Bucaram del PRE y poner a uno de Pachakutik y retirar al vocal Hernán Rivadeneira del Partido Socialista (entró por la alianza 35-17 en 2006) y poner en su lugar a uno de UNO.

Leyes

Ya que van a 100, la Asamblea de paso aprobó la Ley de Compras Públicas y la Ley de Tránsito. Cada una merece un post aparte, pero recuerden que lo leyeron primero aquí.
Enlaces:

Mandatos agrícola y eléctrico resumidos en El Comercio.

Mandatos agrícola y eléctrico resumidos en El Telégrafo.

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Al cabo de varios meses, ya podemos evaluar la imparcialidad de los medios estatales. De lo que he podido ver, el canal público se conforma con las versiones oficiales de la Sala de Prensa de la Asamblea Constituyente y con los boletines que salen de Carondelet o de alguno de sus Z ministerios. Si hasta pareciera que el puñete en la mesa de Trajano Andrade fue más accidente que astucia del camarógrafo.

Por otro lado, el espacio de entrevistas de Xavier Lasso va muy bien: las diferentes visiones tienen espacio, tanto así que aparecen asambleístas de oposición y, en cuanto a otros temas, han entrevistado a gente que sostiene puntos de vista diferentes a los del gobierno, por ejemplo en el tema de la congesión de Quito.

Eso sí, no sabemos por qué cambiaron el logo de globitos recién al mes de estrenado. (Tal vez no se, pero me imagino por qué… o mejor dicho, por quién).

Sobre Diario El Telégrafo no puedo decir mucho. Apenas he leído un par de artículos de opinión, pero los titulares me parecen (además de difíciles de leer a la distancia) muy “de respuesta”. Es decir, básicamente el titular del diario público de hoy es una contestación a un titular -o noticia de televisión- que fue impactante el día de ayer. Si así es el resto del periódico, creo que debieran mejorar.

A pesar de esa idea de gobiernista que me transmite El Telégrafo, sorprende que se hayan arriesgado con una columna tan crítica como la de Santiago Roldós. La de hoy jueves es particularmente interesante:

 

Tomada de la edición impresa del 29 de mayo del 2008

 

El bello y las bestias (Rosana en las alturas)

 

Santiago Roldós B.

sroldos@telegrafo.com.ec

Así podría titularse el cuento de realismo mágico sobre la fascinación que provoca en el Salón de la Justicia (formalmente conocido como el noticiero de Carlos Vera) la tríada formada por Diana Acosta, Rosana Queirolo y Cristina Reyes. Flaco favor del connotado periodista a su dilatada carrera al designar como una de las mejores asambleístas a una que, literalmente, no ha aportado NADA en las discusiones de su propia mesa, y que sólo prende su máquina cuando, en el pleno, se encienden las cámaras de la telecracia.

El cuento del gallo pelón. A la consagración de la alharaca en el lugar de la dialéctica le siguen una pregunta y un descubrimiento. Porque mientras Rosana Queirolo continúa siendo un misterio en las listas de la revolución ciudadana (¿qué necesidad, OBJETIVA y MATERIAL, había de meter en la aplanadora electoral a la ex presentadora del esperpento de Miami “Decisiones”?), la inclusión de Diana Acosta quedó clara cuando nos enteramos de sus relaciones político familiares con uno de los grandes mineros de este país.

“… al designar como mejor asambleísta a una que, literalmente, no ha aportado NADA en las discusiones…”

Hasta ese día había resultado insultante poner a la comentarista de la conservadora y reaccionaria “Lo que callamos las mujeres” por encima de defensoras de los derechos civiles como Gina Godoy. Parecía increíble que nadie advirtiera en Alianza País las contradicciones flagrantes de la ética/estética de los programas amarillistas de Rolando Panchana (socio intelectual de Acosta en la defensa de la explotación minera sin límites) contra los principios éticos/estéticos del socialismo y la democracia (que como bien nos han recordado Los Encuentros del Otro Cine, son casi lo contrario del spot marimbero imperante). Pero para fortuna de los socialistas orgánicos del siglo XXI, antes que un traspié ideológico, se había tratado de la añeja práctica de pagar con curules los aportes generosos de campaña, así como de dejar metida una cuña (perdón: una nuera) en defensa de unos intereses materiales muy concretos.

Algunos compañeros de Alianza País prefieren, en lugar de la realidad, contarse cachos. Dicen que para tercera en la lista nacional Correa quería a Marena Briones, pero al no recordar su nombre preguntó: “¿Cómo es que se llama esa mujer guayaquileña, madura, interesante y de nombre raro que escribe en el periódico?”, y un acelerado contestó: “¿Aminta Buenaño?”. “¡Esa! Bueno, creo que sí”, asumió el despistado. Una broma (cualquier parecido con la realidad no sería un accidente, sino una tragedia nacional) que intenta tapiñar un descontento estructural en la “ahora-resulta-que desprestigiada-Asamblea-por-culpa-de-la-democracia”. Qué curioso, por decirlo suave, que en este proceso de cambio se desgasten figuras como Alberto Acosta y Javier Ponce, y no la derecha, representada por Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Una coherencia entre la defensa del imperio del pensamiento religioso sobre nuestras vidas y la promoción y protección al derecho al billete tan indudable como elocuente. Rosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del etcétera.

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Este es un tema propiamente constitucional y que saca chispas: Que vale más, el derecho al trabajo o el orden en las ciudades?

Mucha gente recuerda el desorden en los sectores céntricos de la ciudad debido al comercio informal. Hoy que han cambiado las ciudades, pocos quieren ver lo que se veía en el pasado. Este video muestra el antes y después, en el caso de Guayaquil:

De otro lado, los comerciantes informales se ganan el pan diario trabajando. Correa ha dicho que perseguir al trabajador informal es “criminalizar el trabajo”, pero no debe olvidarse que el espacio público es para todos: si un particular se apropia de un espacio público les está privando a los demás de varios derechos:

• Derecho de los demás al libre tránsito
• Derecho de los demás a calidad de vida digna: Que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios para una calidad de vida.
• Derecho de los comerciantes formales a la seguridad jurídica: ellos pagan patentes municipales, impuestos, arriendos, etc.
• Derecho de los comerciantes formales a la igualdad.

Los textos aprobados dicen:

Art. (1).- El derecho al trabajo .- El trabajo es un derecho social y económico, fuente de riqueza y base de la economía. El Estado promoverá las diferentes modalidades del trabajo y asegura al trabajador/a el respeto a una existencia digna para sí y su familia. Se reconoce el derecho al descanso obligatorio de los trabajadores.

El Estado garantiza las condiciones que hagan efectivo y exigible estos derechos.

Art. (6).- No discriminación e inclusión en el trabajo.- (…) Se reconoce y protege el trabajo autónomo y por cuenta propia realice en espacios públicos, permitidos por la ley y toras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo.

Finalmente, hay que recordar que estos artículos son de la Constitución que entraría en vigor si se aprueba el referéndum, no de un mandato que ya esté vigente.

¿Tienen los trabajadores informales derecho a trabajar? ¿Cómo compaginar los derechos de unos a trabajar con los de TODOS a tener orden en la ciudad? ¿Si no se incauta mercadería cómo los policías municipales van a controlar las ventas ambulanes en zonas regeneradas?

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El funcionamiento de la Función Ejecutiva está regulado en un Estatuto que, para los abogados, se llama simplemente ERJAFE.

El artículo 16 del Estatuto dice:

“Art. 16.- ORGANIZACION MINISTERIAL.- La Función Ejecutiva se organiza en los siguientes ministerios:”

Y a partir de ahí, enlista los ministerios de Estado en letras, de la A a la Z. Como el número de ministerios llega -literalmente- hasta la Z, yo me convencí que el Gobierno ya no iba a crear más ministerios.
Pero es ahí cuando crean la Secretaría Nacional del Agua, órgano de rango ministerial. Y con ésta ya son 37 los ministerios y secretarías “de todos”:

Ministerio del Ambiente	Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Trabajo y Empleo	Ministerio de Turismo
Ministerio de Finanzas	Ministerio de Industrias y Competitividad
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca	Ministerio de Inclusión Económica y Social
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	Ministerio de Educación
Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable	Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración	Ministerio del Deporte
Ministerio de Cultura	Ministerios Coodinadores
Ministerio de Coordinación de la Producción	Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa
Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social	Ministerio de Coordinación de Patrimonio Cultural y Natural
Ministerio de Minas y Petróleos	Ministerio de Coordinación de Política Económica
Ministerio del Litoral	Ministerio de Coordinación Política
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos	Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo	Secretaría General de la Administración Pública y Comunicación
Secretaría General de la Presidencia	Secretaría General Jurídica
Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana	Secretaría Nacional del Migrante
La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología	Secretaría Nacional Anticorrupción

Los nuevos logos y los comerciales de los ministerios, en cambio, son de Vinicio.

(Este post es conmemorativo por cumplir un año de haberse abierto este blog en el portal www.somosdemocracia.org. El blog original (www.asamblea-blog.ec) tiene más de 37.000 visitas en total y cientos de comentarios. Mientras, el blog www.somosdemocracia.org/asambleablog es el blog más visitado dentro de Somos Democracia (el triple del siguiente más visitado), tiene las entradas más comentadas de todos los blogs y tiene las entradas más votadas de todos los blogs. Gracias a todos.)

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Y otro funcionario reciclado del gobierno de Palacio.

Esta vez se trata del nuevo Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, quien fue Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República durante la administración anterior y representante del Dr. Palacio en varios directorios. Hoy asume como abogado del Estado y tendrá que enfrentarse a problemas harto espinosos como los casos ante el CIADI (Oxy, City, MachalaPower, etc.), la acusación de corrupción que Correa lanzó contra funcionarios de la Procuraduría, la reforma legal que quitaría el poder de la Procuraduría para revisar contratos ANTES de su firma, la acusación de un asambleísta de PSP que en la Procuraduría se redactan artículos para la Constitución, entre otros…

La posesión de García fue realizada por Alberto Acosta. El texto del mandato no ha sido publicado aún, pero la prensa ha dado información de que el texto señala que el encargo es temporal, pudiendo ser revocado en cualquier momento sin derecho a reclamar.

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No pongo el título entre paréntesis porque es un hecho: más temprano que tarde, la Asamblea Constituyente va a eliminar la tercerización laboral, que propiamente se llama intermediación laboral. Sólo quedará la prestación de servicios complementarios para ciertas tareas específicas: guardianía, correspondencia, alimentación, entre otros. El problema es que permitirían que el guardia reciba no solo utilidades de la empresa de seguridad, sino también de la empresa donde está brindando seguridad. Igualmente con los cocineros, correos y demás:

Esto puede ser un error gravísimo: aumentar las “bocas” de las utilidades reducirá lo que reciben los empleados directos por utilidades. Por otro lado, es complicado determinar qué guardia recibirá utilidades, si cambian de turnos periódicamente. Algunas empresas de seguridad trabajan para condominios o casas particulares: ellos no van a recibir utilidades de la “empresa usuaria”, pues no hay utilidades. Eso fomentaría que los guardias prefieran trabajar en empresas y no en seguridad residencial. O sería descaradamente desigual: unos guardias con doble utilidad y otros sólo una (la de la empresa de seguridad).

Aunque más difícil, este ejemplo también puede extrapolarse a otros servicios complementarios. Es más, no quiero ni imaginarme qué pasará con los que entregan correspondencia. (Será que reciben utilidades de cada empresa para la que entregan cartas?).
Así como el fin de la tercerización es un hecho, también lo es que NO se eliminará la contratación por horas, sino que se la limitará a un número de horas máximo por hora, para que no ocurran los desaguisados que hoy se ven: gente que trabaja 8 horas diarias, pero no tiene un contrato regular, sino uno por horas, lo que significa: sin beneficios ni bonos ni antigüedad.

Finalmente, también quedará la institución de la jornada parcial permanente como una alternativa para quien debe trabajar menos horas que un contratado regularmente pero más horas que las señaladas como máximo para la contratación por horas.

Aunque no pongo signos de interrogación en el fin de la tercerización, tampoco pongo carita feliz ni carita triste (o sea:  o :(   en el título), pues no se si el efecto de eliminar la tercerización como institución vaya a ser positiva o negativa: tal vez NO elimine las formas precarias de trabajo y tal vez TAMPOCO fomente el empleo formal. En definitiva: puede que el remedio funcione, pero puede que no funcione y resulte incluso contraproducente.

Aquí dos visiones escuchadas en la prensa A FAVOR de eliminar la tercerización:

1. Irina Cabezas, Asambleísta por Tungurahua (lista 35)

…se organizan verdaderas empresas para el tráfico de la fuerza de trabajo (…) y, por esta denominada gestión laboral cobra una comisión que equivale a la parte de león pues toma del salario del trabajador hasta la mitad de su valor para su propio beneficio, restándole al trabajador hasta el 50% de su salario…

2. Diego Borja, asambleísta por Pichincha (lista 12):

“el objetivo es proteger a los trabajadores y trabajadoras que somos la mayoría de los ecuatorianos, no ceder a las presiones de los grupos, minoritarios, que quieren mantener el actual estado de cosas desfavorable a la mayoría y elaborar un texto que, al tiempo que protege las fuentes de trabajo, garantice la dignidad de los trabajadores.”

Ahora dos visiones EN CONTRA de eliminar la tercerización:

Sebastián Borja, Cámara de Industriales de Pichincha:

“El resultado fue un mandato inaplicable que perjudicará a las empresas usuarias, pues habrá un incremento del 12% en sus costos de  mano de obra (…) La tercerización está reconocida por la OIT (Organización Internacional del Trabajo, una dependencia de la ONU)”.

Francisco Roldán, del mismo gremio:

“En las plantaciones se contrata a las personas por temporadas o por horas, según la actividad. En esos casos no se puede tener a todos los obreros directos”.

La tercerización no suena bonito, es cierto, pero… ¿Será que eliminándola hay más calidad y cantidad de plazas de trabajo?

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Bastaron 89 manos levantadas para que el Presupuesto General del Estado sea EL DOBLE de lo que era al comienzo del día.

Es que se aprobó en la tarde de este martes la Ley para la Recuperación del Uso de Fondos Petroleros del Estado y Racionalización de los Procesos Administrativos de Endeudamiento. Con un nombre tan largo y aburrido, no sorprende que la prensa la haya llamado “la Ley Petrolera”, aunque en realidad es más una ley presupuestaria.

Esta ley básicamente elimina los Fondos petroleros que se crearon con varias leyes para “blindar” los recursos del petróleo. Además, la ley simplifica los procedimientos para endeudarse, pero no los hace tan simples como Correa quería.

Analicemos como Jack el destripador: parte por parte.

1. Los Fondos Petroleros

Los precios del petróleo están subiendo desde el año 2000. La filosofía detrás de los fondos petroleros es no gastarse todos los ingresos extraordinarios, sino guardar una parte de ellos para el tiempo de vacas flacas.

El FEP.- El Fondo de Estabilización Petrolera, FEP, fue creado en 1998. Recibe fondos de la diferencia entre el precio de venta del petróleo y el precio que se ponía en el Presupuesto. El año pasado, manejó 2.241,5 millones de dólares. Esos fondos se repartían a: la Troncal Amazónica, prefecturas de la frontera, Galápagos, la Policía Nacional y un saldo quedaba en el Fondo. Otro porcentaje servía para la cuenta CEREPS (ver más abajo).

La parte cuestionada por el gobierno es precisamente ésa: ese saldo podía usarse por el Ministerio de Finanzas para comprar deuda externa anticipadamente. Esto provocaba que los bonos de la deuda ecuatoriana subían de precio, para beneficio de los dueños de esos bonos.

El FEIREP.- Este Fondo, con el nombre más feo y más famoso, se creó en 2002. Se llama Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público y servía para: pagar anticipadamente deuda externa e interna (deuda con el IESS, por ejemplo), así como para emergencias y catástrofes. Una parte de este fondo servía para alimentar el FEP.

En 2005, el Ministro de Economía de Alfredo Palacio (adivinen quién) pasó una ley que cambió el FEIREP con el CEREPS, que ya no tenía como prioridad pre-pagar deuda pública, sino proyectos productivos, de investigación científica y de reparación ambiental. Por eso cambió de nombre: Cuenta de Reactivación Productiva y Social, del Desarrollo Científico-Tecnológico y de la Estabilización Fiscal (Cereps).

CEREPS.- Como ya dejó de ser “fondo”, ya no estaba administrada por un fideicomiso, sino directamente por el Ministerio de Finanzas. De todos modos, la cuenta no podía tocarse si no era para gastos de los permitidos por la ley. Entre esos gastos permitidos, está poder gastar por emergencias y catástrofes.

El año 2007, el presidente Correa decretó numerosas emergencias. El objetivo de estas emergencias era usar los fondos destinados para emergencias.

El FAC.- El Fondo de Ahorro y Contingencia es una rama de la cuenta CEREPS. Como es un fondo, lo administra un fideicomiso. El administrador del fideicomiso era el Banco Central. Aunque en teoría el FAC debía dar fondos a instituciones educativas, de seguridad y otras, en la práctica sirvió para pagar las emergencias eléctricas, que se decretan de cuando en cuando para pagar a las generadoras eléctricas la diferencia del costo de la energía, porque generar electricidad es más caro de lo que nosotros pagamos.

El FEISEH.- Cuando Palacio caducó el contrato con Oxy, fue necesaria una ley para ordenar el destino de los nuevos ingresos que debía tener el país con el bloque 15. El Fondo Ecuatoriano de Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífero se llenó -desde 2005 a 2007- con nada menos que la friolera de 3.034 millones de dólares. Es el fondo más boyante, administrado por un Comité especial.

Básicamente, este Comité aprobaba dar fondos para cierto tipo de obras: centrales hidroeléctricas, oleoductos, refinerías, etc. El Feiseh dio fondos para iniciar la construcción del proyecto Toachi-Pilatón (propuesto por la Prefectura de Pichincha), para los estudios del proyecto Coca-Codo-Sinclair (fondos pedidos por Termopichincha, accionista de CCS SA) y otros.

Aunque los fondos permitieron destinar fondos para proyectos específicos, era muy costoso manejarlos, no se entregaban para poder pre-pagar más deuda más rápido y son tan confusos que no permiten la transparencia (ver cómo un fondo alimenta a otro, éste otro entrega a un tercero, que se desprende de otro fondo, etc.).

2. Efectos de la Ley aprobada

La Ley básicamente elimina todos los fondos y entrega esos recursos al Presupuesto General del Estado, aunque dispone que ingresen como “Ingresos de capital” y no como “Ingresos corrientes”. En la práctica, eso significa que, igual que los fondos, no podrían ser gastados en cualquier cosa, sino sólo en gastos de inversión. Pero es más transparente: cuenta de capital hay sólo una, no varias.  Además, el Ministro de Finanzas maneja esos fondos a un costo mucho menor que lo que cobraba el BCE, los fideicomisos y la Comisión del FEISEH.

Si sumamos casi 2 mil con casi 3 mil millones de dólares, los fondos representan más de 5 mil millones de dólares. Casi lo mismo que TODO el Presupuesto General del Estado 2008.

La gran crítica a esta reforma es que no hay seguridad de que se guardará dinero para las vacas flacas. Y por más que ahora estemos en problemas, estaremos peor si en tiempos de pobreza no estamos listos para afrontar gastos mínimos.

3. Ingresos de Capital vs. Ingresos Corrientes

Los que más protesten no serán los preocupados por el tiempo de vacas flacas, sino los alcaldes y prefectos. La razón: si los fondos ingresan al Presupuesto como “ingresos corrientes” serán calculados para el 15% de la Ley de Descentralización. Como van a entrar como “ingresos de capital”, el gobierno central no va a compartir NADA de esos fondos con los entes seccionales.

Es bueno poner como “de capital” los ingresos petroleros, pues el petróleo es un patrimonio -un capital- del Estado. No sería correcto gastar en usos corrientes estos ingresos que no son corrientes: son extraordinarios. Sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno igual va a gastar esos ingresos de capital. Lo lógico es que esos fondos se gasten en adquirir bienes que también sean “de capital”: plantas hidroeléctricas, oleoductos, carreteras, etc.

4. Correa no se sale con la suya (casi)

Eliminar fondos es completar la tarea iniciada en 2005. Pero, aprovechando esta ley, Correa también propuso eliminar los artículos que hacían complejo el proceso de endeudamiento. Antes, para contratar deuda externa debía seguirse varios pasos:

• Que la deuda esté dentro del límite anual de endeudamiento.
• Que el BCE le autorice endeudarse al Ministro de Finanzas
• Que el Procurador le autorice endeudarse al Ministro de Finanzas
• Que el Presidente de la República le autorice endeudarse al Ministro de Finanzas
• Firmar un Acuerdo Ministerial.

Hoy, el Ministro de Finanzas puede endeudarNOS al paso:

• Que una comisión de la Función Ejecutiva le autorice al Ministro de Finanzas
• Que el Procurador le autorice al Ministro de Finanzas
• Firmar un Acuerdo Ministerial.

Según se ha comentado, el fin de esto es que no se necesite firma del Presidente para la deuda. Recordemos: Gustavo Noboa estuvo en prisión por autorizar una renegociación de la deuda externa.

El peligro de simplificar tanto el proceso de endeudamiento es que el Ministro nos puede endeudar hasta el cuello. Entre 1970 y 1979, el Ecuador se endeudó agresivamente, precisamente porque en esos tiempos de dictadura, no había ningún requisito para el endeudamiento.

5. Libertad de gasto: ¿populismo o inversión?

Con la ley aprobada, el Ministro tiene el DOBLE para gastar. Si lo hará con sabiduría o con miras a las próximas elecciones, es algo que no puede saberse. ¿Qué cree usted que pasará con este gobierno?

6. Reglamento urgente 

Por último: la definición de “gastos de inversión” debe estar en un Reglamento que el Ejecutivo promulgue (hasta ahora no hay el reglamento de la Ley de Equidad Tributaria). Mucho ojo, pues este reglamento sólo puede considerar “de capital” a los gastos que el soberano (el pueblo) ordenó en consulta popular el 26 de noviembre de 2006:

Pregunta 3
¿Está de acuerdo en que, el Congreso Nacional, dentro del plazo de cinco meses, expida leyes encaminadas a garantizar que los recursos petroleros no previstos o superiores a lo presupuestado en el presupuesto general del Estado, sean destinadas a la inversión social y a la reactivación productiva?

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¿Qué les parece este texto?

Los artículos fueron aprobados con el siguiente texto.

Art. 1. El territorio ecuatoriano constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. La capital es Quito.

 

Art. 2. El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie podrá atentar contra la unidad territorial ni fomentar la secesión.

 

Art. 3. El Estado ecuatoriano es propietario y ejerce soberanía en especial sobre los recursos naturales no renovables que se encuentren en su territorio, incluidos el agua, los yacimientos minerales y de hidrocarburos; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro electromagnético. El patrimonio cultural es bien público, bajo las distintas formas de propiedad que establezca la Constitución y la Ley.

 

Art. 4. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártica, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y con la legislación nacional.

 

Art. 5. El Ecuador es un territorio de Paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

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