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1. Política económica

Uno de los grandes peros que se le puso a la Asamblea, por la forma cómo se logró llevar a cabo, es el riesgo de que el producto sea una “Carta Correísta”. Esta duda ya estuvo en este blog y debió esperar el texto constitucional para ser despejado.

Los artículos relacionados con la política económica no están redactados para una duración muy prolongada: en lugar de establecer principios generales, los asambleístas han puesto la teoría del plan del gobierno actual en materia económica:

• Enumera los sectores “estratégicos” y se reserva para el Estado el derecho de gestionarlos y también de controlarlos. La ley regulará el rol de la empresa privada en sectores estratégicos y servicios básicos.
• Elimina el concepto “economía social de mercado” por el de “economía social y solidaria”.
• Distribución equitativa y solidaria de los beneficios generados “socialmente”.
• Consagra que el presupuesto servirá para pagar subsidios, pero también para financiar incentivos a la producción.
• Todo gasto permanente se financiará con ingreso permanente.
• Política fiscal debe apuntar a la estabilidad económica, no a la estabilidad fiscal.
• Son ingresos permanentes: tributos y aranceles. Son ingresos no-permanentes: deuda y extracción de recursos no renovables.
• Solo entes públicos pueden financierse por tasas y contribuciones. Esto elimina aportes obligatorios a SOLCA o JBG, por ejemplo en el uso de crédito diferido en tarjetas de crédito.
• Compras públicas deben priorizar el producto nacional, especialmente de la economía popular y solidaria.
• El cuarto poder (control ciudadano) controlará el endeudameitno público.
• Reglas para hacer más difícil el endeudamiento.
• No se podrá financiar gasto permanente con deuda pública.
• Se prohíbe la estatización de deudas privadas y la concesión de garantías de deudas privadas por parte del Estado.
• Presupuesto plurianual (4 años). Pablo Lucio Paredes y Roberto Noboa votaron a favor de este artículo.
• El Legislativo no puede modificar el presupuesto, solo se permiten ajustes por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma.
• Se prohíbe preasignaciones presupuestarias, excepto para gobiernos seccionales, educación superior, Sector Educación y Sector Salud.
• Cuenta Única del Tesoro. Larga vida al e-Sigef.
• Principios del sistema tributario: generalidad, progresividad, simplicidad administrativa, no retroactividad, equidad y suficiencia recaudatoria.
• La moneda de uso común constará en la Ley. Actualmente, el art. 264 señala que la moneda es el sucre.
• Principios de la política exterior: integrarse en la globalización, pero de manera estratégica, promover exportaciones con valor agregado, aprovechar economías de escala y diversificar destinos.
• Sistema financiero: “servicio público delegable”, como León Roldós ha propuesto desde hace años. Correa ha dicho que esa frase puede prestarse para que algún rato un banco quebrado se haga el loco y le devuelva el “servicio público” al Estado, para que se haga cargo del muerto.
• Sistema financiero reconoce no solo a bancos y cooperativas, sino también a asociaciones, cajas y bancos comunales.
• El Estado fomenta el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. No se cómo se democratiza el crédito.
• La ley puede declarar “no privatizable” a cualquier negocio.
• Los recursos no renovables son de propiedad del Estado, su explotación se realizará directamente por medio de empresas públicas o de forma delegada por empresas privadas y comunitarias, de conformidad con la ley.

De todas estas decisiones, lo más grave es la eliminación de la economía social de mercado. Explico en detalle: Si mañana es necesario probar en un juicio qué cosas puede o no hacer el Estado o qué cosas puede o no hacer un particular, yo puedo explicar al juez que el marco general se llama Economía Social de Mercado y que el concepto, características, especies y rol del Estado y de los particulares han sido explicados por economistas y filósofos en muchos libros. En cambio, si pasado mañana (con una nueva constitución), se necesita explicar a un juez que el Estado no puede hacer algo o que DEBE hacer algo, no podré presentar ningún libro que explique qué es “economía social y solidaria”. Tal vez pueda presentarle algunas entradas de blogs en la página de la Asamblea, pero no creo que sean tan consistente como los 50 años de libros que se puede encontrar sobre el concepto actual.

En lo positivo: sí menciona al mercado como parte del sistema económico. No cualquier mercado, sino uno con características positivas (que, en muchos ámbitos, no se ve en nuestro país):

“Se promoverá el intercambio de bienes y servicios en mercados transparentes, competitivos y complementarios, priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad.”

Esta forma de redacción se parece mucho a un traje a la medida de este gobierno. No digo que no coincida con algunos puntos arriba señalados, pero me parece demasiado detalle entrar a temas como una cuenta única del tesoro.

Si después de varios años gana un presidente de derechas, difícilmente podrá ejecutar su plan sin romper la constitución. El resultado: el trabajo que ahora se hace no durará más que aquel que realizaron Hurtado y compañía en Sangolquí hace diez años.

Es importante aclarar que estos artículos fueron debatidos en el pleno, es decir, aún no han sido aprobados en segundo debate. Aprecio mucho sus comentarios, que ojalá sean leídos también en ciudad Alfaro.

Más info:
Principios Generales del Desarrollo (texto previo ya aprobado por el pleno).

Artículos del sistema económico (de donde sale el resumen).

Informe de minoría (Pablo Lucio Paredes y Roberto Noboa).
2. Constitución extensa

Otra oferta de la Asamblea en sus inicios fue hacer una constitución manejable. Es decir: sucinta.

No se ha cumplido. A la fecha se han aprobado 57 artículos. Para ir a segundo debate están 167. Hasta ahí, van 224 artículos.

Pero diversos capítulos están pendientes y se especula que serían 99 los artículos que saldrán de las Mesas. En total: 323 artículos.

Para comparar: en la Constitución actual hay 284 artículos y son demasiados en mi opinión.

No se ha hecho una cuenta de cuántas Disposiciones Transitorias saldrán.

3. Correa y la opinión de Tania Tinoco

He escrito este post después de ver una entrevista que Alfonso Espinosa de los Monteros y Tania Tinoco hicieron a Rafael Correa. A ratos, también fue una entrevista de Rafael Correa a Tania Tinoco.

Para mi, se ha vuelto un hobbie cachar errores del presidente en su cadena. Parece que Tania tiene la misma afición, pues le repitió algo que textualmente dijo el Presidente sobre la oposición de Eduardo Delgado, Napoleón Saltos y otros:

“esos grupos intrascendentes, nunca estuvieron con nosotros: que se vayan no más”

Correa le dijo a Tania que seguramente él dijo “grupos intransigentes”, pero en realidad dijo “grupos intrascendentes”: yo lo escuché.

Al final, la entrevista terminó pero Correa y Tinoco siguieron discutiendo. Buena parte de la discusión televisada se refereía a sobre si es o no relevante la opinión de Tania Tinoco.

Seguramente el Presidente salió de Bellavista convencido de que ganó una discusión. El problema es que lo que realmente gana es una fama de “fosforito” y además -él sí- de “intransigente”.

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Medio en broma-medio en serio, había comentado que el gobierno de Rafael Correa no se dirigiría hacia el “humanismo cristiano de izquierda”  ofrecido en campaña sino hacia el socialismo “del siglo XXI” que propugna el gobierno venezolano.

Desde entonces, había planeado escribir sobre qué es esta denominada corriente ideológica. Para ello, he buscado declaraciones históricas de Hugo Chávez, he leído el libro de Heinz Dieterich (aún no acabo de leerlo en realidad) y, claro, he recogido algunas de las ideas lanzadas en el Ecuador.

Antes de explicarles qué he encontrado, quiero preguntar:

¿Qué entiende usted por el Socialismo “del siglo XXI”?

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O, dicho en otras palabras, Menos Patiño y Mas Acosta.

Este es un llamado para recordar que en este tiempo debemos debatir los grandes temas que irán a en la redacción de la Nueva Constitución. El texto de máximo valor legal que nos acompañará, ojalá, los próximos 10 o 20 años.

Una buena constitución no nos garantizará la felicidad, es cierto, pero una constitución mal-hecha, nos garantiza un mal futuro.

Dejemos que los políticos (Correa incluido) peleen por llamar la atención, que ellos hablen de rocolas y de obras. Nosotros debemos debatir lo que realmente importará a las futuras generaciones:

* Qué modelo de desarrollo económico queremos tener?

* Qué moneda nacional queremos tener?

* Cómo queremos organizar administrativamente nuestro país?

* Qué tareas le vamos a encargar al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial?

* Queremos crear una nueva función de control del Estado?

* Qué rol va a desempeñar el Estado en la economía?

* Queremos libertad o imposición?

* Queremos ser una sociedad que tome sus propias decisiones o vamos a depender de la embajada americana o de la venezolana?

Por favor, demos un espacio a la reflexión de estos temas, antes que a los bailes de regguetón con mandadas de mano.

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Para sus comentarios, queda abierto el debate:

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La Propuesta Cardoso

*Por: Fernando Henrique Cardoso

Así como las fotos de los puentes inacabados son la metáfora del desperdicio y de la corrupción, los grilletes colocados indiscriminadamente pasan a simbolizar la moralidad. “¡Ya que no rige la ley, que venga la represión!”

Esa reacción popular, aunque incomprensible, puede fomentar un caldo de cultivo que mine la democracia. Una democracia que no respeta ni cumple la ley es una planta frágil que se derrumba ante cualquier vendaval.

Hoy lamentamos con buenos motivos que en Venezuela se cierren los canales de televisión. Pero nos olvidamos que para llegar a un Gobierno de ese tipo, con popularidad pero desdeñoso de la democracia, hubo en el pasado gobiernos que no les preocupó ver que en sus manos la democracia se volviera ineficiente y corrupta, generando en el pueblo el ansia de venganza y de resultados para sus bolsillos.

De poco vale, no obstante, asistir al espectáculo y quejarnos de él. Es preciso actuar. Las direcciones políticas y de la sociedad podrían presionar en dos direcciones, ambas inhibidoras de los abusos y de la corrupción.

Primero: se impone la reforma del sistema electoral. Tan solo recuerdo argumentos conocidos. En el actual sistema de votación, la distancia entre electores y elegidos es abismal. Las elecciones son caras y no hay acompañamiento del desempeño parlamentario por parte del electorado.

El voto distrital disminuye el número de candidatos en cada circunscripción, abarata las elecciones facilitando así el financiamiento público y permite que el elector recuerde por qué candidato votó. De esa forma puede seguir el desempeño del parlamentario, penalizándolo si fuera el caso en la siguiente elección.

La objeción de que el voto distrital distorsiona la voluntad de las minorías ideológicas tiene peso decreciente como argumento, dada la urbanización y la formación de una opinión pública más diferenciada que exigirá en algunos distritos la presentación de candidatos ideológicamente comprometidos y en otros distritos le dará la victoria a candidatos procedentes de partidos ligados a causas específicas, como los verdes.

Si, a pesar de todo, el voto distrital puro pareciera inaceptable para la mayoría, caminemos hacia el voto distrital mixto. O incluso hacia la subdivisión de los estados más poblados en distritos, con cuatro, seis o máximo ocho diputados, manteniendo el voto proporcional pero disminuyendo en alguna medida la distancia entre representantes y representados. Incluso las listas cerradas de partido, que me parecen inconvenientes, rompen la promiscuidad actual y permiten responsabilizar a las direcciones de partido por los posibles desatinos.

Segundo: es preciso modificar la forma de elaboración del presupuesto de la unión, pieza básica de control democrático del dinero público. No nos olvidemos de la fórmula: No taxation without representation. En otras palabras, no puede haber creación o aumento de impuestos sino por decisión expresa de los representantes electos de los contribuyentes. De la misma forma, el uso de los recursos públicos sin transparencia y sin aceptación clara de los mismos representantes es una distorsión inaceptable.

(…)

Debe acabarse también con las “enmiendas de bancada”, pues se han vuelto una ficción: se hacen enmiendas “cúpula” que en la práctica abrigan a varias enmiendas individuales. Como, por otro lado, en una democracia no debe dársele al Ejecutivo la prerrogativa de ser el único que defina qué hacer con el dinero del pueblo, toca al Congreso establecer prioridades y aprobar los proyectos estructurantes. Esto, en cada coyuntura, para las diversas áreas en las que se divide el presupuesto: personal, gasto corriente, educación, salud, reforma agraria, infraestructura y lo que más haya.

Las discusiones pasarán a ser sobre las políticas para el país, liberando a los parlamentarios de la función de dependientes de lujo, devolviéndoles la grandeza de su misión como verdaderos representantes del pueblo y de los intereses de la nación.

Esas medidas, por cierto, no acabarán con la corrupción, que es un desvío de conducta, de responsabilidad moral de quien la comete y no hay sistema electoral ni práctica presupuestaria que lo impida. Pero es responsabilidad de todos, principalmente de quienes tienen las riendas del poder, restringir las condiciones que favorecen la trasgresión, so pena de lenidad con el crimen.

Diario Hoy publica un artículo de Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, el pasado domingo 10 de junio con el título “Corrupción, votación y presupuesto”. Aunque la propuesta de su texto se refiere a la política interna de Brasil, las soluciones planteadas calzan en la realidad ecuatoriana.

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