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La Asamblea Constituyente tomó este viernes 2 decisiones tardías. Se demoró varias semanas en reemplazar a Francisco Arellano en el cargo de Superintendente de Compañías. Y se tardó también en amnistiar a los comandos del Taurazo. 21 años no más.

1. Perdón y olvido al Taurazo

Érase una vez un piloto radical y carismático. Frank Vargas fue compadre de León Febres Cordero, pero no pudo tolerar que el gobierno haya nombrado a otra persona para Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. El 7 de marzo de 1986 se rebeló en la Base Aérea de Quito, contra una decisión que le pareció injusta, pues él era el más calificado para el puesto.

Creo que si tenía razón, debió ir a los tribunales a reclamar su ascenso, pero tal vez ya se imaginaba que iba a perder, pues LFC contraba la justicia (2 años atrás ocurrió el episodio de las tanquetas alrededor de la Corte Suprema). Probablemente los asesores militares del gobierno se negaban a poner en la jefatura de todo el poder militar a un oficial que parecía proclive a derrocar a LFC. Sea por ambición, sea por justicia o un simple “peleados los compadres…”, el caso es que el general Vargas armó una rebelión militar en el propio aeropuerto capitalino.

Para sofocar la rebelión de Vargas y la Fuerza Aérea, el gobierno ordenó a la Fuerza Terrestre tomar control de la Base Aérea, en la Av. La Prensa y Carlos V, junto al aeropuerto Mariscal Sucre. Superior en número y en estrategia, no le tomó mucho esfuerzo al Ejército reducir a los rebeldes pilotos. Alberto Acosta cuenta que civiles “progresistas” se presentaron en la Base Aérea para apoyar al General Vargas y, de pasito, tumbar a Febres Cordero. Los aerotécnicos repartieron algunos fusiles viejos a los civiles, previa consignación de su cédula: una rebelión “muy ordenada” como diría Acosta para la revista Mundo Diners hace un par de meses.

Sofocada la rebelión, Vargas fue mantenido preso en la Base Aérea de Manta. Su caso conmovió a sus subalternos-guardianes en dicha base aérea y se cernía la segunda rebelión. En 1987, LFC visitó la Base Aérea de Taura y fue secuestrado por un grupo de comandos de la Fuerza Aérea, que lograron que el presidente democráticamente elegido firme documentos comprometiéndose a liberar a Vargas, a los rebeldes de Quito y a no reprimir a los rebeldes de Taura. La periodista de Ecuavisa, Teresa Arboleda, cubrió el secuestro con la histórica toma en que se escucha a Febres Cordero preguntar: “¿Qué más firmo?”

Una vez de regreso en el poder, LFC ignoró los compromisos firmados bajo coacción y sancionó con el Código Penal Militar a los rebeldes de Taura. Años después, Rodrigo Borja aplicó la Ley de Gracia en su favor, pero no recuperaron sus derechos políticos.

He sido crítico de la gestión del empresario-modelo-talento de tv Vladimir Vargas, especialmente porque es un representante de Pichincha que ni siquiera vive en la provincia. Pero debo reconocer que sus revelaciones fueron históricas: su padre y los demás comandos habían sido torturados en su tiempo en prisión, los comandos de Taura no recibieron jubilaciones, ni siquiera derechos políticos.

Sus lágrimas fueron de valentía y reivindicación. Frank Vargas debió tener un buen día del padre.

Texto de la amnistía a los comandos de Taura

Noticia recogida en El Comercio

Texto de Diario El Telégrafo

2. Mandato 11: Nuevo Superintendente

Tras la denuncia de cobros obligados a los trabajadores de la Superintendencia de Compañías, el TSE removió de su cargo a Francisco Arellano. El puso un amparo constitucional, básicamente expicando que el TSE no tiene facultad para remover un funcionario cuando no es época electoral. A pesar de que Arellano no concurrió a la audiencia de amparo, lo terminó ganando.

Recuperó el puesto e intentó por varios días ocupar su cargo. Cuando por fin lo hizo, la mayoría del personal de la Superintendencia estaba más preocupado de los detenidos y los heridos, que de impedir a Arellano llevarse sus papeles y nombrar su reemplazo.

El 30 de mayo, Arellano presentó su renuncia a la Asamblea. La Asamblea no la aceptó, sino que declaró terminado el encargo que se le hizo en noviembre pasado.

Finalmente, el viernes, la Asamblea nombró para el cargo a Pedro Solines Chacón, un abogado guayaquileño que ha sido multifacético: durante 2007 fue subsecretario de la Administración Pública (cargo que se ejerce en Quito) y director de la Empresa de Agua Potable de Guayaquil. Suerte al señor Solines, le recomiendo no cobrar y no insultar.

Y no domiciliar compañías chinas. Diego Borja asegura que la domiciliación de Guanxi Road Co. no fue apegada a la ley. Guanxi se adjudicó el cuarto puente que unirá Guayaquil con Durán.

Mandato 11: Se nombra a Pedro Solines

Resolución 7: Se retira el encargo a Francisco Arellano

Noticia en El Universo

Noticia en El Telégrafo

Reseña de Diario El Comercio

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1. Política económica

Uno de los grandes peros que se le puso a la Asamblea, por la forma cómo se logró llevar a cabo, es el riesgo de que el producto sea una “Carta Correísta”. Esta duda ya estuvo en este blog y debió esperar el texto constitucional para ser despejado.

Los artículos relacionados con la política económica no están redactados para una duración muy prolongada: en lugar de establecer principios generales, los asambleístas han puesto la teoría del plan del gobierno actual en materia económica:

• Enumera los sectores “estratégicos” y se reserva para el Estado el derecho de gestionarlos y también de controlarlos. La ley regulará el rol de la empresa privada en sectores estratégicos y servicios básicos.
• Elimina el concepto “economía social de mercado” por el de “economía social y solidaria”.
• Distribución equitativa y solidaria de los beneficios generados “socialmente”.
• Consagra que el presupuesto servirá para pagar subsidios, pero también para financiar incentivos a la producción.
• Todo gasto permanente se financiará con ingreso permanente.
• Política fiscal debe apuntar a la estabilidad económica, no a la estabilidad fiscal.
• Son ingresos permanentes: tributos y aranceles. Son ingresos no-permanentes: deuda y extracción de recursos no renovables.
• Solo entes públicos pueden financierse por tasas y contribuciones. Esto elimina aportes obligatorios a SOLCA o JBG, por ejemplo en el uso de crédito diferido en tarjetas de crédito.
• Compras públicas deben priorizar el producto nacional, especialmente de la economía popular y solidaria.
• El cuarto poder (control ciudadano) controlará el endeudameitno público.
• Reglas para hacer más difícil el endeudamiento.
• No se podrá financiar gasto permanente con deuda pública.
• Se prohíbe la estatización de deudas privadas y la concesión de garantías de deudas privadas por parte del Estado.
• Presupuesto plurianual (4 años). Pablo Lucio Paredes y Roberto Noboa votaron a favor de este artículo.
• El Legislativo no puede modificar el presupuesto, solo se permiten ajustes por sectores de ingresos y gastos sin alterar el monto global de la proforma.
• Se prohíbe preasignaciones presupuestarias, excepto para gobiernos seccionales, educación superior, Sector Educación y Sector Salud.
• Cuenta Única del Tesoro. Larga vida al e-Sigef.
• Principios del sistema tributario: generalidad, progresividad, simplicidad administrativa, no retroactividad, equidad y suficiencia recaudatoria.
• La moneda de uso común constará en la Ley. Actualmente, el art. 264 señala que la moneda es el sucre.
• Principios de la política exterior: integrarse en la globalización, pero de manera estratégica, promover exportaciones con valor agregado, aprovechar economías de escala y diversificar destinos.
• Sistema financiero: “servicio público delegable”, como León Roldós ha propuesto desde hace años. Correa ha dicho que esa frase puede prestarse para que algún rato un banco quebrado se haga el loco y le devuelva el “servicio público” al Estado, para que se haga cargo del muerto.
• Sistema financiero reconoce no solo a bancos y cooperativas, sino también a asociaciones, cajas y bancos comunales.
• El Estado fomenta el acceso a los servicios financieros y a la democratización del crédito. No se cómo se democratiza el crédito.
• La ley puede declarar “no privatizable” a cualquier negocio.
• Los recursos no renovables son de propiedad del Estado, su explotación se realizará directamente por medio de empresas públicas o de forma delegada por empresas privadas y comunitarias, de conformidad con la ley.

De todas estas decisiones, lo más grave es la eliminación de la economía social de mercado. Explico en detalle: Si mañana es necesario probar en un juicio qué cosas puede o no hacer el Estado o qué cosas puede o no hacer un particular, yo puedo explicar al juez que el marco general se llama Economía Social de Mercado y que el concepto, características, especies y rol del Estado y de los particulares han sido explicados por economistas y filósofos en muchos libros. En cambio, si pasado mañana (con una nueva constitución), se necesita explicar a un juez que el Estado no puede hacer algo o que DEBE hacer algo, no podré presentar ningún libro que explique qué es “economía social y solidaria”. Tal vez pueda presentarle algunas entradas de blogs en la página de la Asamblea, pero no creo que sean tan consistente como los 50 años de libros que se puede encontrar sobre el concepto actual.

En lo positivo: sí menciona al mercado como parte del sistema económico. No cualquier mercado, sino uno con características positivas (que, en muchos ámbitos, no se ve en nuestro país):

“Se promoverá el intercambio de bienes y servicios en mercados transparentes, competitivos y complementarios, priorizando la satisfacción de las necesidades de la sociedad.”

Esta forma de redacción se parece mucho a un traje a la medida de este gobierno. No digo que no coincida con algunos puntos arriba señalados, pero me parece demasiado detalle entrar a temas como una cuenta única del tesoro.

Si después de varios años gana un presidente de derechas, difícilmente podrá ejecutar su plan sin romper la constitución. El resultado: el trabajo que ahora se hace no durará más que aquel que realizaron Hurtado y compañía en Sangolquí hace diez años.

Es importante aclarar que estos artículos fueron debatidos en el pleno, es decir, aún no han sido aprobados en segundo debate. Aprecio mucho sus comentarios, que ojalá sean leídos también en ciudad Alfaro.

Más info:
Principios Generales del Desarrollo (texto previo ya aprobado por el pleno).

Artículos del sistema económico (de donde sale el resumen).

Informe de minoría (Pablo Lucio Paredes y Roberto Noboa).
2. Constitución extensa

Otra oferta de la Asamblea en sus inicios fue hacer una constitución manejable. Es decir: sucinta.

No se ha cumplido. A la fecha se han aprobado 57 artículos. Para ir a segundo debate están 167. Hasta ahí, van 224 artículos.

Pero diversos capítulos están pendientes y se especula que serían 99 los artículos que saldrán de las Mesas. En total: 323 artículos.

Para comparar: en la Constitución actual hay 284 artículos y son demasiados en mi opinión.

No se ha hecho una cuenta de cuántas Disposiciones Transitorias saldrán.

3. Correa y la opinión de Tania Tinoco

He escrito este post después de ver una entrevista que Alfonso Espinosa de los Monteros y Tania Tinoco hicieron a Rafael Correa. A ratos, también fue una entrevista de Rafael Correa a Tania Tinoco.

Para mi, se ha vuelto un hobbie cachar errores del presidente en su cadena. Parece que Tania tiene la misma afición, pues le repitió algo que textualmente dijo el Presidente sobre la oposición de Eduardo Delgado, Napoleón Saltos y otros:

“esos grupos intrascendentes, nunca estuvieron con nosotros: que se vayan no más”

Correa le dijo a Tania que seguramente él dijo “grupos intransigentes”, pero en realidad dijo “grupos intrascendentes”: yo lo escuché.

Al final, la entrevista terminó pero Correa y Tinoco siguieron discutiendo. Buena parte de la discusión televisada se refereía a sobre si es o no relevante la opinión de Tania Tinoco.

Seguramente el Presidente salió de Bellavista convencido de que ganó una discusión. El problema es que lo que realmente gana es una fama de “fosforito” y además -él sí- de “intransigente”.

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Aquel socialismo del siglo XX no era uno sino eran dos: el socialismo teórico y el socialismo “realmente existente”.

Ejemplo: Según la teoría de Marx, el socialismo iba a ser un estadio previo al verdadero comunismo, momento en que la igualdad de clases sería tan igual -y tan utópica- que todos estarían convencidos de las bondades del sistema, no habría que controlar a nadie y nadie abusaría del camarada. Una vez que ello ocurra y que los medios de producción estén todos en manos de todos, el Estado perdería razón de ser y dejaría de existir.

Marx, Engels y Lenin. Stalin no asoma en el retrato seguramente porque estaba ocupado masacrando soviéticos.
Como todos sabemos, en la realidad, el socialismo hizo del Estado una poderosa entidad que sostenía los privilegios de la alta burocracia y la nomenklatura partidista sobre el trabajo esforzado de miles de trabajadores, quienes habían sido liberados de la explotación de mano del hombre, para pasar a ser explotados por la mano del Estado (que escondía a otros hombres).

Así como había diferencias entre el socialismo de los libros de texto y el de la “vida misma” en el pasado, no es lo mismo hablar de socialismo “del siglo XXI” teórico que el socialismo “del siglo XXI”. Así, el SSXXI que propone el teórico Hans Dieterich se abandera de ciertos postulados que no se ven en los gobiernos que se llaman a sí mismos socialistas “del siglo XXI”. El señor Dieterich propone en esencia, tres puntos:

• Economía de equivalencias: Que todo trabajo reciba una retribución igual por cada hora de trabajo. Intercambio de equivalencias entre las personas.
• Democracia participativa: Democracia a todo nivel (economía, política, cultura, lo militar). Plebiscito electrónico por internet.
• Estado no-clasista: Desaparece la función represiva del Estado, pasa solo a ser administrador de funciones generales.

En ningún país gobernado por un declarado socialista “del siglo XXI” se ha sustituido la forma libre de determinar los precios de bienes y servicios (y jornada de trabajo). Instaurar la economía de equivalencias suena utópico y parece no estar en la agenda de ningún gobernante.

Sobre la democracia participativa, Alberto Acosta ha señalado que, a diferencia del socialismo de siglos pasados, el SSXXI se caracteriza por “democracia, democracia y más democracia”. De su lado, Rafael Correa ha dicho: “Creo que la gran falla (de la Asamblea) es creer que una democriacia participativa es escuchar a todo el mundo, todo el tiempo y que todos participen en todas las decisiones”.

En el capítulo democracia, también debe anotarse la forma escatológica en que Chávez tuvo que aceptar el resultado negativo que tuvo en el referendum “contrarrevolucionario”.

Finalmente, las estructuras estatales de los países de la órbita SSXXI siguen siendo clasistas. No solo que el aparato represor no ha desaparecido, sino que se ha incrementado. Tanto Chávez, como Correa y Morales han realizado compras militares y movimientos de tropas en frontera. Casa adentro, cada uno de los gobiernos SSXXI ha tenido que usar el aparato represor estatal para imponer decisiones: RCTV, Superintendencia de Compañías, la Constitución Boliviana, …

El SSXXI “real” también se caracteriza por enfrentarse con la prensa, por ser nacionalista y por la baja tolerancia a la crítica.

Por otro lado, el SSXXI de la vida real ha impulsado acciones para eliminar segregaciones raciales en sus países.

Chávez, Castro y Morales

Hombres solos

Todo este antecedente quería llegar al siguiente punto: los gobiernantes socialistas “del siglo XXI” se caracterizan por estar solos:

• Hugo Chávez: Divorciado. Wikipedia dice que en los ochentas estuvo casado con Nancy Colmenares, de quien se divorció. Después, tuvo una relación con la izquierdista Herma Marksman, quien estuvo en el golpe de 1992, pero se alejó resentida y hoy es crítica del gobierno venezolano. Quien hizo de Primera Dama fue su segunda esposa, Marisabel Rodríguez, pero la relación no duró ni el primer mandato del Teniente Coronel.
• Raúl Castro: Viudo. Su esposa, Vilma Espín, fue la líder femenina de la Revolución. Hoy su hija promueve acciones de inclusión frente a los homosexuales.
• Evo Morales: Soltero. Su hermana funge de primera dama. Cuando asumió el poder (2006) dio a conocer que tiene un hijo, que se cría con su madre en EE.UU.
• Fernando Lugo: Soltero. Fue cura pero dejó los hábitos para entrar en política. Fue misionero en Echendía, Bolívar. Visitará Ecuador la próxima semana.
• Rafael Correa: Casado, pero su esposa es tan visible como la señora de Fidel Castro.
• Daniel Ortega: Unido, desde hace 30 años con la poetisa Rosario Murillo. A diferencia de todos los anteriores, su cónyuge tiene un importante rol en su gobierno, sin cargo oficial pero como asesora y asistente del Presidente.

Si el estado civil fuera lo único que define a un socialista “del siglo XXI”, deberíamos concluir que Néstor Kirchner no está en esa corriente, pues su matrimonio es entre iguales. Lamentablemente, de Argentina sólo importaremos las mañas para maquillar cifras estadísticas…

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Al cabo de varios meses, ya podemos evaluar la imparcialidad de los medios estatales. De lo que he podido ver, el canal público se conforma con las versiones oficiales de la Sala de Prensa de la Asamblea Constituyente y con los boletines que salen de Carondelet o de alguno de sus Z ministerios. Si hasta pareciera que el puñete en la mesa de Trajano Andrade fue más accidente que astucia del camarógrafo.

Por otro lado, el espacio de entrevistas de Xavier Lasso va muy bien: las diferentes visiones tienen espacio, tanto así que aparecen asambleístas de oposición y, en cuanto a otros temas, han entrevistado a gente que sostiene puntos de vista diferentes a los del gobierno, por ejemplo en el tema de la congesión de Quito.

Eso sí, no sabemos por qué cambiaron el logo de globitos recién al mes de estrenado. (Tal vez no se, pero me imagino por qué… o mejor dicho, por quién).

Sobre Diario El Telégrafo no puedo decir mucho. Apenas he leído un par de artículos de opinión, pero los titulares me parecen (además de difíciles de leer a la distancia) muy “de respuesta”. Es decir, básicamente el titular del diario público de hoy es una contestación a un titular -o noticia de televisión- que fue impactante el día de ayer. Si así es el resto del periódico, creo que debieran mejorar.

A pesar de esa idea de gobiernista que me transmite El Telégrafo, sorprende que se hayan arriesgado con una columna tan crítica como la de Santiago Roldós. La de hoy jueves es particularmente interesante:

Tomada de la edición impresa del 29 de mayo del 2008

El bello y las bestias (Rosana en las alturas)

Santiago Roldós B.

sroldos@telegrafo.com.ec

Así podría titularse el cuento de realismo mágico sobre la fascinación que provoca en el Salón de la Justicia (formalmente conocido como el noticiero de Carlos Vera) la tríada formada por Diana Acosta, Rosana Queirolo y Cristina Reyes. Flaco favor del connotado periodista a su dilatada carrera al designar como una de las mejores asambleístas a una que, literalmente, no ha aportado NADA en las discusiones de su propia mesa, y que sólo prende su máquina cuando, en el pleno, se encienden las cámaras de la telecracia.

El cuento del gallo pelón. A la consagración de la alharaca en el lugar de la dialéctica le siguen una pregunta y un descubrimiento. Porque mientras Rosana Queirolo continúa siendo un misterio en las listas de la revolución ciudadana (¿qué necesidad, OBJETIVA y MATERIAL, había de meter en la aplanadora electoral a la ex presentadora del esperpento de Miami “Decisiones”?), la inclusión de Diana Acosta quedó clara cuando nos enteramos de sus relaciones político familiares con uno de los grandes mineros de este país.

“… al designar como mejor asambleísta a una que, literalmente, no ha aportado NADA en las discusiones…”

Hasta ese día había resultado insultante poner a la comentarista de la conservadora y reaccionaria “Lo que callamos las mujeres” por encima de defensoras de los derechos civiles como Gina Godoy. Parecía increíble que nadie advirtiera en Alianza País las contradicciones flagrantes de la ética/estética de los programas amarillistas de Rolando Panchana (socio intelectual de Acosta en la defensa de la explotación minera sin límites) contra los principios éticos/estéticos del socialismo y la democracia (que como bien nos han recordado Los Encuentros del Otro Cine, son casi lo contrario del spot marimbero imperante). Pero para fortuna de los socialistas orgánicos del siglo XXI, antes que un traspié ideológico, se había tratado de la añeja práctica de pagar con curules los aportes generosos de campaña, así como de dejar metida una cuña (perdón: una nuera) en defensa de unos intereses materiales muy concretos.

Algunos compañeros de Alianza País prefieren, en lugar de la realidad, contarse cachos. Dicen que para tercera en la lista nacional Correa quería a Marena Briones, pero al no recordar su nombre preguntó: “¿Cómo es que se llama esa mujer guayaquileña, madura, interesante y de nombre raro que escribe en el periódico?”, y un acelerado contestó: “¿Aminta Buenaño?”. “¡Esa! Bueno, creo que sí”, asumió el despistado. Una broma (cualquier parecido con la realidad no sería un accidente, sino una tragedia nacional) que intenta tapiñar un descontento estructural en la “ahora-resulta-que desprestigiada-Asamblea-por-culpa-de-la-democracia”. Qué curioso, por decirlo suave, que en este proceso de cambio se desgasten figuras como Alberto Acosta y Javier Ponce, y no la derecha, representada por Vinicio Alvarado y Alexis Mera. Una coherencia entre la defensa del imperio del pensamiento religioso sobre nuestras vidas y la promoción y protección al derecho al billete tan indudable como elocuente. Rosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del etcétera.

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Pero sí está el artículo de derechos fundamentales. La prensa le dedica más tiempo a imaginarse nuevos escudos que a informar a qué vamos a tener derecho y qué podremos reclamar.

Veamos si los bloggers ponen aquí tantos comentarios sobre los derechos fundamentales como comentarios sobre los cuyes en el escudo:

Art.- El Estado respetará, hará respetar y garantizará a las personas, pueblos y nacionalidades, por igual y según corresponda, además de los derechos mencionados en otras disposiciones de esta Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y los que sean necesarios en cualquier circunstancia para salvaguardar la dignidad humana:

1. Derecho a la vida.- La inviolabilidad de la vida. No hay pena de muerte.

2. Derecho a la integridad personal.-

a. Respeto a la integridad física, psíquica, moral y sexual.

b. Tener una vida libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado. El estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar en especial la violencia contra niños, niñas, adolescentes, las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad.

c. Se prohíbe la tortura, tratamiento cruel, inhumano o degradante.

d. Se prohíben los experimentos médicos y de ingeniería genética que amenacen la dignidad de las personas.

3. Derecho a la igualdad formal y material y a la no discriminación.

4. Derecho a la libertad.-

a. Todas las personas, pueblos y nacionalidades son libres.

b. Se prohíbe la esclavitud, la explotación, la servidumbre, el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus formas. Ninguna persona puede ser privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.

c. Nadie será obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo permitido o no prohibido por la ley.

5. La libertad física y de movimiento.

6. La libertad de opinión y expresión del pensamiento.- Toda persona tiene derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas.

La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honor por afirmaciones o publicaciones pagadas o no, hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que se rectifica. Cuando la información inexacta y agravio fueran difundidos en entrevistas o programas en vivo, el o la afectada tendrá derecho al mismo tratamiento rectificatorio.

7. La libertad de conciencia y de religión.- Toda persona tiene derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos establecidos en esta constitución y en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Se prohíbe toda práctica que atente contra los derechos humanos.

8. Derechos sexuales.- Toda persona tiene derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad y vida sexual, incluida la identidad sexual, de género y la orientación sexual. El Estado sancionará todo acto de violencia sexual, prostitución forzada y esclavitud sexual o cualquier otra forma o expresión que atente contra los derechos sexuales.

9. Derechos reproductivos.- Toda persona tiene derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuando y cuantos hios/as tener y cada que tiempo.

10. Derecho a la reserva.- Toda persona tiene derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la información personal de terceros sobre sus creencias religiosas y filiación política, ni sobre datos referentes a salud y vida sexual, salvo para satisfacer necesidades personales de atención médica.

11. El Derecho a la objeción de conciencia.- Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, ésta no podrá quebrantar los derechos fundamentales, ni causar daño a otras personas o a la naturaleza.

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia, o a participar en el servicio militar.

12. La libertad de asociación y reunión.- Toda persona tiene derecho a asociarse y reunirse libremente con fines pacíficos.

La ley establecerá sanciones a grupos que se asocien o se reúnan con el propósito de realizar actos violentos o promoción de prácticas de odio, racismo, homofobia, segregación, discriminación o cualquier otra forma que atente contra los derechos reconocidos en esta Constitución.

13. La libertad de Circulación por el Territorio Nacional.- Toda persona tiene derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país. Este derecho será ejercido con las excepciones contempladas en la ley. La prohibición de salir del país solo podrá ser ordenada por el juez competente.

14. La libertad de iniciativa económica.- Toda persona en forma individual y colectiva tiene derecho a desarrollar cualquier actividad económica conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y de conformidad a la Constitución y la Ley.

15. La libertad de contratación.- Con sujeción a la Constitución y a la Ley.

16. Al libre desarrollo de la personalidad.- Sin más limitaciones que los derechos de los demás.

17. La libertad de trabajo.- Toda persona tiene derecho a la libertad de trabajo. Nadie puede ser obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso.

18. Derecho al honor.- Toda persona tiene derecho a la honra y al buen nombre. La Ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona.

19. Derecho a la protección de datos de carácter personal.

a. El Estado garantiza el derecho a decidir sobre los datos personales.

b. La Ley regulará la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de la información de esos datos. Para todo esto se requerirá la autorización del titular o la prescripción de la Ley.

20. Derecho a la intimidad personal y familiar.

21. Derecho a la inviolabilidad y al secreto a la correspondencia física y virtual.- La correspondencia no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley. Se guardará el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. El mismo principio se observará con respecto a cualquier otro tipo o forma de comunicación.

22. Derecho a la inviolabilidad de domicilio.- No se podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registro s sin su autorización o sin orden judicial, en los casos y forma que establece la ley.

23. Derecho de petición.- Las personas tienen derecho a dirigir quejas, peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas en los términos o plazos establecidos en la Ley.

En el caso de que la petición o el reclamo, formulado conforme a derecho, no sea atendido, se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud ha sido aprobada o que el reclamo ha sido resuelto favorablemente, sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario que la ocasionare. Para el ejercicio de este derecho no se necesitará el patrocinio de un abogado.

No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.

24. Derecho de acceso a la Justicia.- Las personas tendrán derecho a acceder gratuitamente a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, promoviendo la inmediación, la celeridad, sin que en caso alguno quede en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Este derecho incluye la obligación estatal de establecer una defensoría pública.

25. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.

26. Derecho a la comunicación.

27. Derecho a disponer de servicios públicos.- Toda persona tiene derecho a acceder a los bienes y servicios, públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato; así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características.

28. Derecho a la propiedad.- Con función y responsabilidad social y en los términos que señala la Ley.

29. Derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

30. Derecho a la calidad de vida digna.- Que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios para una calidad de vida.

31. Derecho a la seguridad jurídica.- que se fundamenta en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicamente conocidas y que reflejen la evolución social; aplicadas por instituciones que hagan parte de una estructura democrática y, cuya finalidad sea la protección de los derechos humanos individuales y colectivos e intereses nacionales, por sobre los intereses de la inversión, el capital y el mercado.

32. Derecho a la alimentación.- En todo momento, mediante el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias o a los medios para obtenerlos.

33. Derecho a la identidad personal y colectiva.

1. Tener un nombre

2. Conservar, desarrollar y fortalecer todas aquellas características tanto materiales como inmateriales que sean integrantes de la identidad, y que son, entre otras, la nacionalidad, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.

Este texto fue aprobado por la mayoría de la mesa de Derechos Fundamentales. En los artículos donde aparece la palabra “nacionalidades” no votó a favor Ma. Cristina Kronfle. Ella votó en contra en como se redactó el derecho a la libre expresión (en los demás, si votó a favor). El asambleísta Sergio Chacón (PSP) votó “abstención” en muchos literales, el presentó su propio informe de minoría.

También se han aprobado los principios fundamentales de los derechos.

Además, se puede revisar el proyecto de derecho al debido proceso, derechos políticos y derecho a la comunicación, aunque serán temas de futuros posts.

Via: Blog de la Mesa 1 (Derechos fundamentales).

Ahora veamos cuántos comentarios hay de parte de aquellos que reclaman a la Asamblea dedicarse a temas realmente constituyentes. Ojalá que a los propios ciudadanos les interese más sus derechos que los cuyes con sombrero.

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Lo hemos dicho muchas veces aquí, pero toca insistir: la Constitución solo debe ser una lista de derechos y unas reglas de equilibrio entre poderes. Para los símbolos patrios, la moneda, el deporte, los nombres de las instituciones públicas y todo lo demás, están las leyes.

Hasta ahora, las constituciones ecuatorianas no establecían cómo debía verse el escudo, ni qué cosas debiera tener. Hoy, Tania Hermida y sus amigos proponen que los símbolos debe tener -por orden de la constitución- imágenes que reflejen la interculturalidad.

En consecuencia, los símbolos tal y como los conocemos, pasarían a ser inconstitucionales, pues actualmente no reflejan la interculturalidad.

En El Ecuador de Hoy comentabamos sobre lo desfasado de varios detalles del escudo y sobre el sentido mismo del himno nacional. Si me preguntan a mí, tal vez debieramos cambiar esos detalles y re- escribir el himno, pero estoy totalmente en contra de que este tema aparezca en la Constitución.

Por lo pronto, revisemos que-mismo significan las cosas que están en el Escudo y la Bandera, antes de que la señora Hermida nos siga tachando de “ilegítimos”, solo porque pensamos diferente a ella:

El Escudo:

La Bandera:

Siendo Presidente de la República el General Eloy Alfaro, el Congreso Nacional de 1900 estableció la Bandera Patria por decreto del 31 de Octubre, que en su artículo segundo dispone: “El Pabellón Nacional será, sin alteración alguna, el que adoptó el Ecuador desde que proclamó su independencia, cuyos colores son: amarillo, azul y rojo en listas horizontales, en el orden en que quedan expresados de superior a inferior, debiendo tener la franja amarilla una altitud doble a la de los otros colores”. Este decreto legislativo, según reza la historia, fue sancionado por el Ejecutivo el 7 de Noviembre de 1900.

Los colores de nuestra bandera tienen los siguientes significados:

El amarillo: el oro, la abundante riqueza de la agricultura y los grandes recursos de que está dotado el país.

El azul: simboliza el océano, el claro y limpio cielo ecuatoriano.

El rojo: representa la sangre vertida por nuestros héroes que nos legaron Patria y Libertad.

Veamos qué dijo Tania Hermida sobre los que pensamos que los símbolos patrios NO se deben discutir en una Asamblea Constituyente:

“Sabemos que es una cosa que genera polémica, pero estamos convencidos que todo proceso de transformación conlleva también un proceso de transformación simbólica y que hay que hablar, hay que debatir y ponernos de acuerdo sobre hasta qué punto en esos símbolos está representado ese país diverso”, aseguró Hermida.

Descartó que este tema no es una estrategia para hablar de cosas que no tienen importancia, “desde mi punto de vista es absolutamente ilegítimo creer que los símbolos patrios no son algo importante”.

El debate se abrió en la página de la Asamblea, en El Ecuador de Hoy y El Federalista.

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La Asamblea aprobó un mandato (van 9 y contando) por el cual se permite al Fondo de Solidaridad utilizar sus recursos para capitalizar las compañías de electricidad y telefonía en las que es accionista para permitirles realizar inversiones en dichas áreas.

La historia básicamente es la siguiente: el Fondo de Solidaridad está instituido en la Constitución actual (art. 249 y siguientes), pero en ese texto se señala que sólo se puede usar los rendimientos (las utilidades) de sus recursos, no los recursos como tal. Este artículo fue interpretado por el TC en el sentido de que las acciones del Fondo de Solidaridad no pueden venderse, deteniendo el último intento de privatización de las empresas eléctricas y telefónicas, llevado a cabo en la administración de Gustavo Noboa.

Como el artículo de la Constitución actual impide al Fondo utilizar sus recursos, éstos están depositados en fondos de inversión, cuentas y otros instrumentos financieros y los intereses son utilizados para obras sociales inconexas, pensiones jubilares y otros. El objeto del presente mandato es utilizar los recursos -activos- del Fondo para invertirlos en las empresas a través de aumentos de capital.

Yo consideraba que, desde hace mucho tiempo, el Fondo podía “fondear” proyectos eléctricos y de telecomunicaciones a través de una figura relativamente simple: que las empresas operadoras titularicen el proyecto y que el Fondo invierta en esa titularización. Pero nunca se llevó a cabo esta idea.

Ahora, con la Constituyente a mano, hicieron un mandato que -de facto- reforma el artículo 249 y el 250 de la Constitución actual (o, al menos, los reinterpreta de un modo distinto a como lo interpretó en su momento el Tribunal Constitucional).

Un efecto colateral del mandato será que los municipios y otros accionistas secundarios tendrán menos injerencia en el funcionamiento de las eléctricas.

Me explico: a diferencia de las empresas telefónicas (Andina y Pacifictel), el Fondo NO tiene el 100% de las acciones en las distintas compañías provinciales de distribución de energía. Así, por ejemplo, en la EEQ (Empresa Eléctrica Quito, SA), el Fondo de Solidaridad tiene la mayoría de acciones, pero también son accionistas: El Municipio de Quito, el Consejo Provincial de Pichincha, el de Napo y la Cámara de Industriales. En la eléctrica de Manabí participan varios municipios manabitas, etc. Como el mandato permite que el Fondo realice aportes de capital, su porcentaje de acciones aumentará. A menos que los accionistas minoritarios también aporten capital en la misma proporción, el aumento de capital que realice el Fondo le permitirá tener un mayor porcentaje de acciones.

Actualmente y en muchos casos, el Fondo de Solidaridad tiene más del 50% de acciones, por lo que puede tomar decisiones con libertad, pero en ciertos casos tiene menos de la mitad, necesitando del voto de otros accionistas para remover administradores, implantar organigramas o decidir otras cuestiones de la compañía. Cuando el Fondo de Solidaridad sea el accionista mayoritario en TODAS las compañías, podrá decidir fusionarlas para crear un gran ente eléctrico.

Si: de nuevo Inecel

(no encontré un logo de esa compañía, así que hice uno).

INECEL fue creada en el anterior gobierno revolucionario y nacionalista (Rodríguez Lara, 1972-1976) y se eliminó en 1996 con la actual Ley de Régimen del Sector Eléctrico. INECEL terminó su vida “real” y pasó sus generadoras, transmisoras y oficinas a un montón de compañías eléctricas menores (una suerte de baby-ineceles). El modelo económico del sector eléctrico es demasiado absurdo como para explicarlo ahora, pero en resumen las generadoras baby-ineceles han ganado plata, tanto como la empresa transmisora (la dueña del famoso “sistema nacional interconectado”) mientras las distribuidoras provinciales (que han existido desde antes de 1996) pierden casi-de-ley.
El gobierno de Correa ha reciclado varios de los técnicos de Inecel en el nuevo Ministerio de Electricidad, pero la razón para revivir a esta empresa pública es fundamentalmente el modelo de negocios que Correa quiere para los sectores que se han dado en llamar “estratégicos”:

• No privatizar las empresas públicas.
• Transformar las empresas públicas de “sociedades anónimas” a “entidades de derecho público”.
• Cambiar las reglas de contratación pública para que el sector público sea más expedito en su accionar.
• Dotar a las empresas públicas de capital suficiente para invertir.
• Establecer una administración tecnocrática de las empresas.
• Agregar las compañías provinciales/regionales en una sola entidad pública de carácter nacional.
• Hacer un logo bonito para la empresa pública global y lanzar una campaña publicitaria para posicionar esa marca (este es un poroto dedicado a Vinicio).

En el largo plazo, este proceso de agregación también se vivirá en las empresas telefónicas (Jorge Glas, el duro del Fondo de Solidaridad ya ha anunciado eso, pero a esta hora es difícil buscar en mi delicious). Así, uniendo a Andina, Pacific y Alegro, renacerá la famosa Emetel:

Como se ve en el logo, de hecho, ni Emetel ni Inecel han dejado de existir: hoy son pequeños escritorios en el Fondo de Solidaridad esperando que acaben juicios laborales para extinguir completamente sus obligaciones.

Miedito, anyone?

Via: El Telégrafo

Sala de Prensa de Asamblea

Texto del Mandato 9

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Tal vez porque les recuerda mucho al gobierno de Lucio Gutiérrez. Y es que fue el gobierno de Sociedad Patriótica el que tenía el “inri” de colaborar con las FARC. Según el grupo guerrillero, Lucio tenía un acuerdo de “no agresión” con las FARC, en virtud del cual no habrían secuestros ni ataques en territorio ecuatoriano a cambio de permitir el libre ingreso de los guerrilleros a nuestro territorio.

Lucio en El Salvador junto a Rodrigo Granda, canciller de las FARC.

Lucio, ahora transfigurado en mejor amigo y aliado de Bush en la lucha antiterrorista.

Sólo así se entiende que el canciller de las FARC, Rodrigo Granda, se haya paseado como Pedro por su casa en Ecuador entre 2003 y el tiempo en que fue detenido. Recordemos: ahora Granda está libre gracias a una solicitud del gobierno francés.

Algunas notas de prensa de la época nos recuerdan el pacto Lucio-FARC. Agradecemos la colaboración de  antetodolaverdad@gmail.com, quien presenta los enlaces así:

En los links adjuntos se encuentra abundante información sobre los compromisos hechos con las FARC, reconocidos por alias Rodrigo Granda ex canciller de las FARC , que en palabras de Patricio Acosta, ex ministro de Bienestar Social del propio Lucio Gutiérrez, significaron: un logro vital para la soberanía. No hay incursiones de la guerrilla, tampoco secuestros. Mire y juzgue como hoy Fausto Lupera y Gilmar Gutiérrez se rasgan las vestiduras , cuando esta información está a la vista en un simple click…

• Diario El País (15 de septiembre 2006):   En el año 2004, tras la captura del guerrillero ‘Simón Trinidad’ en Quito, las Farc tildaron al entonces presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, de “traidor, servil y entreguista” por “no cumplir los acuerdos hechos”.

• Diario Hoy (14 enero 2005): el ex secretario de la administración, Patricio Acosta, dijo que sí se reunió con Granda, antes de que Gutiérrez asumiera la presidencia de la República. “El no haber hablado hubiera sido irresponsable, quién sabe qué estaríamos viviendo ahora, entonces, más bien hay que agradecer. Aquí no hay ningún misterio” aseguró Acosta en Ecuavisa

•  Diario Horizonte (29 junio 2005): Canciller de las FARC: “antes de la llegada de Lucio Gutiérrez, tuve varias entrevistas con él y se comprometió a no perseguir a las Farc en su territorio” También afirmó haberse reunido con sindicatos eléctricos.
•  Radio Cadena Val (11 marzo 2005): FARC: “Llamamos al Gobierno y al coronel Lucio Gutiérrez a cumplir los acuerdos asumidos”.
•  Diario El Mercurio (11 marzo 2005): FARC calificaron de “entreguista y servil” al presidente Lucio Gutiérrez, y le pidieron cumplir los acuerdos asumidos con esa agrupación subversiva, en un comunicado publicado en su página de internet.
•  Diario El Mercurio (12 enero 2005): El presidente Lucio Gutiérrez reconoció que pudo haber mantenido contactos con algún miembro de la guerrilla colombiana de las FARC

Hay otros enlaces en EcuadorInmediato, que no lo agrego porque no pude revisarlos.

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Y otro funcionario reciclado del gobierno de Palacio.

Esta vez se trata del nuevo Procurador General del Estado, Dr. Diego García Carrión, quien fue Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República durante la administración anterior y representante del Dr. Palacio en varios directorios. Hoy asume como abogado del Estado y tendrá que enfrentarse a problemas harto espinosos como los casos ante el CIADI (Oxy, City, MachalaPower, etc.), la acusación de corrupción que Correa lanzó contra funcionarios de la Procuraduría, la reforma legal que quitaría el poder de la Procuraduría para revisar contratos ANTES de su firma, la acusación de un asambleísta de PSP que en la Procuraduría se redactan artículos para la Constitución, entre otros…

La posesión de García fue realizada por Alberto Acosta. El texto del mandato no ha sido publicado aún, pero la prensa ha dado información de que el texto señala que el encargo es temporal, pudiendo ser revocado en cualquier momento sin derecho a reclamar.

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Pero no se equivoquen: muchos estuvieron en contra del Mandato No. 06, que declara “extinguidas” casi todas las concesiones mineras para minerales metálicos (no entra ni sal ni materiales de construcción), pero toda la oposición se puso de acuerdo en votar ABSTENCIÓN.

Sólo votó en contra Johny Max Freire Salgado, suplente del asambleísta galapagueño Alfredo Ortiz, de la RED.

El problema de la minería es muy complejo: por un lado, la concesión se otorga casi automáticamente, sin mayor requisito. Es decir, el ministro del ramo no puede negarse a entregar una concesión. La actual Ley de Minería no contempla regalías sino derechos de concesiones y pagos ambientales mínimos. La ventaja de este marco legal fue que permitió que muchas compañías, principalmente canadienses, invirtieran en exploración. La desventaja es que, iniciada la explotación, el Estado no iba a recibir sino el impuesto a la renta y unos pagos mínimos.

La intención es evitar que esto se cumpla, a través de una nueva Ley de Minería. Pero, hasta que esté lista la Ley, se necesitaba detener la entrega indiscriminada de concesiones. Es ahí donde entra el Mandato.

Muchos expertos han cuestionado el mandato. Sobre la materia hace falta un estudio profundo, pero lo que queda claro es que hubo una lesión a la seguridad jurídica: muchas empresas invirtieron en planes de recuperar esa inversión en cierto tiempo y hoy, de un solo plumazo, ya no tienen derechos a explotar nada. Peligroso.

Finalmente, desconozco si entre las perjudicadas constan las compañías que han descubierto grandes yacimientos. De ser el caso, es más peligroso aún, pues el tamaño del lucro cesante sería millonario y no me quiero imaginar las demandas que vendrán en cortes arbitrales internacionales, cuyas sentencias son, nacionalismos aparte, obligatorias. Basta recordar que la semana pasada, el gobierno pagó 100 millones a la Oxy por el IVA petrolero.

El texto completo del Mandato 06 está en la barra de la derecha y también en este link.

La votación de este mandato está en este enlace.

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