No encuentro ningún sentido a la creación de un Ministerio del Litoral, ¿se trata de un superministerio… o de una supergobernación? Entre las más importantes funciones de las gobernaciones está la de coordinar las acciones de las direcciones provinciales y subsecretarías dependientes del Gobierno central, así como la agenda presidencial cuando este visita las provincias. ¿No serán esas las funciones del nuevo ente burocrático? ¿Qué harán los gobernadores? ¿Estará el nuevo ministro coordinando acciones gubernamentales en la región con poderes por encima de los ministros en la capital? ¿Será una especie de virreinato del Litoral?

La medida es totalmente incongruente con los enunciados del propio Gobierno que está acogiendo propuestas de reorganización territorial de la nación que rompen la tradicional división regionalista de Costa, Sierra y Oriente.

¿Qué sentido tiene que las autoridades de Esmeraldas vengan hasta Guayaquil para coordinar acciones administrativas si Quito está más cerca? Desde épocas coloniales han dependido de la capital. ¿Dónde quedan en la visión del Gobierno las autonomías regionales que proclama auspiciar?

Otro absurdo, sobre todo en un Gobierno que quiere atender a los más pobres y dice que “la Patria ya es de todos”, es que se gasten más de 30 millones de dólares en comprar el edificio más “pelucón” de Guayaquil para instalar la nueva dependencia estatal. En la ciudad existen grandes espacios vacíos en edificios públicos tales como el Palacio de la Gobernación, el cual tiene libre el ala que desocupó el Consejo Provincial, el Banco Central tiene varios pisos subutilizados o vacantes, también los tienen el edificio del Ministerio de Agricultura y otros entes gubernamentales en el Puerto Principal. ¿No sería mejor invertir esos recursos en construir o mejorar escuelas y centros de salud, en vez de comprar lujosos palacios dorados?

Tradicionalmente cuando los presidentes vienen a Guayaquil ocupan el despacho del Gobernador y atienden desde el Salón de los Libertadores o en el gran Salón Bolívar, ¿por qué quieren Rafael Correa y Ricardo Patiño ocupar las oficinas que con excesivo derroche construyó Fernando Aspiazu para dirigir el Banco del Progreso?

¿Es solo una falta de tino? ¿Es este otro dislate más propio de caprichosos pelucones que de un mandatario y su ministro que se dicen socialistas del siglo XXI?

Si el Presidente quería dar una elegante salida del Ministerio de Economía a Ricardo Patiño podía haberle propuesto una embajada, o la misma Gobernación del Guayas, pero crear una sobrestructura burocrática que solo puede entorpecer las labores administrativas del Estado para acomodar al amigo es insólito.

El presidente Correa debe actuar con mayor reflexión, coherencia y prudencia, los ciudadanos responsables debemos exigirle al menos eso. Sus demagógicas confrontaciones y erráticos mensajes están ocasionando una incertidumbre general que puede traer una nueva crisis económica. Menos trabajo, más desasosiego y emigración no es por lo que votamos la mayoría de ecuatorianos en la última elección.

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Hoy, Viernes 13 de Abril del 2007 participó Benjamín Rosales en Contacto Directo. Aquí un extracto de la entrevista.

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Considerando que es muy probable la aprobación mayoritaria a favor de una Asamblea Nacional en la consulta popular que se realizará en las próximas semanas, es tema de debate si la misma debe tener plenos poderes o no.  De esta definición dependerá en gran parte el éxito o fracaso del trabajo constitucional de esta nueva Asamblea cuyo principal objetivo será realizar cambios fundamentales que fortalezcan la democracia y sus instituciones y crear herramientas que permitan combatir con eficiencia la corrupción. 

Para lograr ese propósito, los asambleístas deberán actuar con sabiduría, dialogar con mesura y afán de concertación para responder las expectativas ciudadanas.  Eso no podrá ocurrir si
la Asamblea envía a los congresistas a su casa y asume su trabajo.  Tendrían los asambleístas que preocuparse de atender las necesidades legales del momento, asumir responsabilidades en emergencias y del presupuesto, fiscalizar a funcionarios públicos y realizar los requerimientos políticos propios de esa fundamental función estatal.  Fácilmente se convertiría en un clon del Congreso actual y no pudiera realizar efectivamente el trascendental trabajo constitucional que la nación requiere. 

Una Asamblea Nacional tiene por definición plenos poderes y la que se avecina los debe tener para adecuar algunas leyes orgánicas con los cambios constitucionales que realizará.  Si se determina el establecimiento de distritos electorales para que la elección de congresistas y consejeros sea representativa de la ciudadanía, por ejemplo, deberá dictarse una ley especial;  si se aprueba la democratización de organizaciones políticas, deberá reformarse la ley de elecciones y partidos políticos, esto es importante para poder aplicar los cambios de inmediato evitando que el Congreso se demore años en hacerlo, precisamente por necesidades políticas coyunturales que sin duda se presentarán.   

Si
la Asamblea va a tener éxito construyendo un marco constitucional que fortalezca la democracia instituyendo la estabilidad política necesaria para el desarrollo económico de la nación, no puede pretender cambiar jueces o destituir diputados ni al Presidente que han sido elegidos constitucionalmente.  El Ecuador no comenzará con esta Asamblea; somos una nación jurídicamente constituida hace casi ciento ochenta años y esa realidad histórica no la cambiará
la Constituyente.  Debemos seguir funcionando bajo la actual constitución mientras no sea aprobada por referéndum una nueva, recién entonces, si cambia el sistema de elegir congresistas, se deberá convocar a elecciones para sustituirlos. 
La Asamblea debe tener plenos poderes para fortalecer la democracia no para establecer una dictadura.  Solo si existieran intenciones dictatoriales entre algunos que propugnan esos plenos poderes se puede entender que se pretenda que
la Asamblea sustituya al Congreso en sus atribuciones, lo lógico sería que se restringa las funciones de éste de tal manera que no se inmiscuya en cambios a leyes fundamentales, las que deberán hacerse luego de las reformas constitucionales. 

Frase resaltada:
La Asamblea debe tener plenos poderes para fortalecer la democracia no para establecer una dictadura

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Benjamín Rosales

Se avizora que el año que iniciamos será uno de grandes cambios políticos en el Ecuador. Ya sea el Congreso o más probable una Asamblea Nacional, deberá realizar reformas constitucionales que son necesarias para fortalecer la democracia en el Ecuador. Los cambios más reclamados son: voto voluntario para que se respete la libertad individual, elecciones pluripersonales por distritos para eliminar la poco democrática plancha, autonomías regionales y fortalecimiento municipal para servir mejor a los ciudadanos, despartidización de cortes, tribunales y organismos de control para disminuir la corrupción y democratización de partidos para acabar con caciques políticos y sus avasallados seguidores.

Lo más importante y lo más difícil es seguramente esto último porque implica un cambio radical en la cultura política ecuatoriana. Sin verdaderos partidos en los que se respete la opinión individual, se toleren discrepancias y se practique internamente la democracia, no alcanzaremos la madurez política necesaria para lograr estabilidad que permita el desarrollo social y económico del país.

Si nuestros partidos fueran democráticos, eficaces y eficientes para impulsar el bienestar ciudadano, no necesitaríamos sino dos o tres agrupaciones, puesto que no hay más que esas diferentes tendencias políticas. En Ecuador lo que en realidad existe son organizaciones populistas que responden a personas o pequeños grupos, y otros que se iniciaron con base ideológica y espíritu democrático y luego se convirtieron en instrumento de poder personal de líderes ensimismados; pero no hay agrupaciones políticas amplias que se ocupen de capacitar a sus afiliados y estudiar los problemas nacionales para encontrar bienestar y prosperidad para los ciudadanos.

La construcción de verdaderos partidos es una necesidad democrática del Ecuador y de otros países latinoamericanos que sufren esta misma falencia y no es una tarea fácil puesto que no sólo implica cambios en disposiciones constitucionales o legales sino en la cultura misma de líderes y ciudadanos. El individualismo tiene raíces profundas por lo que es difícil para muchos aceptar liderazgos colectivos, los más jóvenes son más dados al trabajo en equipo pero ésta no es aún una práctica generalizada. En los partidos tradicionales se denomina Jefe Supremo al Director, este nombre se presta para actitudes autoritarias; no existe la costumbre de elegir democráticamente a dirigentes y candidatos sino que el mandato del líder y componendas internas resuelven quienes son los asignados.

Si queremos fortalecer la democracia, lograr estabilidad política nacional y enrumbar el desarrollo social y económico del país debemos cambiar nuestra cultura política, eso es tanto o más importante que los cambios constitucionales que el Congreso o la Asamblea Nacional deberán realizar en el 2007.

Frase resaltada:

Sin verdaderos partidos no alcanzaremos la madurez política que permita el desarrollo social y económico

Cambios en Cultura Politica Publicado en diario el Comercio 30-12-2006

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Benjamín Rosales

Muchos ciudadanos nos hemos quedado anonadados con el resultado de las elecciones recientes. El acelerado repunte de dos nuevos grupos políticos autócratas, demagogos y familiares nos tomó por sorpresa aunque el desplome de otros, mal llamados partidos, que también se caracterizan por intolerancia y ausencia de prácticas democráticas ya se veía venir. Lo cierto es que por esto y por fallas en campañas de candidaturas más al centro del espectro político, ahora nos toca una segunda vuelta electoral con opciones de extremas dogmáticas.

La una propone pelearnos con Cuba y Venezuela por ser antagonistas del poderoso del norte y firmar los acuerdos que los Estados Unidos propongan sin que hayan sido suficientemente negociados para que beneficien a los desposeídos del país y la otra rechaza negociar cualquier tratado con nuestro principal socio comercial por absurdos dogmas anti-gringos. Parecería que las prácticas económicas si una candidatura triunfa sería regresar al fracasado estatismo sin incentivos a la inversión privada, si la otra, aplicar un neoliberalismo fundamentalista sin importar la corrupción e injusticias que genere.

Nos ha quedado una encrucijada puesto que quedaron en el camino opciones más centradas. Los que representan el pensamiento democrático que no cree en fundamentalismos están disgregados en nuevos movimientos liderados por ex candidatos presidenciales y políticos prominentes que tienen la misma visión nacional de progreso y empleo generado con inversión pública y privada y combatiendo la infame corrupción que nos corroe. Existen grupos de pensamiento nacionalista racional conformado por hombres y mujeres que respetan los procesos democráticos, tienen ideas pragmáticas que buscan el desarrollo nacional sin perjudiciales extremismos dogmáticos.

El resultado de esta contienda electoral debe dejarnos una lección. Es necesario crear una unión democrática nacional, un verdadero partido que aglutine a esos ecuatorianos que creen que los excesos ideológicos pueden perjudicar la economía y la moral y empobrecer más a los que deben beneficiarse con la acción estatal. El ARE, la Red, Clave Democrática, UDC y otros grupos independientes comparten los mismos ideales. Algunos han colocado a miembros prestigiosos en el Congreso como Bolívar Castillo, Martha Roldós, Carlos Larreategui, Fernando Cordero, entre otros. Creo que comparten esta visión algunos ecuatorianos que han terciado para la presidencia sin éxito como León Roldós, Jacinto Velásquez, Marco Proaño, Jaime Damerval y otros. La agrupación que proponemos debe integrarse con políticos de todo el país, ecuatorianos ilustres e independientes que actúan con honorabilidad y responsabilidad cuando desempeñan funciones públicas como Medardo Mora, Franklin Cárdenas, Susana González, Marcelo Naranjo, José Cordero, Jorge Marún, Cecilia Calderón, Fernando Callejas y muchos más.

Este es el momento de pensar en alternativas políticas, integrar un partido en el cual se realicen elecciones para directivos y nominar candidatos, se capacite a sus miembros, se castigue la corrupción, se confronten ideas para encontrar las vías que nos permitan avanzar democrática, social y económicamente. Para esto es necesario desprendernos de personalismos, trabajar en equipo y tener gran amor y fé en el futuro de la Patria.

Frase Resaltada:

Es necesario crear una unión democrática nacional con ecuatorianos que actúan con honorabilidad y responsabilidad.

¿Donde esta el centro? Publicado en diario el Comercio el 02-11-2006

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Benjamín Rosales

Observando lo que ha sucedido en el pasado y lo que nos está pasando en las modernas sociedades latinoamericanas, se puede filosofar sobre una teoría socioeconómica que relacione inversamente un alto nivel de corrupción con una nación de progreso y desarrollo social y económico; es decir, a mayor corrupción, menor desarrollo. Hay países, como Haití, en que este círculo vicioso se ha enraizado profundamente desde los mismos inicios republicanos. Haití es uno de los países más corruptos del mundo y ha llegado a convertirse en uno de los países más subdesarrollados. La gran nación argentina, una de las sociedades más ricas del mundo en la década de los treinta, ha retrocedido ostensiblemente en su nivel económico frente al concierto mundial; desde entonces, para muchos analistas, la corrupción de gobiernos populistas y de dictaduras militares, que han sido predominantes en la historia de ese país en los últimos setenta años, ha sido la principal causa del descalabro.

En cambio, en otros países como España, Chile y Costa Rica, donde los estados han hecho esfuerzos importantes dedicando recursos para robustecer al sistema educativo, a la función judicial, a la policía y a los organismos de control estatal, los niveles de corrupción han disminuido considerablemente. No por coincidencia en esos países las economías han progresado, los niveles de subempleo han decrecido y el desarrollo social es evidente. Son naciones atractivas para los inversionistas nacionales y extranjeros, la seguridad interna permite el desarrollo del turismo, los sistemas judiciales y legislativos son confiables y estables, y los políticos se afanan por servir a la mayoría de los ciudadanos y no a los intereses personales o de grupo.

En nuestro país, durante los últimos años, los niveles de corrupción han venido creciendo y este terrible cáncer viene corroyendo todos los estamentos de la sociedad. Podríamos decir con preocupación que nos estamos acercando a lo que el autor argentino Mariano Grondona define como un “estado de corrupción”. No es que únicamente existan acciones de corrupción aisladas en pocas instituciones públicas o privadas; la corrupción afecta a casi todas las instituciones nacionales y esto está afectando directamente al desarrollo del país. Ciertamente, importantes excepciones existen en el plano individual: muchos ecuatorianos tenemos los conceptos claros sobre lo que está bien o está mal. El problema radica en que algunos no han captado la necesidad de luchar tenaz y frontalmente contra este mal que corroe a la Patria. Para esto, es necesario investigar fehacientemente acciones sospechosas que implican indicios de corrupción. No debemos flexibilizar conceptos ni encontrar excepciones legales en reglamentos especiales o decretos emergentes para contratar bienes o servicios. Peor aún, mirar al otro lado cuando se denuncian hechos sospechosos de corrupción ni, en general, pensar o asumir que el problema de corrupción es secundario y que no amenaza a todo intento de desarrollo que se realiza en el país.

Todos los esfuerzos que se realizan para combatir la corrupción son loables y deben ser fortalecidos. Por eso debemos resaltar las acciones de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción y de su Presidente, el Dr. Ramiro Larrea Santos. La Comisión recepta denuncias, las investiga y, si amerita, las presenta a la opinión pública del país, a las autoridades y al sistema judicial para que sean debidamente encausadas. Para luchar con efectividad contra el subdesarrollo y la corrupción esta institución debe fortalecerse aumentando su capacidad investigadora y ampliando sus atribuciones. Debe dársele la responsabilidad de actuar como fiscalía especial ante los juzgados donde se presentan las acusaciones respectivas.

Debido a que los daños que ocasiona la corrupción, especialmente cuando ésta queda impune, son tan graves para la moral y afectan tan gravemente al afán de progreso de nuestro condolido pueblo, el frontal ataque a esta calamidad debe ser responsabilidad de todos y no sólo de la Comisión mentada. Los medios de comunicación tienen un papel preponderante en esta lucha; los educadores, una gran responsabilidad con las jóvenes generaciones; los líderes de todas las instituciones públicas o privadas tienen que dar ejemplo de honradez y frugalidad a sus subalternos; pero sobretodo, la máxima autoridad del país, el Presidente de la Nación, no sólo debe tener una conducta intachable digna de emular por sus conciudadanos, sino que debe impulsar las investigaciones necesarias para encontrar a los responsables de acciones ilícitas y perjudiciales al país. El sistema judicial, por su lado, debe ser implacable en el castigo a los culpables, para que los riesgos de delinquir sean tan grandes y graves que disuadan a los malos ecuatorianos, que buscan enriquecerse a través de actos de corrupción, de llevar a cabo sus fechorías. Luchar frontalmente contra la corrupción es luchar contra el subdesarrollo, contra la pobreza y el hambre del pueblo.

Publicado en diario Expreso del 04-03-2002

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