Ejecutivo, TSE y Congreso atropellaron la Constitución
A mi forma de ver todos han violentado la Constitución, el Ejecutivo, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. El Ejecutivo envió un decreto haciendo cambios en el estatuto para la consulta que debió enviarse al Congreso pues los cambios implican reformas a leyes de elecciones y eso es competencia del Congreso. Esto es inconstitucional
Una mayoría en el Congreso por su parte usó la figura de “sustitución” que para el caso no existe para destituir al Presidente del Tribunal Supremo Electoral, otro acto inconstitucional porque solo se puede destituir a al Presidente luego de Juicio Político.
En represalia el TSE destituyó a 57 legisladores en forma totalmente inconstitucional pues no tiene facultades para ello y la ley solo le faculta a destituir funcionarios públicos no a dignidades elegidas en votación popular, ¿entonces mañana es posible que el TSE destituya al Presidente Nacional o al Vicepresidente? absurdo. Además los diputados gozan de fuero de corte por lo que el TSE no es juez competente y ni siquiera se pensó al menos en simular el debido proceso con el legítimo derecho a la defensa.
Como solían decir en Perú “esto fue un Fujimorazo” acá esto fue un “Correazo” inconstitucional y evidentemente elaborado desde Carondelet, es un abuso del derecho mas allá de que personalmente no adhiera con las ideas de gran parte de los diputados destituídos pues lo mismo estaría escribiendo si hubiesen sido los diputados de izquierda y populistas los destituídos ilegalmente.
Se nota a las claras los tintes autoritarios del pacto Correa-Bucaram pues de los diputados destituídos no todos votaron por la resolución inconstitucional de sustituir al Presidente del TSE, tales son los casos de Carlos Larreátegui, Soledad Diab y otros. La resolución se votó levantando la mano sin apuntar los nombres de los votantes por lo que pareciera ser que el “secretario del hombre del maletín” infiltrado en el Congreso miró y escribió los nombres que recordó y luego llenó con los otros que no recordaba estén o no en la sesión.
Se nota claramente que esto fue orquestado desde el ejecutivo porque el Presidente Correa rápidamente se adhirió a la resolución del TSE cuando lo prudente habría sido protestar o al menos esperar que el Tribunal Constitucional se exprese, se nota también cuando el Presidente Correa amenaza con no aceptar de antemano una revisión de la destitución de los diputados. Un Presidente de un tribunal electoral o cualquier funcionario no tomaría un resolución tan temeraria de no contar con un fuerte respaldo político (¿o monetario?) gubernamental.
Claramente el presidente Correa únicamente quiere un Congreso de borregos y una Asamblea Constituyente de chivos que pueda pastorear a voluntad así como una prensa “Xerox” que copie sus comunicados de prensa y no ofrezca objeción ni llamado al respeto por la Constitución y las instituciones. Todo ello para imponer una ideología hueca y empobrecedora llamada Socialismo del Siglo XXI.
Nuevamente, no se confunda este análisis como un apoyo a personas sino como una defensa de instituciones, simplemente no pueden imponerse criterios violentando la ley. Si realmente existiese un amplio respaldo a la ideología presidencial no sería necesario saltarse la Constitución y la Ley simplemente seguir por caminos constitucionales que existen precisamente para hacer las cosas en orden.
Lo que debería seguir -criterio personal- es la resolución del Tribunal Constitucional dejando sin piso el Decreto Ejecutivo 0048 enviado por el Ejecutivo así como la inconstitucional “sustitución” del Presidente del Tribunal Supremo Electoral y la destitución ilegal de los 57 diputados de oposición. Esto correspondería a derecho no a la imposición de turbas ni autoritarismos gubernamentales o partidistas-congresiles.
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Actual gobierno es mas de lo mismo, la Constituyente la garantía del status quo
El presidente Rafael Correa debería decirnos de que (neo) liberalismo nos habla pues nada en Ecuador se ha liberalizado. En el último Informe Anual 2006: La Libertad Económica en el Mundo publicado por el Cato Institute de Washington, DC y el Fraser Institute de Canadá se muestra la realidad económica ecuatoriana lejos del lirismo y poses de tarima. A continuación un artículo que presenta la fotografía del sistema que nos gobierna y que hay que cambiar no con una Asamblea Constituyente sino con liderazgo claro y sentido común.
¿Cuál (neo)liberalismo?
Por Danny Ayala Hinojosa
Con frecuencia escuchamos o leemos a airados políticos, comunicadores sociales y funcionarios públicos sobre la perversidad del (neo)liberalismo y la ruina que ha causado a nuestro país las políticas “neoliberales”. Tanto se ha difundido esta falacia y con tanta vehemencia en círculos políticos, académicos y gremiales que se ha convertido en una especie de verdad absoluta.
¿Pero es verdad que el liberalismo ha arruinado a nuestro país?
Empecemos diciendo que el liberalismo defiende la no intervención del Estado en la actividad privada de los ciudadanos y de sus relaciones económicas y sociales. El liberalismo defiende la propiedad privada y promueve la eliminación de impuestos, y de monopolios amparados por leyes y regulaciones; promueve la sociedad abierta al comercio, la producción y el intercambio de ideas, bienes y personas. En definitiva, promueve que cada ciudadano sea libre de elegir y de crear, de aprender y de intercambiar, sin más obligación que la de defender el derecho de los demás.
En relación al concepto anterior ¿Ecuador es un país abierto? ¿el liberalismo ha echado raíces aquí?
La respuesta es no. Ecuador es un país donde el liberalismo brilla por su ausencia y por el contrario, el socialismo ha logrado establecer una fuerte cabeza de playa haciendo concesiones a otra política aún menos liberal: el mercantilismo, tanto es así que a veces es difícil apreciar donde empieza el socialismo y donde el mercantilismo. Veamos unos ejemplos.
La intervención estatal en la sociedad empieza por un sistema jurídico que no defiende derechos sino pseudo-derechos “sociales” y por el contrario institucionaliza el relativismo moral, en un artículo de la Constitución se señala: (el Estado reconocerá) “El derecho a la propiedad, en los términos que señala la ley”, pero más tarde en otro artículo se proclama: “Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.” Por lo que en realidad la propiedad no está garantizada y si por mala suerte alguien encuentra petróleo o minerales bajo su propiedad, lejos de poder explotar estos recursos, su propiedad puede ser abiertamente confiscada, incluso concesiones de explotación bajo contrato firmados por el Estado han sido irrespetados y no pocas empresas han sido expropiadas o confiscadas con tecnicismos legales.
Nuestro país en lugar de ser una economía abierta a la libre competencia es una economía de monopolios públicos y privados. El Estado mantiene el monopolio de la importación, generación y comercialización de combustibles y a menudo la administración estatal genera desabastecimientos, desperdicio, corrupción y contaminación. Súmese a ello el control de los precios de combustibles y subsidios que en el año 2007 le costarán a los ciudadanos cerca de 2.315 millones de dólares, los subsidios al gas costarán 498 millones, el subsidio a la gasolina costará 350 millones, el del fuel-oil 92 millones, el del diesel 1043 millones y los subsidios a los combustibles que usan las generadoras térmicas costarán la suma de 330 millones de dólares.
A propósito, un segundo monopolio estatal lo constituye el de la energía a través de la generación (seis empresas), transporte (una, Transelectric) y distribución de energía eléctrica (veinte empresas) y varios entes burocráticos como el Consejo Nacional de Electrificación, Centro Nacional de Control de Energía, Subsecretaria de Electrificación, Comisión Ecuatoriana de Energía Nuclear, oficina del Proyecto de Modernización de sectores Eléctrico, Telecomunicaciones y servicios Rurales, FERUM, Ecuacier, Fondo de Solidaridad, etc. gubernamentales o privados que se financian con dinero público. Toda esta maraña de empresas y entes reguladores estatales no solo no han logrado la modernización y expansión de los servicios eléctricos, ninguna de estas empresas logra utilidades y por el contrario generan ingentes pérdidas a los ciudadanos, entre las deudas que las empresas eléctricas no han podido cobrar se encuentran las de Emelmanabí con 271 millones de dólares, Emelgur 33,7 millones o Los Ríos con 33,2 millones.
Y sobre pérdidas mucho se puede contabilizar del oligopolio estatal de telefonía y celular de Andinatel, Pacifictel, Etapa y Telecsa, empresas que despilfarran recursos en costosas campañas publicitarias y onerosos contratos colectivos que sumados a las pérdidas por pirateo (usualmente “trabajo interno”), imponen a los consumidores precios altos, costos por corrupción (solo Andinatel pierde unos $120 millones anuales por by-pass) servicios deficientes y ninguna capacidad de elegir. Pero además el sector de telecomunicaciones está regulado por al menos cuatro entidades estatales: Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y Consejo Nacional de Radio y Televisión. La telefonía celular privada padece de los mismos problemas: no existe competencia, porque no existe un trámite para concesión de bandas sino que el concurso de concesión que realiza el Estado se establece nadie sabe bajo que criterios, la concesión tiene un elevado costo y las regulaciones en general impiden el ingreso de nuevos competidores y por ende de la competencia en servicios y precios.
La misma falta de competencia es la clave para explicar los ruinosos servicios de salud y pensiones en el país, existe un monopolio impuesto a los ciudadanos, el IESS, que al estar financiado de forma intergeneracional (donde las pensiones de unos se financian del ahorro de otros) inevitablemente genera pérdidas a los trabajadores y reducidas pensiones a los jubilados. Además de la imposibilidad de elegir otro servicio, no obstante los empleados del IESS están protegidos con una serie de privilegios pagados del ahorro de los aportantes. Sin embargo, cada ciudadano entrega a la fuerza su ahorro a otras personas que ni siquiera están cubiertas con el sistema de pensiones del IESS, son los casos del ISSFA y el ISSPOL, institutos de seguridad social de las FFAA y de la Policía Nacional respectivamente, que son subsidiados con el dinero de los impuestos cobrados a las personas, pues ISSFA e ISSPOL reciben subsidios estatales, y en el año 2007 recibirán montos por 104,93 y 42,27 millones de dólares (el IESS mismo recibe subsidios por 378,3 millones de dólares). ¿Liberalismo?
Continuación…
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Otra razón para NO ir a la Constituyente: corrupción
Esta razón, la del intento de nacionalización de medios de prensa, esto ya de por sí es un atropello al derecho a la libre expresión pero viene acomopañado con el agravante de que quiere hacerse vía mañosos tecnicismos.
Un gobierno que promueve la estatización del sector productivo (de lo que queda) y la manipulación y amenaza de la prensa no tiene la calidad moral para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, de hecho la idea de una Asamblea Constituyente viene ligada solamente a la creación de un nuevo Estado y toda asamblea posterior debe ser constitucional si es que el funcionamiento normal del Congreso no bastase.
Acá el ejecutivo ha atropellado la ley y la Constitución y si había que destituir a los diputados (y había causales para ello) debió seguirse el trámite normal para asegurar el debido proceso. No ha sido así, con soborno de por medio se compró a los diputados “manteles” a los que se ha ofrecido cargos en ministerios, el CDG, aduanas, etc. y lo mismo ha sucedido con el Tribunal Supremo Electoral.
Se ha desatado una ola de corrupción rampante no vista desde los tiempos de Bucaram, quien por cierto pactó desde hace rato con Rafael Correa, lo apoya diariamente desde el Tribunal Supremo Electoral , el Congreso y en todo organismo donde existen representantes roldosistas. Bucaram en cualquier rato puede volver, sus juicios ya están prescribiendo y el ejecutivo no ha hace -ni hará nada- al respecto como si lo hizo contra Mahuad.
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¿Por qué NO a la Constituyente?
Comenzaré diciendo que una Constitución bien redactada es un instrumento que tiene por objeto poner límites al poder cualquiera sea este tales son los casos de la Carta Magna inglesa o la Constitución de los Estados Unidos. En nuestro país salvo el caso de la Constitución de la Provincia Libre de Guayaquil promulgada por J. J. Olmedo, las constituciones fueron promovidas -como la que se pretende crear ahora- como instrumentos para establecer programas ideológicos no para garantizar derechos.
El proyecto que hoy día quiere imponerse, con una Constituyente como fachada para intentar darle legitimidad, es el Socialismo del Siglo XXI, el cual no es sino el clavo final al ataúd de las libertades civiles pues ya vivimos en un país socializado donde el Estado burocrático administra (y mal) amplios sectores de la economía, regula los restantes e impone impuestos a todos. Tanto el Estado oprime a los ciudadanos que se estima que más del 60% del valor producido por persona se destina a impuestos, dicho de otro modo, sin tantos impuestos, aranceles y coimas cada persona tendría el doble de riqueza al final del año.
El Ejecutivo no ha expresado una sola reforma que quiera llevarla a cabo lo cual solo confirma lo anterior: existe una agenda secreta e inexpresable, se quiere imponer un sistema empobrecedor y destructivo. ¿Cómo esto puede ser posible? el Presidente Rafael Correa ya ha nombrado un comité que redactará los lineamientos del nuevo texto constitucional para someterla a discusión de los asambleístas. Bien, esto es un acto de manipulación, una Constituyente nacida con un programa previo con el Ejecutivo como juez y parte no es mas que un sainete al que se le quiere pintar como ejercicio democrático pero solo devela las verdaderas intenciones: imposición.
¿Pero por qué es una propuesta empobrecedora? porque el sentido común es el menos común de los sentidos, y es por ello que hay quienes todavía creen que la economía planificada y el autoritarismo son la vía para el desarrollo. El ejemplo del desastre venezolano, la caída del bloque soviético y el progresivo abandono del socialismo en China debería ser suficiente evidencia de que el socialismo no solo no funciona sino que es inmoral por naturaleza pues está basado en la violencia o su amenaza y la destrucción de las libertades civiles.
Es alta la prepotencia de los tiranos que despreciando las libertades de los ciudadanos desean rediseñar las sociedades a su antojo y capricho usando al gobierno como instrumento. Antes esto era factible y visible con la violencia abierta, hoy, como los casos de Venezuela y Bolivia, -no descartando la violencia- se sirven de asambleas constituyentes de “plenos poderes” que no son otra cosa que los regímenes de congresos dóciles y “leyes habilitantes” al servicio del dictador. Si el tribunal electoral se opone, el dictador decide amenazarlo o comprarlo, si el Congreso se opone, se busca la manera de desintegrarlo y comprarlo, se compra a gremios de transportistas y se negocia con grupos de mineros, se confronta a los cabildos y a los representantes de la sociedad civil, se insulta a empresarios y a los opositores, se le conmina a la prensa y se la acusa de mafiosa, se compra voluntades ofreciendo bonos de la pobreza, tarifas y urea subsidiadas y se integran o permiten grupos de garroteros para amenazar y golpear personas con la fuerza pública como espectador. El ofrecimiento de la plata puede ser reemplazado rápidamente por la amenaza del plomo, todo sea para darle “plenos poderes” al dictador y su camarilla.
Algunos ya saben de que trata el juego pues exactamente el mismo libreto fue seguido en la vecina Venezuela, es por ello que los liberales nos oponemos y también es por ello que otros apoyan y otros se dejan comprar para unirse a quienes creen ya han vencido. En la mitad, el ciudadano común que quiere cambios, empleo, progreso, mejor salud, vivienda y educación y que ha visto diariamente la corrupción e incompetencia de sus representantes. Le apuesta a la Constituyente pero no sabe exactamente que es, que alcance tiene y que hay detrás de esta, para cuando lo sepa quizá ya esté en alta mar huyendo del paraíso del Socialismo del Siglo XXI.
La Asamblea Constituyente nace deslegitimada no solo por las intenciones evidentemente autoritarias de quien la propone, sino porque para establecerla se ha violentado el Estado de Derecho. Con el último estatuto impuesto y que no pasó al Congreso como norma la ley, se ha sucedido la también ilegal sustitución del Presidente del Tribunal Supremo Electoral pero este, respaldado política o monetariamente (y en ambos casos es corrupción) ha destituído a los diputados de oposición que mal o bien fueron elegidos en elecciones libres. El ejecutivo ha defendido tal violación y ha acordonado con uniformados el Congreso para impedir el ingreso de los diputados de oposición, tal cual un Febres Cordero acordonó con tanques el Congreso 20 años atrás. Mismo talante autoritario mismo propósito inconstitucional.
Es por estos hechos, por todos conocidos, que la Constituyente no debe darse, pues esconde un programa tanto empobrecedor como autoritario y nace de una cadena de atropellos a la ley y la Constitución vigentes, que si bien no son perfectas se deben corregir precisamente mediante procesos constitucionales en orden y en paz.
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