Las grandes “joyas” de la Derecha Ecuatoriana

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Tomado de: El Comercio http://www.elcomercio.com

Alejandro (nombre cambiado por seguridad) tiene una herida que lo marca desde hace tres años. Una gruesa cicatriz en su pierna derecha es la prueba del maltrato físico que recibió de un capitán de la Policía y otros 40 oficiales cuando lo apresaron, según él,  “injustamente; por oponerme a la guerra en Iraq”.

Él no recuerda el nombre del uniformado; pero dice  que eran las seis de la tarde cuando  seguía frente a la Embajada de EE.UU. junto a otros jóvenes protestando.

“Ya no había mucha gente,  creo que los policías  ya querían irse por eso trataron de dispersarnos con gas, pero yo no me moví”. Al ver esa reacción  los “chapas me golpearon, me dieron toletazos y me esposaron”, relata Alejandro.

Este muchacho, que ese entonces tenía 21 años, fue parte de las  58 personas que en el 2003 fueron agredidas físicamente por parte de miembros de la Policía, según cifras de las denuncias que recibió la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

Las denuncias de maltrato por parte de policías han aumentado, a pesar de que los uniformados  son capacitados desde hace tres años en Derechos Humanos.

Por  ejemplo, en el 2004, la  Cedhu  recibió 321 denuncias; en el 2005, 634;  y en el 2006, se presentaron 1 883 quejas.

Sin embargo, pese al número de denuncias hay muy pocos policías enjuiciados.  Según cifras de la Policía, el 2004 fueron procesados por abusos a los derechos humanos 29 policías, 37 durante el 2005 y 38 en el 2006.

A pesar de la capacitación, ¿por qué han aumentado las denuncias por agresiones? Para Esthela Garzón, funcionaria de Cedhu, el problema radica en el tipo de entrenamiento que reciben, especialmente los miembros del Grupo de Apoyo Operacional (GAO).

“Los métodos de entrenamiento irrespetan la vida. Hasta el siete  de julio del 2006, el  personal del GAO estuvo involucrado en 29 ejecuciones extrajudiciales y 14 casos de tortura”, sostiene.

Garzón señala que también se  producen  agresiones permanentemente  en las manifestaciones. Alejandro da fe de eso. “Cuando estaba  detenido, me hicieron acostar en el suelo, ahí me echaron  gas lacrimógeno en la cara, me patearon a mí y a otros dos chicos también detenidos”, cuenta.

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La “Red Peñaranda”, así se conoció al caso que investigó la Comisión Anticorrupción, actual Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en 1997, logrando que el Congreso Nacional destituyera a 17 diputados.

La Corte Suprema de Justicia inició un proceso y dictó prisión preventiva en contra de 17 diputados, de los cuales 13 fugaron.

Quien lideraba la Red era el hermano del ex Presidente de la República Abdalá Bucaram, Santiago Bucaram, quien huyó a Panamá. En la actualidad, Luis Peñaranda fue deportado de Estados Unidos y se encuentra detenido en el ex Penal García Moreno para ser juzgado por la justicia ecuatoriana.

De la cuenta 8110 que correspondía a “Inversiones y aportaciones especiales del Estado” de la Presidencia de la República se asignaban recursos a los diputados vinculados a la red para que entregaran supuestamente materiales educativos a las escuelas fiscales y municipales de las provincias de donde eran originarios los diputados.

La Red Peñaranda se montó con el fin de generar enriquecimiento ilícito para unos pocos. El intermediario para gestionar las partidas, comprar los materiales y entregar los bienes era la organización de Luis Eduardo Peñaranda, en la que se creó una serie de empresas fantasmas con 10 cuentas corrientes en diversos bancos de Quito.

La Comisión dio con esta red de corrupción, porque los afectados denunciaron a un diputado las irregularidades que se cometieron perjudicando a varias escuelas del país. Recibida la denuncia, la Comisión incautó el disco duro de la computadora central de la empresa e inició la investigación.

Concluida esta envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional los resultados de su trabajo que reveló presunciones de manejo ilícito de la partida 8110 de la Presidencia de la República.

Entre los presuntos beneficiados de los cheques girados por Peñaranda entre enero y julio de 1996 estaban 10 diputados, y 15 diputados en los girados entre agosto del 96 y enero del 97. La Comisión no tuvo acceso a otros discos duros incautados por la Policía.

Declaraciones de Luis Peñaranda, preso en el Penal, implican a ex-presidente interino Fabián Alarcón

Luis Peñaranda asegura que los libros con la información más importante fueron sacados antes de los allanamientos a sus oficinas y puestos a buen recaudo por una colaboradora.
 

Luis Peñaranda sostiene que uno de sus intermediarios o ‘vendedores’ fue el que se convirtió en presidente de la República. Supuestamente, Fabián Alarcón le habría ayudado a conseguir partidas extrapresupuestarias a través del diputado Daniel Alvarez Tenorio, legislador denunciado por BLANCO y NEGRO, en 1996, por su gestión de partidas, cuando salió por primera vez a la luz el nombre de Peñaranda y de Mundo Editores.
“Yo trabajé con Fabián Alarcón, que negociaba a través de Daniel Alvarez Tenorio, cuando era presidente del Congreso. Ahora dice en son de burla que presente pruebas, cuando sabe que mis pruebas son mis ojos y mis manos”, dice.
 

¿Alarcón tuvo tratos con Peñaranda? El ex presidente aseguró a BLANCO y NEGRO que nunca habló siquiera con su acusador, que debe responder ante la justicia por casos de corrupción. Peñaranda dice que una de las razones por las que se sintió tranquilo cuando cayó Bucaram es porque confiaba en el respaldo del presidente.

¿El día en que Alarcón llegó al poder se sintió tranquilo?
Obviamente. Yo estaba hablando con Wilson Merino (cercano colaborador del mandatario) y me dijo que todo iba bien.

¿Cuándo supo que no tendría su respaldo?
Cuando se armó todo el escándalo. Ellos se lavaron las manos como Poncio Pilatos.
 

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El primer campanazo para el ejercicio democrático de Ecuador sobre los gastos reservados lo dió el ex vicepresidente Alberto Dahik, en septiembre de 1995.

La denuncia, que lo llevó a un juicio político, señalaba el uso arbitrario de 19 000 millones de sucres. De esa suma no se justificaron 11 000 millones de sucres, pues el resto pasó a la cuenta de gastos reservados.

La respuesta de Alberto Dahik, durante el juicio político, del cual salió librado, fue que todos los gastos reservados en su administración estaban justificados ante la Contraloría hasta junio de 1995. El contralor de entonces, Juan Carlos Faidutti, informó que tras revisar las cuentas y comprobar que se habían usado adecuadamente destruyó los comprobantes.

El hecho escandalizó al país, pues en el fondo se cuestionaba el destino del dinero que debía justificarse como emergencia nacional o para la defensa. Claro, se abrieron cuentas personales de los principales colaboradores de Dahik, a las que se transfirió el dinero.

A diferencia de Dahik, con Abdalá Bucaram el hecho fue más insólito: por orden de la Presidencia de la República se pidió al Banco Central, el 6 de febrero de 1997, la transferencia de 11 000 millones de sucres, exactamente el día después de la gran marcha que devino en su destitución.

Luego, por confesión de los principales colaboradores de Bucaram, entre ellos Enrique Villón, secretario de la Presidencia, se conoció que en su administración se usaron 280 000 millones de sucres, como gastos reservados, incluidos los 11 000 millones de sucres del 6 de febrero.

Y paradójicamente, César Verduga fue quien denunció el abuso de Bucaram con este dinero y unos meses después, el ex ministro de Gobierno, en el régimen de Fabián Alarcón, huía del país por la misma causa.

En principio, el propio Verduga confesó que se utilizaron 24 400 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados del Ministerio de Gobierno para estudios de seguridad, inteligencia política y “para ayudar a gobernar al presidente Alarcón”. El trabajo se hizo con 10 consultoras nacionales e internacionales, donde intervinieron alrededor de 500 personas.

Luego, con las investigaciones y el proceso judicial en marcha, se reveló que en realidad se utilizaron 26 048 millones de sucres.

Entonces, los tres casos hicieron mella desde el escándalo, en el manejo político arbitrario del dinero público. Pero, en la cultura política de Ecuador persiste la idea de que un modo de sostener la gobernabilidad es con la existencia de dinero de libre disposición por parte de los gobernantes.

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Tomado de:pagina de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción.

Otro caso de corrupción que detectó la Comisión Anticorrupción a los pocos meses de creada fue el enriquecimiento ilícito y evasión a la renta por parte del ex Presidente Abdalá Bucaram.

En mayo de 1996, Abdalá Bucaram declaró a la revista “Vistazo” que su fortuna ascendía a dos millones de dólares, que era dueño del 7% de las acciones de su residencia en Guayaquil, que era copropietario de dos edificios en el centro de la ciudad y poseía una casa en Salinas.

Más tarde informó al periodista Jaime Baley del canal 55 de Miami que su fortuna oscilaba entre dos y tres millones de dólares y que su familia era pionera de la industria del acero en el Ecuador.

La Comisión confrontó estas declaraciones con documentos oficiales y concluyó que Bucaram no rindió declaración juramentada de sus bienes antes de posesionarse como Primer Mandatario, y que no había concordancia entre su fortuna de dos a tres millones de dólares y lo pagado al Ministerio de Finanzas por impuesto a la renta en los últimos 10 años.

Abdalá Bucaram dijo a “Vistazo” que había pagado 60 millones de sucres de impuesto a la renta en 1995: pero en realidad al cierre de la edición de la revista, todavía no había cumplido con esa obligación. Días después pagó el impuesto de 1995, pero no los 60 millones anunciados sino 600 veces menos.

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Tomado: Diario el Mercurio de Cuenca

El derrocado presidente Lucio Gutiérrez fue quien ordenó la represión, durante la movilización del 20 de abril cuyo saldo fue una persona fallecida y un centenar de heridos, según declaró ayer el ex-comandante de Policía, Jorge Poveda.

Estas afirmaciones realizó ante el defensor del Pueblo, Rubén Chávez, dentro de las investigaciones que realiza la institución, para determinar a los responsables de la violación de derechos humanos durante las manifestaciones.

Según Poveda, Gutiérrez no solo ordenó la represión, sino preparaba la presencia en Quito de grupos allegados a su gobierno, para enfrentar pueblo contra pueblo.

Ante la disposición de que evitemos las manifestaciones y se inicie una disuasión a toda protesta, tomé la decisión de renunciar “porque yo no estaba de acuerdo”, añadió Poveda.

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El gobierno ha conformado una comisión para que investigue los crímenes ocurridos durante el gobierno de León Febres Cordero PSC (1984 y 1988), uno de los regímenes más autoritarios y violentos, pues, a nombre de detener “el avance de las insurgencia”, de librar al país de las garras de la subversión y la violencia”.

Armó a través de los aparatos represivos del Estado, la Policía y las Fuerzas Armadas, grupos de exterminio clandestinos que operaron para golpear a las organizaciones de izquierda y a todo aquel que tuviera una tendencia progresista y de avanzada.

León Febres Cordero llevó adelante un gobierno de terror, puso al servicio de sus intereses a la fuerza pública, para, a nombre de la estabilidad del Estado, aplicar una política de muertes extrajudiciales, torturas, desapariciones; todavía en la memoria de los pueblos se mantiene vivo el sangriento episodio en contra de la agrupación Alfaro Vive Carajo, en el que fueron acribillados salvajemente, entre otros, los dirigentes Consuelo Benavides, Fausto Basantes, Arturo Jarrín.

Más tarde la desaparición de los hermanos Restrepo a manos de efectivos de la Policía Nacional y sus grupos especiales, hechos a los que se suman la conformación de escuadrones de la muerte en varias zonas del país, la brutal represión emprendida contra las manifestaciones estudiantiles y populares que se levantaban en contra de la política antipopular y neoliberal implementada por Febres Cordero y su gobierno y la política de torturas que emprendió en contra de los dirigentes.

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