Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia presentó una denuncia contra Roosvelt Chica ex secretario de gobierno durante el mandato de Alfredo Palacio por pertenecer a una supuesta red de corrupción. Mera aseguró que Chica traficó partidas presupuestarias del Banco Ecuatoriano de Desarrollo con distintos municipios.

En la denuncia presentada ante el Fiscal General de la Nación, Jorge German, se señala que Chica tramitó 541.079 a favor del Municipio de San Vicente en Manabí, y luego canceló este trámite debido a que el alcalde de la ciudad se negó a aceptar sus condiciones.

El asesor jurídico señaló que se deben iniciar las investigaciones anteéste ilícito

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Fuente: www.cre.com.ec 

El Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, presentó una denuncia contra el ex Secretario General de la Presidencia, Roosevelt Chica Zambrano, funcionario del Gobierno de Alfredo Palacio, acusándolo de traficar con asignaciones del Banco del Estado (BEDE).

Al presentar esta acción penal, el Mandatario acogió la denuncia presentada por el alcalde del cantón San Vicente, en la provincia de Manabí, en la que acusaba a Chica de haberle dejado sin efecto un financiamiento con el BEDE por no aceptar sus exigencias y las de su equipo, para adjudicar el contrato de obra a un contratista previamente determinado por el ex Secretario General.

De las investigaciones realizadas por la Secretaria General Jurídica de la Presidencia se determina que Chica adjudicó la suma de 541.079 dólares al municipio de San Vicente para, después de pocos días, anular el contrato de asignación de fondos debido a que, según el Burgomaestre, éste se negó a aceptar las imposiciones de los contratistas que hiciera el funcionario.

Además se denuncia a las autoridades del BEDE que han participado en estos hechos, en especial a Antonio López Cobeña, quien habría adquirido un departamento en Miami, en Estados Unidos, durante su desempeño del cargo, lo cual constituiría enriquecimiento ilícito.

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La “Red Peñaranda”, así se conoció al caso que investigó la Comisión Anticorrupción, actual Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en 1997, logrando que el Congreso Nacional destituyera a 17 diputados.

La Corte Suprema de Justicia inició un proceso y dictó prisión preventiva en contra de 17 diputados, de los cuales 13 fugaron.

Quien lideraba la Red era el hermano del ex Presidente de la República Abdalá Bucaram, Santiago Bucaram, quien huyó a Panamá. En la actualidad, Luis Peñaranda fue deportado de Estados Unidos y se encuentra detenido en el ex Penal García Moreno para ser juzgado por la justicia ecuatoriana.

De la cuenta 8110 que correspondía a “Inversiones y aportaciones especiales del Estado” de la Presidencia de la República se asignaban recursos a los diputados vinculados a la red para que entregaran supuestamente materiales educativos a las escuelas fiscales y municipales de las provincias de donde eran originarios los diputados.

La Red Peñaranda se montó con el fin de generar enriquecimiento ilícito para unos pocos. El intermediario para gestionar las partidas, comprar los materiales y entregar los bienes era la organización de Luis Eduardo Peñaranda, en la que se creó una serie de empresas fantasmas con 10 cuentas corrientes en diversos bancos de Quito.

La Comisión dio con esta red de corrupción, porque los afectados denunciaron a un diputado las irregularidades que se cometieron perjudicando a varias escuelas del país. Recibida la denuncia, la Comisión incautó el disco duro de la computadora central de la empresa e inició la investigación.

Concluida esta envió al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al Congreso Nacional los resultados de su trabajo que reveló presunciones de manejo ilícito de la partida 8110 de la Presidencia de la República.

Entre los presuntos beneficiados de los cheques girados por Peñaranda entre enero y julio de 1996 estaban 10 diputados, y 15 diputados en los girados entre agosto del 96 y enero del 97. La Comisión no tuvo acceso a otros discos duros incautados por la Policía.

Declaraciones de Luis Peñaranda, preso en el Penal, implican a ex-presidente interino Fabián Alarcón

Luis Peñaranda asegura que los libros con la información más importante fueron sacados antes de los allanamientos a sus oficinas y puestos a buen recaudo por una colaboradora.
 

Luis Peñaranda sostiene que uno de sus intermediarios o ‘vendedores’ fue el que se convirtió en presidente de la República. Supuestamente, Fabián Alarcón le habría ayudado a conseguir partidas extrapresupuestarias a través del diputado Daniel Alvarez Tenorio, legislador denunciado por BLANCO y NEGRO, en 1996, por su gestión de partidas, cuando salió por primera vez a la luz el nombre de Peñaranda y de Mundo Editores.
“Yo trabajé con Fabián Alarcón, que negociaba a través de Daniel Alvarez Tenorio, cuando era presidente del Congreso. Ahora dice en son de burla que presente pruebas, cuando sabe que mis pruebas son mis ojos y mis manos”, dice.
 

¿Alarcón tuvo tratos con Peñaranda? El ex presidente aseguró a BLANCO y NEGRO que nunca habló siquiera con su acusador, que debe responder ante la justicia por casos de corrupción. Peñaranda dice que una de las razones por las que se sintió tranquilo cuando cayó Bucaram es porque confiaba en el respaldo del presidente.

¿El día en que Alarcón llegó al poder se sintió tranquilo?
Obviamente. Yo estaba hablando con Wilson Merino (cercano colaborador del mandatario) y me dijo que todo iba bien.

¿Cuándo supo que no tendría su respaldo?
Cuando se armó todo el escándalo. Ellos se lavaron las manos como Poncio Pilatos.
 

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El primer campanazo para el ejercicio democrático de Ecuador sobre los gastos reservados lo dió el ex vicepresidente Alberto Dahik, en septiembre de 1995.

La denuncia, que lo llevó a un juicio político, señalaba el uso arbitrario de 19 000 millones de sucres. De esa suma no se justificaron 11 000 millones de sucres, pues el resto pasó a la cuenta de gastos reservados.

La respuesta de Alberto Dahik, durante el juicio político, del cual salió librado, fue que todos los gastos reservados en su administración estaban justificados ante la Contraloría hasta junio de 1995. El contralor de entonces, Juan Carlos Faidutti, informó que tras revisar las cuentas y comprobar que se habían usado adecuadamente destruyó los comprobantes.

El hecho escandalizó al país, pues en el fondo se cuestionaba el destino del dinero que debía justificarse como emergencia nacional o para la defensa. Claro, se abrieron cuentas personales de los principales colaboradores de Dahik, a las que se transfirió el dinero.

A diferencia de Dahik, con Abdalá Bucaram el hecho fue más insólito: por orden de la Presidencia de la República se pidió al Banco Central, el 6 de febrero de 1997, la transferencia de 11 000 millones de sucres, exactamente el día después de la gran marcha que devino en su destitución.

Luego, por confesión de los principales colaboradores de Bucaram, entre ellos Enrique Villón, secretario de la Presidencia, se conoció que en su administración se usaron 280 000 millones de sucres, como gastos reservados, incluidos los 11 000 millones de sucres del 6 de febrero.

Y paradójicamente, César Verduga fue quien denunció el abuso de Bucaram con este dinero y unos meses después, el ex ministro de Gobierno, en el régimen de Fabián Alarcón, huía del país por la misma causa.

En principio, el propio Verduga confesó que se utilizaron 24 400 millones de sucres de la cuenta de gastos reservados del Ministerio de Gobierno para estudios de seguridad, inteligencia política y “para ayudar a gobernar al presidente Alarcón”. El trabajo se hizo con 10 consultoras nacionales e internacionales, donde intervinieron alrededor de 500 personas.

Luego, con las investigaciones y el proceso judicial en marcha, se reveló que en realidad se utilizaron 26 048 millones de sucres.

Entonces, los tres casos hicieron mella desde el escándalo, en el manejo político arbitrario del dinero público. Pero, en la cultura política de Ecuador persiste la idea de que un modo de sostener la gobernabilidad es con la existencia de dinero de libre disposición por parte de los gobernantes.

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Tomado de:pagina de la Comisión del Control Cívico de la Corrupción.

Otro caso de corrupción que detectó la Comisión Anticorrupción a los pocos meses de creada fue el enriquecimiento ilícito y evasión a la renta por parte del ex Presidente Abdalá Bucaram.

En mayo de 1996, Abdalá Bucaram declaró a la revista “Vistazo” que su fortuna ascendía a dos millones de dólares, que era dueño del 7% de las acciones de su residencia en Guayaquil, que era copropietario de dos edificios en el centro de la ciudad y poseía una casa en Salinas.

Más tarde informó al periodista Jaime Baley del canal 55 de Miami que su fortuna oscilaba entre dos y tres millones de dólares y que su familia era pionera de la industria del acero en el Ecuador.

La Comisión confrontó estas declaraciones con documentos oficiales y concluyó que Bucaram no rindió declaración juramentada de sus bienes antes de posesionarse como Primer Mandatario, y que no había concordancia entre su fortuna de dos a tres millones de dólares y lo pagado al Ministerio de Finanzas por impuesto a la renta en los últimos 10 años.

Abdalá Bucaram dijo a “Vistazo” que había pagado 60 millones de sucres de impuesto a la renta en 1995: pero en realidad al cierre de la edición de la revista, todavía no había cumplido con esa obligación. Días después pagó el impuesto de 1995, pero no los 60 millones anunciados sino 600 veces menos.

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Quito, 15 jun (EFE).- El ex presidente de Ecuador Jamil Mahuad debe declarar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el caso de la crisis bancaria de 1999, una vez que esta semana se reabrió el sumario del caso en su contra, informó hoy la corte de justicia.

El presidente de la CSJ, Jaime Velasco, indicó hoy a la Radio Quito que citó a Mahuad, que vive en Estados Unidos, para que comparezca ante la justicia para ampliar declaraciones el próximo 25 de junio.

“He dispuesto que se reciba el testimonio indagatorio de Jamil Mahuad”, dijo Velasco al tiempo de señalar que también deberán comparecer otros ecuatorianos que estaban vinculados con el sector de la banca en 1999, cuando se produjo la peor crisis financiera de la historia de este país

Velasco puntualizó que Mahuad debe comparecer ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la corte confirmó que la reapertura del sumario se determinó en una providencia el pasado miércoles, pero que recién hoy se hizo pública.

En junio del año pasado se desató una dura polémica en Ecuador por el fallo de la Segunda Sala de lo Penal de Quito, que absolvió a Mahuad de un proceso en que se le acusaba de malversación de fondos públicos al ordenar un “festivo bancario” y la congelación de cuentas en 1999.

En marzo de ese año, el gobierno de Mahuad declaró un “feriado bancario” que duró una semana y luego ordenó la congelación del 50 por ciento de los depósitos de los ahorradores, para evitar, según se dijo, una “corrida financiera” de gran magnitud.

El 22 de marzo de ese año el Banco del Progreso cerró sus operaciones por una crisis de liquidez y le siguieron una veintena de entidades financieras que fueron intervenidas por el Estado, que llevó adelante un proceso de saneamiento.

Mahuad fue acusado de “peculado” o malversación de fondos estatales, aunque Vivanco recordó que los acreedores del sistema financiero recibieron su dinero, aunque el proceso demoró.

El ex presidente Mahuad, que asumió el poder en 1998, tuvo que abandonar el cargo el 21 de enero de 2000 después de una insurrección ciudadana, apoyada por coroneles rebeldes, que dieron paso a la formación de un fugaz triunvirato civil y militar.

El triunvirato, pocas horas después, entregó el mando a los militares y éstos al entonces vicepresidente Gustavo Noboa.

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La Policía detuvo ayer en Quito a la ex ministra de Educación Sandra Correa, sindicada con orden de prisión por disposición arbitraria de fondos.

La ex ministra regresó al país cuando Guillermo Castro, ex titular de la Corte de facto, anuló los juicios en contra del ex presidente, Abdalá Bucaram.

Luego, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Velasco, reabrió el caso “Mochila Escolar”.

La ex ministra está enjuiciada por un presunto sobreprecio de $20 millones en la compra de 1,2 millones de mochilas. El proyecto de $40 millones fue aprobado por el Gobierno de Bucaram mediante un Decreto de emergencia reservado.

Según una fuente policial, Correa fue detenida a las 14:51 después de que la Policía recibiera una llamada anónima que alertaba de la presencia de la ex ministra en un restaurante chino de la ciudad. Dos agentes acudieron al sitio, confirmaron la presencia de la acusada y la arrestaron, tras comprobar que aún tenía vigencia una orden de detención en su contra emitida en 1997.

Según una fuente policial, Correa fue detenida a las 14:51 después de que la Policía recibiera una llamada anónima que alertaba de la presencia de la ex ministra en un restaurante chino de la ciudad. Dos agentes acudieron al sitio, confirmaron la presencia de la acusada y la arrestaron, tras comprobar que aún tenía vigencia una orden de detención en su contra emitida en 1997.

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Tomado de Diario Hoy   

Se beneficiaron 287 personas de la “lista de Dahik”

PRESUNTOS DELITOS: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, exacciones y enriquecimiento ilícito.

ACUSACIÓN: autores de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito: Alberto Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo. Cómplice del delito de enriquecimiento ilícito: Diego Paredes Peña. Encubridores: Juan Carlos Faidutti, Ricardo Muñoz Chávez y Francisco Costales.

BENEFICIARIOS: 287 personas naturales y/o jurídicas. Sus nombres aparecieron en lo que entonces se llamó “la lista de Dahik”.

LOS DENUNCIANTES: Xavier Neira y Rafael Cuesta, los dos diputados del Partido Social Cristiano en el período 1994-1996 del Congreso Nacional. (DCM)

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Tomado de: Diario Hoy, http://www.hoy.com.ec

Ya en los últimos días de agosto y primeros de septiembre de 1995 se lo acusó de que, además de haber depositado 270 722 837 sucres contantes y sonantes en la cuenta 50099160 del Banco Amazonas (a cargo de la empresa ConBaquerizo, que se hallaba construyendo su casa en la urbanización Biblos, en Guayaquil), hizo otros depósitos hasta llegar a un total de 771 959 587 sucres. Se exhibieron cheques del Banco del Pacífico, girados a favor de esa compañía, de una cuenta compartida por el propio Alberto Dahik y su secretaria Gladys Merchán.

Estos cheques fueron identificados, en febrero de 1996, como parte de una cuenta “escondida” que había eludido la acción pericial dispuesta por presidente de la Corte.

De esa cuenta, sus titulares giraron 52 cheques, pero 30 de ellos están ilegibles: se presume que los microfilmes fueron velados o alterados de alguna manera intencional. Pero, sin embargo, entre los legibles aparece como beneficiaria la constructora ConBaquerizo.

La explicación del ex vicepresidente fue que el dinero en efectivo -que entregaba en bolsas de papel- provenía de un negocio que compartía con su primo, Alejandro Dahik, en La Libertad.

Era ilógico llevar desde tan lejos bolsas de billetes -30 millones de sucres cada mes-, en vez de usar los modernos sistemas de que disponía ya la red bancaria nacional para hacer giros entre distintas ciudades.

Tanta plata en efectivo, que no deja huella, permite mantener la duda: ¿Levantó Dahik su casa con plata de los fondos reservados? ¿Usó para ello parte de los 10 291 637 512 sucres que nunca se justificaron?
¿Qué más hizo con tantos sucres?

Según las investigaciones periciales ordenadas por el presidente de la Corte Suprema, un total de siete cuentas corrientes en el Banco del Pacífico, tres a nombre de Juan Mario Crespo, dos a nombres de Gladys Merchán, una compartida por Alberto Dahik y Gladys Merchán, y una compartida por Juan Mario Crespo y Gladys Merchán, sirvieron para disponer de los gastos secretos de la Vicepresidencia de la República entre 1992 y 1995.

Todas ellas fueron alimentadas con fondos del Estado.
En las siete cuentas del Banco del Pacífico se depositaron un total de 9 281 308 837 sucres. De ellas se giraron cheques por 8 798 634 379 sucres.

El fiscal Fernando Casares, que los acusó, consideró que, en todo caso, los fondos debieron manejarse en cuentas del Banco Central.

Maniobra inútil del presidente

Con la intención de salvar a su vicepresidente, el entonces presidente de la República, Sixto Durán Ballén, emitió el Decreto Ejecutivo “reservado” nº 46, el 5 de octubre de 1995.

Disponía que los microfilmes de los cheques de los gastos reservados pasaban a su custodia. Y ordenó que se los depositara en una bóveda del Banco Central, que permaneció con vigilancia policial.

Pero el presidente de la Corte declaró la nulidad de tal decreto y envió a sus peritos a las bóvedas. Así se conoció la lista de beneficiarios de los fondos.

 NO OLVIDE QUE…

Alberto Dahik compareció a juicio político en el Congreso, el 2 de octubre de 1995, por el caso de los fondos rervados.El Congreso lo declaró inocente el 6 de octubre, con votos del PRE, del Partido Conservador y de diputados tránsfugas. El presidente de la Corte dictó entonces orden de prisión preventiva y Dahik fugó a Costa Rica, donde pidió asilo político.En el juicio, Dahik realizó duras acusaciones en contra de sus ex aliados: el Partido Social Cristiano y León Febres Cordero.

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Tomado de: http://www.hoy.com.ec/zhecho

En marzo del 97 comenzó el “destape” de la corrupción del Gobierno de Abdalá Bucaram.

Se levantaron graves denuncias, como aquella de que los más íntimos del Gobierno se llevaron once mil millones de sucres en efectivo en las últimas horas del bucaramato o de que una empresa vinculada con Santiago Bucaram fue la encargada de vender equipos de computación a colegios del país cuyos rectores eran obligados a firmar una constancia, con la que se justificaba el aporte del 15% para el PRE.

Otro golpe de impacto fue la aparición de las cuentas reservadas de la Presidencia de la República, que originaron una intriga mayúscula. Entre ellas apareció la denominada “Aportaciones e Inversiones Especiales” -10 de agosto y el 3 de febrero-, por medio de la que el Gobierno destituido entregó miles de millones de sucres a los Gobiernos seccionales por gestión de los diputados.

A partir de esta cuenta también aparecieron nombres de una larga lista de “honorables” que administraron asignaciones en forma directa o a través de la propia Presidencia de la República. La denominada “8000″ manejó alrededor de 24 mil millones de sucres en aportes y donaciones. El Congreso aprobó el levantamiento de la reserva de los documentos concernientes al juzgamiento de los gastos reservados, mientras Abdalá Bucaram era sindicado por la Corte Suprema.

Villón, Pesántez y más ‘pepudos’

Enrique Villón, el jefe financiero de la Presidencia de la República, en el Gobierno de Abdalá Bucaram, fue detenido por la Policía peruana. El parte de la Policía peruana, a su similar ecuatoriana, informó que Villón fugaba en poder de tres millones 400 mil dólares, pero horas después, las autoridades civiles de Aguas Verdes desmintieron el hecho al asegurar que se trataban solamente de 3.400 dólares. Enrique Villón solicitó asilo, autodefiniéndose como un perseguido político.
En el Ecuador, en cambio, era arrestado el hombre fuerte de las Aduanas, Eduardo Pesántez,mientras Alejandro Muñoz, el “Pepudo” Alejo, hacía revelaciones espectaculares, en las cuales involucró al ex presidente Bucaram en supuestos ilícitos en las Aduanas.

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