Algunas organizaciones políticas y ciudadanas proponen la instauración de la cadena perpetua en el Ecuador. En los próximos  días escucharemos por parte de los candidatos a la Asamblea Constituyente razones a favor y en contra de la instauración de la cadena perpetua. Alguna propuestas serán planteadas seriamente, y otras sólo serán diseñadas con el fin de buscar el reconocimiento del electorado para que éste los favorezcan con sus votos; sin duda también habrán las propuestas más intestinas que se sustentarán en una especie de Ley de Talión para el siglo XXI (justicia retributiva), y es probable que no falten además los espíritus religiosos que diserten sobre este tema con su particular visión.

Pero,  ¿debe  instaurarse la cadena perpetua en el Ecuador?. Si la respuesta fuese sí ¿es necesario  que se incorpore esta figura en la Constitución?.

El tema de la “seguridad ciudadana” aparece en la mayoría de los spots publicitarios de los candidatos a asambleístas, lo cual era de esperarse, pues frente a la alarma social provocada por el crecimiento exponencial de la criminalidad el recurso más sencillo y hasta populista-electoral es ofrecer reformas a las instituciones penales; tales como, el endurecimiento de las penas y la cadena perpetua; sin que se observen y muchos menos se planteen las causas y medidas preventivas, sino sólo las consecuencias de los delitos y sus efectos sancionadores.  

Estos afanes legislativos apresurados, impulsados en nuestro país por desconocedores de doctrinas penales y humanistas,  pueden afectar elementales derechos humanos y del debido proceso; por lo que se debería realizar un estudio más cabal sobre nuestro sistema procesal penal y penitenciario, antes de sumergirnos en un modelo de Derecho Penal del Enemigo concebido por Jakobs, quien nos advierte que esta construcción del derecho penal del enemigo es la negación de un derecho penal del ciudadano.

Jakobs[1] afirma que la sociedad de la post modernidad ha ido creando la figura del enemigo, como la de aquel sujeto que debe estar desprovisto de las garantías propias del estado de derecho, porque mediante su comportamiento individual o como parte de una organización criminal abandona el derecho. Su comportamiento es de por si un peligro sostenido y permanente con un perfil patológico de perversión irrecuperable.  El paso del ciudadano (sujeto normal) al enemigo (sujeto anormal) se iría produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva  y finalmente pasará a ser parte de organizaciones delictivas. Nos encontramos con un derecho penal incluso de anticipación a los hechos criminales, como una propuesta de protección penal, que conlleva la transformación de la legislación aumentando las penas como un arma de lucha en contra del enemigo, al que hay que enfrentar desproveyéndolo de sus garantías procesales.

El derecho penal de la emergencia (como también se lo denomina) termina por legitimar el abuso frente a lo que se considera el enemigo, castigándolo desde el inicio al excluirlo de la protección estatal de sus garantías personales.  En estos casos se pretende en base al discurso de “necesidad” la eliminación de un peligro potencial o futuro, la punibilidad se adelanta (atentándose en contra del principio in dubio pro reo) y la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros.

El problema que plantea esta clase de derecho penal es su difícil compatibilidad con los principios básicos del derecho penal del Estado de Derecho.  Estas manifestaciones del derecho penal del enemigo se encuentran reflejadas hoy en día (“coincidencialmente” en época electoral) a través de las propuestas que apuntan a la instauración de la cadena perpetua reforzada con la imposibilidad de que los sentenciados tengan alguna  posibilidad de revisión y/o reducción temporal de la pena a límites más soportables humanamente y compatibles con la idea de reinserción social.

Roxin[2] ha manifestado que “los esfuerzos de la doctrina científica se encaminaron a restringir dichas leyes vagamente formuladas y con penas draconianas”; lo que supone que actualmente estaríamos regresando a una época de oscurantismo en  la formulación de leyes punitivas. En palabras del mismo autor “el Estado de  Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal”; es decir,  el ordenamiento jurídico no sólo ha de disponer de métodos y medios adecuados para la prevención del delito, sino que también ha de imponer límites al empleo de la potestad punitiva, para que el ciudadano no quede desprotegido y a merced de una intervención arbitraria o excesiva del Estado.

Ahora bien, más allá de las posiciones divergentes de Jakobs y Roxin, está el hecho de que en el Ecuador el sistema judicial, procesal penal y penitenciario está muy lejos de ser óptimo. La  falta de independencia de la judicatura por el grado de politización en que se ve envuelta, la escasa cultura jurídica de fiscales y jueces, un código de procedimiento penal  que adolece de muchos errores, la corrupción manifiesta en el sistema penitenciario, el exiguo número de defensores públicos (32 en todo el país), la falta de herramientas tecnológicas para realizar las investigaciones policiales, el papel de algunos  medios de comunicación que sentencian anticipadamente como responsables de un delito a “X” persona sin que medie un juicio previo; y, la inexistente política criminal por parte del Estado,  hace de nuestro sistema judicial un completo caos. En estas condiciones pensar siquiera en instaurar la prisión perpetua es un sin sentido.   

La cadena o prisión  perpetua, no va a disminuir la tasa de criminalidad, como tampoco lo ha hecho el aumento progresivo de las penas (antes la pena máxima era de 16 años de reclusión mayor, hoy en día puede llegar hasta 35 años). Sin embargo, el discurso de implementar esta medida produce mayores réditos políticos que el proponer una reforma estructural del sistema carcelario, de allí su funcionalidad y utilización con fines políticos/electorales.

Cesare Beccaria, autor de “De los delitos y las penas” en 1764,  sostuvo que la pena debe ser proporcional al delito y debe desterrarse de ella, cualquier rastro de atrocidad, ya que de lo contrario, este hecho representa en primer lugar para el posible infractor, un estimulante que lo invita a desafiarla, obviamente con miras a jamás tener que probar su eficacia;  y en segundo lugar, una especie de escuela del delito, donde el legislador guía al delincuente, mostrándole todas las puertas que existen para violentar el Estado de Derecho; y sentenciaba que: “Uno de los mayores frenos de los delitos, no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad”.  Llegando a este punto podemos concluir que el problema de la criminalidad no se resuelve con el aumento indiscriminado de la penas, ni desposeyendo a los inculpados de su calidad de ciudadanos (provistos de garantías)  para convertirlos en enemigos (desprovistos de garantías); sino desterrando la impunidad.   

Queda una pregunta por responder. ¿Debe constar en la Constitución la cadena perpetua?. Como podrán intuir, no estoy de acuerdo con que se establezca la cadena perpetua; sin embargo, para aquellos que consideran lo contrario, a pesar de los argumentos aquí presentados,  haré ese análisis.

La Comisión de Juristas del CONESUP que están preparando el documento de propuesta de Constitución para análisis de la ANC, se ha manifestado en el sentido de que el tema de la cadena perpetua no es de orden constitucional, sino de reforma del Código Penal;   lo cual no es del todo cierto.  En la Constitución deben estar consignados los principios del debido proceso judicial y cuál es la finalidad del sistema penal en el Ecuador.  Es así como, en el Art. 24 # 3 de la Constitución vigente se establece  la proporcionalidad entre la infracción y la sanción; además consta que deben existir medidas alternativas a las penas de privación de la libertad; y sobre todo, que se debe propender  a la reinserción social del sentenciado. En el Art. 208 de texto Constitucional también se señala que el sistema penal y el internamiento tendrán como fin la rehabilitación del reo que le permita una adecuada reincorporación social.

Como se observa, si se llegare a establecer la cadena perpetua en el país, esta reforma debería estar presente en la Constitución, pues de no hacerlo,  la reforma penal en tal sentido sería inconstitucional.  Pero debemos estar concientes que todo nuestro sistema jurídico-garantista cambiaría, ya que no se podría hablar de un “Estado social y democrático de derecho” (concepto que rivaliza con el derecho penal del enemigo), ni de rehabilitación del reo y mucho menos de reinserción social, ya que estos postulados son antagónicos con la cadena perpetua. 

Algunas Constituciones prohíben expresamente la cadena perpetua. Tal es el caso de Brasil, Portugal, Costa Rica y El Salvador. Algunas establecen que las penas no pueden exceder un cierto número de años (Honduras, y Nicaragua) y otras, como es el caso del Ecuador y Uruguay, señalan que la finalidad del sistema penal es la rehabilitación del sentenciado.

Las reformas constitucionales propuestas en el sentido del endurecimiento de las penas y la cadena perpetua deberían estar al margen de la calentura electoral, e incluso del justificado temor social por el crecimiento delincuencial. Deberíamos empezar  por el principio: Fortaleciendo el sistema judicial, depurando el sistema penitenciario, capacitando a jueces, fiscales y policías, asignando recursos para la modernización de la función judicial, combatiendo la impunidad, implantando medidas de prevención del delito, creando oportunidades de trabajo, fortaleciendo el sistema de educación, etc.; en lugar  de aventurarnos a penas deshumanizante que ningún resultado práctico van a tener, ya que el endurecimiento de las penas no  desestimulan las acciones de los delincuentes y sólo tienen un efecto simbólico que engaña a la opinión pública haciéndole creer que con esas medidas van a estar más seguros. 

Ab. Mónica Vaca Ojeda/Especialista en Derecho Procesal y Penal

[1] JAKOBS Gunther, Derecho Penal del Enemigo, Thomson-Civitas, Madrid, 2003.

[2] ROXIN Claus, Derecho Penal. Parte General, Civitas, Madrid, 2003.

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Ahora, el directorio de Autoridad Portuaria de Guayaquil decidió una nueva, o más bien, una ya trillada  denominación; pues desde ahora, el puerto se llamará “Libertador Simón Bolívar”. De acuerdo a lo publicado por El Universo, el concejal gobiernista Octavio Villacreses, ha manifestado que “es una manera de compensarlo” (a SB).

¿Compensarlo?, ¿será esto necesario?, ¿es que acaso los  ecuatorianos nos hemos olvidado del Libertador?. Mi respuesta es NO.  Simón Bolívar en Ecuador es un personaje omnipresente, como un semi-dios.  Lamentablemente su pensamiento e ideales no están tan arraigados, o no son profundamente conocidos por el pueblo, ni por aquellos que se llenan la boca mencionándolo; pero, bautizar todo con su nombre no va a hacer la diferencia. 

Sólo en la ciudad de Guayaquil, se le ha rendido tributo a SB agregando su nombre: a la parroquia urbana Bolívar; Malecón Simón Bolívar; Centro de Convenciones Simón Bolívar; Parque Simón Bolívar (conocido también con el parque de las iguanas); monumento a Simón Bolívar; y, el obelisco conmemorativo al encuentro de Simón Bolívar y José de San Martín.

En el resto del país tenemos: la Provincia de Bolívar, el Cantón Bolívar (Prov. Carchi), Cantón Bolívar (Prov. Manabí); Cantón Simón Bolívar (Prov. Guayas); Puerto Bolívar (Machala).  En todas las provincias hay por lo menos una plaza o un parque dedicado a Simón Bolívar; en Ambato está el Centro Comercial Popular Simón Bolívar; hay innumerables monumentos, avenidas y calles en cada rincón del país en honor a Simón Bolívar; está también la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito); incontables escuelas, colegios, institutos de educación superior; asociaciones gremiales, cooperativas de transporte, que llevan su nombre; hasta la Logia Simbólica “Simón Bolívar Nº 12” De La Masonería  con sede en Quito.  

Como se puede ver, a Simón Bolívar no le hace  falta que su nombre aparezca en más sitios. Sería mejor que su pensamiento estuviera así de presente y no sólo su nombre.  

Pero lo que me inquieta es que Ecuador renuncie a su propia historia y, por un afán mistagógico a favor de Simón Bolívar se dejen de lado a los próceres ecuatorianos.  En nuestra historia tenemos grandes personajes que lucharon por la emancipación de España,  por la  libertad  y la igualdad.  Por ejemplo tenemos a:

Eugenio Espejo (1747).- Quiteño. Fue uno de los primeros en afirmar con claridad la necesidad de una emancipación de España y en proclamar la individualidad del país y, en general, de toda América. Sus planes emancipadores comportaban la constitución de repúblicas soberanas, la igualdad de todos los ciudadanos y nacionalización de las propiedades eclesiásticas. En su ideario aparecía por primera vez la igualdad de los indígenas con los criollos y también por primera vez planteaba los derechos de la mujer. Sus ideas, fueron inspiración directa en los revolucionarios del 10 de agosto de 1809, la primera declaración de independencia en Hispanoamérica.  Se  destacó además como periodista, educador, teólogo, jurista, médico y bibliotecario.

José Joaquín de Olmedo (1789).- Guayaquileño. Idealista visionario, estadista, orador y poeta extraordinario. Fue el protagonista principal de la gesta del 9 de Octubre de 1820, que proclamó la independencia de Guayaquil del dominio español. Publicó un manifiesto  en el que se proclamaban los principios democráticos, los derechos personales, los ideales de paz y libertad,  condenó las violencias inhumanas de las mitas y cimentó las bases de la República del Ecuador. Excepcional diplomático, fue embajador Plenipotenciario ante los gobiernos de Francia e Inglaterra, dando un fuerte respaldo a las fuerzas patrióticas de Bolívar, para expulsar a los españoles de estas tierras. Entre sus obras constan el magnífico Victoria de Junín (considerado el primer canto de libertad en América) y el Alfabeto para un niño (que debería ser de aprendizaje obligatorio en todas las escuelas).   

Vicente Rocafuerte (1783).-  Guayaquileño. Primer presidente Ecuatoriano.  Su dinero lo gastó en la emancipación americana. De carácter impulsivo e indomable, recto, honrado, generoso hasta la abnegación, franco, inteligente, patriota abnegado, de un idealismo político muy poco comprendido por sus contemporáneos, fue un verdadero Padre de la Patria. Comprendiendo que un pueblo si educación es incapaz de progresar, hizo imprimir texto escolares para masificar la educación.

Manuela Sáenz (1791).- Esta  quiteña es sin duda uno de los personajes más interesantes de las guerras de independencia de América del Sur. El historiador venezolano Denzil Romero la ha calificado como “tal vez la más importante mujer de la historia de Latinoamérica“.  Su relación con Simón Bolívar no opaca sus propios méritos personales, como una de las grandes defensoras de la independencia de los países sudamericanos y como una de las más destacadas y avanzadas defensoras de los derechos de la mujer.  

Manuela Sáenz, aun antes de conocer a SB ya había colaborado con José de San Martín en Lima durante su Protectorado en Perú, lo que la hizo merecedora de la condecoración de la Orden del Sol  en el grado de caballeresa por los servicios hechos a favor de la independencia. Combatió en la Batalla de Pichincha a su regreso del Perú y recibió el grado de Teniente de Húsares del Ejército Libertador; posteriormente combatió en la Batalla de Ayacucho, bajo las órdenes del Mariscal Antonio José de Sucre, quien le sugirió a Bolívar su ascenso a Coronela, rango que le fue concedido. 

Si bien es cierto que Rafael Correa, el 22 de mayo de 2007 en el marco de la conmemoración de la Batalla de Pichincha, le concedió a Sáenz el grado de Generala de Honor de la República de Ecuador, todavía falta en la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos valora en toda su dimensión a esta extraordinaria mujer.  

Rosita Campusano (1796).-  Guayaquileña. Compañera sentimental de San Martín en Lima, por lo que se la conoce como “La Protectora”. Alineada a la causa de la libertad de América, distribuía panfletos subversivos que instaba a unirse a la lucha pro emancipadora.  Logró que varios oficiales que servían aun bajo la bandera de rey de España se pasaran a las fuerza revolucionarias comandadas por San Martín.  Consta entre las 112 mujeres condecoradas por el prócer argentino con la Orden del Sol en el grado de caballeresa , distinción otorgada a quienes había realizado servicios importantes a la causa libertaria; la banda que le fue otorgada contenía la leyenda “Al Patriotismo de las más sensibles”.  A esta valiosa mujer, casi olvidada por la historia, el Ecuador le debe los homenajes y reconocimientos a los que se hizo merecedora.  

Estos son sólo alguno de los personajes a los que el Ecuador parece estar ladeando por – en palabras del Presidente- “reivindicar  la obra” de Simón Bolívar. 

Finalmente, fue el propio Simón Bolívar quien dijo: “No creo ninguna cosa tan corrosiva como la alabanza!  Deleita al paladar pero corrompe las entrañas”; y, “Yo valdría algo si me hubiesen alabado menos”.   

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Entre las disputas del Presidente con el Alcalde y sus divorciadas ceremonias cívicas, el afán de protagonismo del Gobernador, los desfiles y comparsas, verbenas y ginkanas, entrega de bonos, promesas demagógicas, etc.; el pueblo salió a las calles a celebrar y olvidarse por un día de su realidad.

Fue así como la ciudad se vistió de fiesta. La inundaron banderas, fuegos artificiales, música y toda clase de personajes. Se pudo ver a pelucones y no pelucones disfrutando de los mismos espacios, como sucedió en los malecones Simón Bolívar y del Salado, las peñas y en la escalinatas del cerro Santa Ana, centros comerciales. Pero como lo ha dicho Serrat, cuando se acabe la fiesta, cada uno volverá a ser cada cual; y aquí nada habrá cambiado, todo, todo seguirá siendo igual.

Transcribo la letra de la canción referida. Póngale ustedes los nombres a los personajes, cambien el color de las banderas y de la localidad, que el resto…es igual.

LETRA DE LA CANCION JOAN MANUEL SERRAT - FIESTA

Gloria a Dios en las alturas,
recogieron las basuras
de mi calle, ayer a oscuras
y hoy sembrada de bombillas.

Y colgaron de un cordel
de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel
lilas, rojas y amarillas.

Y al darles el sol la espalda
revolotean las faldas
bajo un manto de guirnaldas
para que el cielo no vea,

en la noche de San Juan,
cómo comparten su pan,
su mujer y su galán,
gentes de cien mil raleas.

Apurad
que allí os espero si queréis venir
pues cae la noche y ya se van
nuestras miserias a dormir.

Vamos subiendo la cuesta
que arriba mi calle
se vistió de fiesta.

Hoy el noble y el villano,
el prohombre y el gusano
bailan y se dan la mano
sin importarles la facha.

Juntos los encuentra el sol
a la sombra de un farol
empapados en alcohol
magreando a una muchacha.

Y con la resaca a cuestas
vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza
y el señor cura a sus misas.

Se despertó el bien y el mal
la zorra pobre al portal
la zorra rica al rosal
y el avaro a las divisas.

Se acabó,
que el sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó
que cada uno es cada cual.

Vamos bajando la cuesta
que arriba en mi calle
se acabó la fiesta.

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Una herramienta para hacer efectivo este derecho, que operativiza los principios de transparencia, publicidad y el de libertad de expresión, es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), vigente en el Ecuador desde el 18 de mayo de 2004 cuando fue publicada en el R O/sup 337.  

Esta importante herramienta que permite acceder a toda la información que reposen en  archivos públicos, excepto de aquella clasificada como reservada por seguridad nacional y la  de carácter personalísimo de los individuos,  ha sido escasamente empleada por los ciudadanos.  Esta es mi pequeña colaboración para dar a conocer los mecanismos o procedimientos a seguir, para que quien desee solicitar información a cualquier de las entidades obligadas (dentro de las que se incluyen los partidos y movimientos  políticos que hayan recibido recursos públicos) puedan hacerlo.  

¿Cuál es la información pública? 

Se considera información pública, todo documento (en cualquier formato), que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado.  

¿Quiénes están obligados? 

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Aquel 26 de octubre de 2005, la noticia de Radio Fiesta conmocionó a más de 35.000 ecuatorianos y sus familias. El anuncio de la muerte del Notario Segundo de Machala dejaba huérfano el respaldo a las “inversiones” de los clientes que, en vano, esperaban respuestas y confiaban en la palabra de los hijos del fallecido mientras éstos hacían sus maletas para fugar a Miami.El resto de la historia también es conocida: la indignación, las culpas que se repartían entre responsables e irresponsables, las competencias y las incompetencias de las autoridades que dejaron hacer y pasar sin inmutarse, las promesas de llevar las investigaciones “hasta las últimas consecuencias”, los políticos, las autoridades, los medios de comunicación, todos quienes se rasgaron las vestiduras ante una verdad que iba más allá de los sesudos análisis de academicistas y expertos. Para completar el absurdo, más de 350.000 dólares que se habían logrado recaudar de la notaría, desaparecieron de la bodega en la que permanecían bajo custodia de la Policía.Lo que ya no se dice, porque los nuevos escándalos cubren la memoria –tantas veces frágil- de los ecuatorianos, es el resultado final de  8 juicios que se iniciaron por este caso, aquí les presento un breve resumen:  

1.   Juicio por Robo Agravado.- Proceso iniciado por el saqueo de la notaría por parte de miembros  de las FF.AA. y de la Policía Nacional ocurrido el 11 y 12 de noviembre del 2005. Resultado: Sobreseimiento de definitivo del proceso. (no se puede iniciar otro proceso judicial por la misma causa)

2.   Juicios por Hurto Agravado (dos procesos).- 3 Policías implicados, a quienes se los encontraron con sus chalecos antibalas llenos de dinero que sacaron de la Notaría.  Resultado: Libres por el pago de una caución de US$. 1,080 c/u, y en curso un Recurso de Casación mediante el cual buscan ser declarados “inocentes”.

3.  Juicio por Lavado de Activos.- Resultado: Se declaró Nulo. 4.  Juicio por Peculado de Uso.-  Iniciado por el uso ilegal de aeronaves de la Fuerza Aérea para trasladar a su personal a Machala a “recoger” el dinero depositado en la Notaría. Resultado: Se ha interpuesto el Recuso de Nulidad y está en conocimiento de la Sala de lo Penal de la CSJ de Machala. Este caso cuenta con el manto de impunidad otorgado por la Contraloría General del Estado que se pronunció en el sentido de que “el obrar de los militares denota un abuso y desliz ético y moral, sin embargo no existen indicios de responsabilidad penal”.  Es uno de los casos más patéticos de impunidad. 5.    Juicio por Enriquecimiento Ilícito.- Se dictó el sobreseimiento definitivo del proceso. Aquí la Fiscalía equivocó el tipo penal por el cual acusó, lo que permitió el Sobreseimiento definitivo. La actuación de la Fiscalía denota la falta de formación profesional de los Fiscales. 6.  Juicio por Estafa (Delito Financiero).- El único que se encuentra vigente con un Auto de Llamamiento a Juicio en contra de los hermanos Cabrera.  Resultado: La etapa de Juicio se encuentra suspendida por que los hijos del Notario Cabrera se encuentra prófugos.

7.  Juicio por Prevaricato.- Contra los Magistrados de la CSJ de Machala que participaron en el nombramiento del José Cabrera (hijo) como Notario Interino a pesar de tener conocimiento de que Cabrera en declaraciones pública dijo que la actividad “financiera” de la Notaría se encontraba “garantizada”. Resultado: De los 6 Magistrados implicados a 3 de ellos se los destituyó, y a los otros 3 se los ratificó en sus cargos.

8.  Juicio por Robo.-  Iniciado por el robo suscitado en las bodegas de la Policía Judicial de Machala, donde se encontraba una parte del dinero que se pudo recuperar de la Notaría. Resultado: la Fiscalía Distrital de El Oro emitió el dictamen en el que sólo 3 policías de tropa están acusados de robo por el dinero encomendado a su custodia. Y se sobreseyó a los oficiales que estaban acusados.

Adicionalmente, a pesar de que se comprobó que el Notario José Cabrera movió más de 24 millones de dólares, entre el 2001 y el 2005, a través de los bancos del Austro, Filanbanco, Litoral, Machala, Pacífico, Pichincha, Rumiñahui y Guayaquil, aparentemente ninguna investigación se ha realizado al respecto.Es posible que el miedo esté secuestrando a la justicia, es posible también que convenga a intereses de los grupos de involucrados -por acción u omisión- enterrar la memoria de la estafa junto al cadáver del Notario para cubrirlos de un conveniente silencio. 

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción presentará este viernes 6 de julio la síntesis de los procesos judiciales, en un evento público a efectuarse en la Casa de la Cultura de Machala; sin embargo por este medio he querido darles la primicia y compartir con ustedes parte de la información, que es el resultado de una exhaustiva investigación realizada sobre este caso, que bien podría denominarse también “Apología a la Impunidad”.

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