Ciudad Alfaro, Montecristi, 27 de Diciembre de 2007
Sra. Mónica Chuji
Presidenta
Mesa Constituyente “Recursos Naturales y Biodiversidad”
Presente.-
cc. Eco. Alberto Acosta
Presidente
Asamblea Constituyente
De mi consideración:
Como lo señalé esta mañana durante la sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente, ruego a usted y a los integrantes de la importante mesa presidida por usted que consideren las siguientes observaciones al Plan de Trabajo realizado por ustedes:
1. Es esencial plantear con claridad la estructuración de un sistema institucional que regule, controle y vigile el sistema petrolero ecuatoriano. Este podría implicar la estructuración de una Superintendencia de Hidrocarburos. En este esquema es imprescindible separar la Dirección Nacional de Hidrocarburos del Ministerio de Petróleos y trasladar las funciones de regulación al nuevo ente institucional.
Las razones para este planteamiento se sustentan en la enorme corrupción que históricamente se ha generado alrededor del sistema petrolero.
Como lo señalé esta mañana durante mi intervención en el Pleno, bien vale decir que la larga noche neoliberal sigue intacta en el sector petrolero. Efectivamente, cabe ejemplificar esta afirmación con hechos como los siguientes:
a. En carta dirigida al Presidente Correa, varias organizaciones ciudadanas señalan que dentro de la concesión de campos marginales, se ha entregado el Campo Armadillo al Consorcio Gran Colombia, constituido por Vitraecuador, Ecuavital y Petrotesting. “Vitraecuador –señalan en dicha carta- es una empresa venezolana, que dirige Humberto Calderón Berni, ex Presidente de PDVSA, quien fuera parte del golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez, mientras Ecuavital, empresa de remediación ambiental, tiene como principal accionista a José Dapelo”. Este personaje fue denunciado por el 27 de abril pasado por el entonces ministro de energía Alberto Acosta, hoy Presidente de la Asamblea Constituyente, como “uno de los principales beneficiarios de los contratos de remediación ambiental, que el 2006 le habría costado a Petroecuador, la demencial cifra de 140 millones de dólares”.
b. Existen varios pronunciamientos jurídicos y estudios serios que coinciden en que la figura de la Alianza Estratégica, no es aplicable para contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Por otro lado, los cinco grandes campos actualmente bajo responsabilidad de Petroecuador: Sacha, Shushufindi, Auca, Libertador y Cononaco, técnica y operativamente están interconectados, sea por líneas de flujo, sistemas de comunicación y eléctricos. Desde hace 30 años han sido concebidos y operados como una unidad, por lo que resultaría equivocado aislarlos para entregar su operación, como ha sido públicamente anunciado, a empresas distintas, bajo la figura de alianza estratégica, a empresas como Sinopec, Pertamina y Pdvsa. Solo como ejemplo, según estudios técnicos y económicos, se requerirían apenas 113 millones de dólares de inversión, en cinco años, para obtener un incremento de producción de 20 mil barriles por día en el campo de Sacha que se pretende entregar a Pdvsa. Esto equivale a alrededor de 500 millones de dólares adicionales por año.
c. Actualmente, las autoridades de Petroproducción están ejecutando un antitécnico, injustificado y perjudicial proceso de perforación de 18 pozos horizontales en Sacha, contratando a dedo con la compañía Schlumberger. Esto lo denuncian representantes de organizaciones sociales en el área petrolera al Presidente Correa. El primer pozo horizontal (1 
contratado con Schlumberger, empezó a perforarse el 31 de agosto de 2007 y concluyó el 9 de noviembre de 2007, con un costo de 12 millones de dólares, 3 veces más caro que el costo normal. El tiempo de perforación fue de 68 días, cuando normalmente un pozo de este tipo se lo perfora en 25 días. De esta forma se encareció el costo final. A la fecha este pozo aporta CERO barriles de petróleo y está cerrado como resultado de una errada práctica operacional.
Resulta gravísimo que se esté configurando la suscripción de un gran contrato para la perforación de 16 pozos horizontales adicionales en el citado campo, sin contar con informes técnicos favorables. Si un pozo inservible (1 le costó al pueblo 12 millones, 18 pozos le representará una suma multimillonaria (¿acaso 216 millones de dólares?).
2. Fortalecimiento de Petroecuador.
Es inadmisible que un país petrolero, como es el Ecuador, donde el peso de los ingresos de este recurso es enorme en el Presupuesto del Estado y en las exportaciones totales, no cuente con una empresa petrolera estatal eficiente, moderna, transparente y al servicio de todos los ecuatorianos. Por ello, es imprescindible que se incluya el tratamiento, en el nivel constitucional, la estructuración de una empresa estatal petrolera (Petroecuador), en los ámbitos de exploración, explotación, refinación, industrialización, distribución y comercialización de petróleo, gas natural y derivados.
Uno de los graves errores de la constitución de 1998 fue el no clarificar, en el nivel constitucional (artículo 247) el alcance de la definición de la propiedad de los recursos naturales no renovables. Este “error” intencional tiene que ser enmendado en la nueva Constitución, porque sobre la base de este error tuvimos contratos lesivos para el Estado y la sociedad ecuatoriana con empresas transnacionales, donde el 82 % de lo obtenido fue a parar a manos de las transnacionales y apenas el 18 % al Estado ecuatoriano, garante de la propiedad inalienable de los recursos del subsuelo.
En el presente la fortaleza de Petroecuador ha sido continuamente vulnerada y esto tiene que ser remediado en el nivel constitucional, por la Asamblea Constituyente. En 1994, Petroecuador explotaba 328 mil barriles diarios, actualmente la producción está en 170 mil barriles diarios. Hasta el presente continúa, el desmantelamiento de la empresa pública, Petroecuador, continúa, para beneficio de los buscadores de rentas, criollos y extranjeros, muchas veces con métodos y prácticas, no solo ilegítimas, sino incluso ilegales.
Existen estudios serios donde se demuestra que con 455 millones de inversión en cinco años (90 millones de dólares anuales), en los campos Shushufindi, Sacha, Libertador, Auca, Lago Agrio, se obtendrían 90 mil barriles día, equivalentes a más de dos mil millones de dólares anuales, con los niveles actuales de precios del crudo.
Esta vulnerabilidad a la que se le ha llevado a Petroecuador, no es gratuita. Ha dado origen a ingentes ganancias en cada una de las fases del proceso por el que transita la explotación y refinación de petróleo y la importación y distribución de derivados. En el Ecuador, más del 50 % de los derivados del petróleo (gasolina, diesel, gas doméstico) se importa. Esto se debe a la incapacidad operativa de la refinería de Esmeraldas para dar abasto al consumo de derivados que se ha visto notablemente incrementado en los últimos años. Sin embargo, esta incapacidad operativa, implica un absurdo económico para el país, pero un gran escenario para amasar grandes fortunas en desmedro de los intereses de la sociedad. Por eso es imprescindible contar con una empresa estatal de petróleos sólida y eficiente y le expreso mi gran preocupación por los anuncios públicos que las autoridades petroleras han hecho sobre la estructuración de una Sociedad Anónima para la explotación del bloque 15 que, como se conoce, es el que mayor ingresos petroleros le aporta al país. Hay que señalar, al respecto, que los sectores democráticos de la sociedad ecuatoriana (entre ellos los trabajadores de PETROECUADOR) se han opuesto históricamente a que Petroecuador o cualquier parte de ella sea transformada en una Sociedad Anónima. Puesto que esta figura está regida por el Derecho Privado y la Superintendencia de Compañías, permitiendo que en cualquier momento la propiedad de la empresa cambie de manos, al ser las acciones libremente negociables, dejando por lo tanto de ser de propiedad pública.
3. No explotación de bloque 31 y del ITT
A lo largo de todo el documento planteado por la Mesa 5, se alude a la responsabilidad intergeneracional con la que debe abordarse la temática constitucional referida a los recursos naturales, así como el carácter sustentable que tiene que tener la explotación de estos recursos. En tal sentido, es indispensable que conste en el Plan de Trabajo de esta mesa la expresa abstención de explotar los bloques 31 y el ITT.
4. Modificar los incentivos negativos que promueven la contaminación del aire
El crecimiento anual del parque automotor en el país es del 7,5% anual, es decir, 85 mil vehículos nuevos agregados al parque automotor. Como decíamos antes, a pesar de ser un país petrolero, el Ecuador importa naftas a un precio de 2,65 dólares por galón, mientras que se expende a un precio promedio de 1, 65 dólares por galón. Esto conduce a que el Estado gaste más de 600 millones de dólares anuales por subsidios a los vehículos que funcionan con gasolinas.
Por ello, desde el nivel constitucional se debería promover políticas fiscales orientadas a garantizar la equidad social y económica y la equidad ambiental. En tal sentido, recogiendo la propuesta que realizan las agrupaciones Biciacción, el Colectivo Quito para Todos y Corpaire, considero la disminución del crecimiento del parque automotor debería ser una política de Estado para evitar la contaminación del aire de las ciudades del país, especialmente de ciudades como Quito y Cuenca, que por sus características geográficas se ven más afectadas que otras. A esto hay que añadir que este notable crecimiento ha obligado a una estructuración de las ciudades en función del automóvil y en detrimento de peatones y ciclistas, la disminución de la calidad de vida de los ciudadanos al afectar su salud, ocio y desarrollo integral, como señalan las agrupaciones referidas.