INFORME No 7PARTICIPACION DE DIEGO BORJA CORNEJO, ASAMBLEISTA POR PICHINCHA, DURANTE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE ENERO EN LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Lunes 7 de Enero: 1.      Durante la sesión de la Mesa 6, se recibió a representantes de los jubilados quienes expresaron su visión sobre los innumerables problemas de la seguridad social. Ante lo señalado por los jubilados, el asambleísta Diego Borja, sostuvo que la profunda reforma de la Seguridad Social, debe ser un objetivo prioritario de la Asamblea Constituyente. Borja recordó que solamente el 18 % de los ecuatorianos están cubiertos por el sistema de seguridad social, dejando fuera de toda cobertura a la gran mayoría de la población. Entre los principales desafíos, Diego Borja sostuvo que es indispensable reorganizar el sistema de pensiones, para garantizar pensiones dignas para los jubilados y los trabajadores actuales que se jubilarán en el futuro. De igual forma, es necesario avanzar en el aseguramiento de las familias de los trabajadores para que “beneficios de calidad, sobre todo, en el área de salud, se amplíen a las familias de los trabajadores, especialmente a los hijos menores de edad”, dijo Diego Borja. Resulta inadmisible que los recursos de la seguridad social no reciban rentabilidad alguna, se hallen congelados en el Banco Central y no contribuyan ni al desarrollo nacional ni a mejorar las “pensiones de hambre que se les entrega a los trabajadores jubilados que ya entregaron su esfuerzo para la existencia de nuestro país”, señaló Borja. La Asamblea Constituyente, tiene que estructurar en el nivel constitucional que corresponde, los lineamientos necesarios para que el Ecuador pueda contar con un adecuado sistema que proteja a los trabajadores del presente y sus familias y a los jubilados. Evidentemente, el problema de la seguridad social está vinculado al gravísimo problema del desempleo. Por ello, una vez más, dijo Diego Borja, el desafío más importante que tiene la Mesa 6, en el ámbito social y económico, es la solución de tan grave problema. Puede ser una buena coyuntura el cambio en las autoridades del Seguro Social, con quienes se debería buscar un acercamiento, así como con las distintas organizaciones sociales interesadas en mejorar el sistema de seguridad social.

2.      Durante la jornada de trabajo del 7 de enero, mediante carta dirigida al Presidente de la Asamblea Constituyente, Diego Borja, asambleísta de Pichincha por Poder Ciudadano, presentó su declaración de bienes e impuesto a la renta del 2006, tal como manda el artículo 17 literal 8 del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea Constituyente.3.      Durante la sesión de la Mesa 6, el asambleísta Diego Borja propuso que para lograr un eficiente trabajo en la tarea fundamental, cual es la redacción de una nueva Constitución Política de la República, se debería mejorar ostensiblemente el Plan de Trabajo planteado por la Mesa 6. Para ello, propuso que se configure un esquema de trabajo en el que cada uno de los asambleístas propongan un conjunto de problemas jerarquizados, atinentes a cada uno de los temas relevantes de la mesa: trabajo, producción e inclusión social. A partir de los mismos, se debería determinar los temas, subtemas y los objetivos específicos que permitiría iniciar la redacción de los artículos de la nueva Constitución.Esta forma de abordar el trabajo de la Mesa 6, permitirá discutir los problemas esenciales que vive el pueblo ecuatoriano en los 3 ámbitos: trabajo, producción e inclusión social y desarrollar un trabajo útil, en el sentido de contribuir a resolver los problemas cotidianos de la población en estos tres importantísimos ámbitos del quehacer social.Martes 8 de Enero:Durante la sesión de la mesa constituyente del martes, se discutió los problemas atinentes al ámbito de trabajo. El objetivo del trabajo de la mesa es la definición de los principales problemas en el ámbito del trabajo y su importancia, en cuanto a los efectos sobre amplios sectores de la población. Cabe señalar que durante la semana séptima la mesa de trabajo debería avanzar en: i) identificación de problemas relacionados con el ámbito de cada Mesa Constituyente; ii) jerarquía de los problemas e identificación de relaciones e interrelaciones; iii) objetivos nacionales de desarrollo y transformación; iv) identificación de temas y subtemas; v) objetivos específicos de los temas y subtemas; vi) relaciones e interrelaciones entre objetivos; vii) identificación de actividades y tiempo de realización (cronograma); viii) identificación y justificación de viajes y mesas itinerantes.Es necesario que la Mesa No 6, construya cada uno de estos ocho ítems, para cada uno de los ámbitos que son responsabilidad de esta mesa: trabajo, producción e inclusión social.A tal efecto, Diego Borja, propuso los siguientes problemas principales en cada uno de los tres ámbitos:TRABAJOEn el ámbito del trabajo, los mayores problema de la sociedad ecuatoriana son el desempleo que sufre un amplio sector de la población en edad y disposición de trabajar (650.000 personas);  las malas condiciones sociales, económicas y jurídicas en las que realiza su trabajo un importante segmento de la fuerza laboral (más dos millones de personas, 50 % de la PEA); las pocas oportunidades de trabajo remunerado y la limitada capacidad del aparato productivo para incorporar al empleo a los nuevos trabajadores, en su mayoría jóvenes, que se suman año tras año a la fuerza laboral.PRODUCCIONEn el ámbito de la producción, el principal problema es la limitada capacidad de inclusión de la mayoría de la población a un proceso de desarrollo productivo sostenido y sustentable, con la consiguiente debilidad para la creación de riqueza, la escasa diversificación de la producción, el bajo dinamismo y débil crecimiento de la economía. Para el año 2008, las previsiones de crecimiento de la CEPAL, por ejemplo, le colocan al Ecuador en el puesto 32 de 34 países analizados, por debajo incluso de Bolivia. Para el año 2007, el crecimiento estimado (2,7 %) fue menor de las previsiones que se tenían a comienzo de año. La confianza empresarial en el último mes ha caído en 20 puntos, entre las empresas que operan dentro del país. Este problema tiene un impacto directo en la poca contratación laboral, en los bajos niveles salariales e incluso en el aumento de los precios, debido a una disminución de la producción interna.INCLUSION SOCIALLa exclusión es el mayor problema social del Ecuador y es la mayor amenaza para la instauración de una verdadera democracia y ciudadanía y para el propio crecimiento y desarrollo económico.Miércoles 9 de Enero:Se continúa con la definición de problemas en materia de trabajo. El asambleísta Borja propone como problemas relacionados con los problemas esenciales del ámbito del trabajo –señalados durante la sesión del martes 8- a los siguientes:i)                    El incumplimiento de los derechos de los trabajadores por parte de malos empleadores y la incapacidad del Estado para controlar y evitar abusos; ii)                  La explotación a los trabajadores y los abusos cometidos bajo el régimen de intermediación laboral y que han contribuido al desprestigio de todo el sistema de terciarización; iii)                La discriminación laboral, en cuanto a la exclusión o la diferenciación salarial por motivos de género, edad, opción sexual, etnia u otros; iv)                La falta de políticas de Estado y de apoyo institucional para la generación de auto empleo en el campo y la ciudad;v)                  La desprotección de las familias de los trabajadores emigrantes, que en su gran mayoría pueden ser considerados como asilados económicos; vi)                La extremadamente baja cobertura de la seguridad social y los malos servicios que este sistema entrega a los trabajadores afiliados;vii)              Los bajos salarios, en amplios sectores de la economía y la baja productividad de la fuerza de trabajo;viii)            La virtual inexistencia de un sistema de capacitación para el trabajo;ix)                La poca, ausente o mala regulación laboral por parte del Estado, particularmente por parte del Ministerio del Trabajo, sobre todo frente al incumplimiento de los derechos de los trabajadores y a la presencia de serias irregularidades, como por ejemplo el trabajo infantil;x)                  El débil sistema para la solución negociada de conflictos laborales;xi)                La discriminación entre empleos de semejante calificación o semejante exigencia en el sector público;xii)              La falta del reconocimiento del aporte productivo que realiza el trabajo doméstico y de ahí la desprotección de las amas de casa o de las personas que realizan esta tarea;xiii)            La caducidad del sistema jurídico que regula el trabajo y su incongruencia con las nuevas exigencias tecnológicas y productivas: trabajo por horas sobre todo en el sector juvenil, movilidad de los trabajadores, prestación de servicios específicos, regímenes de pasantías, vinculación del sistema educativo y de capacitación con el sistema productivo, etc.;xiv)             La inadecuada regulación bajo el régimen laboral, tanto del sistema de intermediación, como del sistema de contratación de servicios especializados o complementarios. El primero debería convertirse en un sistema de profesionalización de la gestión del talento humano y la principal herramienta de lucha contra la precarización del trabajo; mientras que el segundo, debería corresponder al régimen mercantil y por tanto caer dentro de las políticas de apoyo a la producción, multiplicación y diversificación del empleo.Por otro lado, la Mesa 6, recibe a los representantes de las empresas de intermediación y terciarización laboral. Estos informan a la mesa sobre la amplitud y el estatus jurídico de la intermediación laboral y la terciarización en el país. Entre los datos de interés, se señala que de los trabajadores bajo régimen de intermediación en el sector público bordean los 85.000. En el sector privado, de su parte habría alrededor de 400.000. La aprobación de la Ley 48 del 2006, que regula la intermediación, originó que disminuya la cifra de empresas vinculadas y fantasmas que realizan tareas de intermediación, tal como lo muestran la comparación entre las columnas 1 y 2, antes y después de la Ley, en la tabla adjunta. De igual forma, generó que aumenten las empresas profesionales afiliadas y profesionales no afiliadas, con el consiguiente aumento del control por parte de las autoridades laborales.

 De la exposición de los representantes, queda claro:i)        Que han existido abusos por parte de empresas o personas que realizan tareas de intermediación laboral, los cuales son intolerables y tienen que ser evitados a través de normas expresas, desde el nivel constitucional;ii)      Que se encuentran inconvenientemente reguladas bajo el mismo cuerpo legal dos tipos de tareas completamente diferentes: la una la intermediación laboral que corresponde al régimen laboral; y la otra, la contratación de servicios complementarios que debería corresponder al ámbito mercantil y a las políticas de fomento de la producción y el empleo;iii)    Que es esencial mejorar el sistema laboral ecuatoriano, que ha sido construido como una colcha de retazos, en desmedro de la mayoría de la fuerza laboral que se halla desprotegida, no solo por sistemas como los de la intermediación, sino por esquemas arcaicos que no dan cuenta de los nuevos requerimientos productivos, tecnológicos, de capacitación y de implicación de los trabajadores en el presente siglo.iv)    Que no se podría atentar contra el empleo de los trabajadores que se hallan bajo el régimen de intermediación, y ningún objetivo de incrementar la producción puede justificar la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores;v)      Que la normativa laboral tiene que hacerse pensando en un trabajador cada vez más capacitado, más informado, más ciudadano, con mayores habilidades para la incorporación de tecnología y conocimiento, que es el trabajador que debe forjar la sociedad ecuatoriana del siglo XXI.Jueves 10 de Enero:El Asambleísta Diego Borja, envió un boletín de prensa en el que señala que es esencial que la Mesa de Trabajo, Producción e Inclusión Social avance con mayor dinamismo en la elaboración de la tarea que le permita orientar la elaboración de los artículos constitucionales bajo su responsabilidad. “Han pasado ya 6 semanas y aún no se ha iniciado la discusión del articulado constitucional”, dijo.La única manera de garantizar que se desvirtúen los rumores e intentos de aprobar artículos constitucionales por “paquetes”, es que avancemos de manera responsable en la discusión de temas de notable interés para la mayoría de la población, como es la creación de oportunidades de trabajo, el impulso de un sistema productivo sostenido y sustentable y la superación de las condiciones de exclusión en la que se debate buena parte de la población.A tal efecto, Borja presentó el Documento de Trabajo No. 3, con una serie de planteamientos sobre los principales problemas que aquejan a la mayoría de los ecuatorianos en las áreas de trabajo, exclusión social y producción. De esta forma, “se estaría haciendo de la Asamblea Constituyente una herramienta útil que al conocer a profundidad los problemas pueda señalar los caminos constitucionales que permitan solucionarlos dentro de un plazo razonable y de esta forma hacer que esos más de 130 millones que le va a costar la Asamblea al país, sean una inversión que redunde en la mejora de las condiciones de vida de la gente y no un gasto inútil”, afirmó Diego Borja.El documento de trabajo No 3, está a disposición de la ciudadanía en los siguientes sitios:http://poderciudadanoecuador.googlepages.com/home http://movimientopoderciudadano.blogspot.com/ http://somosdemocracia.org/poderciudadano/  http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/diego_borja/  Este documento empezó a ser analizado por los miembros de la Mesa 6, durante la sesión de la tarde del jueves 10 de enero. El objetivo central es contribuir a aumentar la eficacia en el tratamiento de los temas de responsabilidad de esta mesa.Durante la sesión del jueves 10, la Mesa 6 recibió a una comisión del Gobierno Local de Catamayo, encabezada por el alcalde. En esta se conoció la denuncia sobre la explotación irracional de las canteras ubicadas en la parte adyacente a  las riberas del Río Catamayo, por parte de la compañía minera “Tuta”. Según el Alcalde Figueroa, dicha compañía viene deteriorando gravemente el ecosistema y poniendo en serio peligro la vida de los pobladores del Valle de Catamayo. Se denuncia que no se ha podido detener los trabajos de la compañía, puesto que, a decir del señor alcalde, existen intereses particulares vinculados con el gobernador de la provincia de Loja que se sobreponen a los intereses del cantón.Viernes 11 de Enero:Mediante carta dirigida al presidente de la Mesa No 6, el asambleísta Diego Borja, solicitó que se pida la comparecencia del Ministro de Trabajo, con el fin de que informe con claridad sobre los anuncios extraoficiales sobre distintos Mandatos Constituyentes que se estarían preparando alrededor de temas como las remuneraciones en el sector público y sobre la eliminación del régimen de intermediación laboral y terciarización. Dado el enorme significado en el área de competencia de la mesa 6, como son el trabajo y las remuneraciones, Diego Borja señaló que le corresponde la Mesa 6 recibir información directa por parte de quienes están preparando estás importantes modificaciones normativas y pronunciarse en el contexto de elaboración de un nuevo marco jurídico de nivel constitucional en esta materia.Por otro lado, Diego Borja, de acuerdo a las propuestas realizadas durante la campaña electoral, hizo una exposición en la Mesa 5: “Recursos Naturales y Biodiversidad”, sobre la necesidad de que la Mesa 5, se pronuncie expresamente sobre:i)                    La prohibición de la explotación petrolera en el Yasuní y la estructuración de un mecanismo viable para resguardar el mantenimiento de los servicios ambientales que presta esta importantísima zona de biodiversidad en el planeta. Hay que recordar que en 1999, el Parque Yasuní fue declarado “Zona Intangible” con la intención de proteger a un ecosistema inmensamente rico y el mayor biodiversidad en el mundo: 1.762 especies de árboles y arbustos, más de 366 de ellas no han sido clasificadas aún por la ciencia occidental y con otras 116 especies de árboles que han sido recolectadas en zonas aledañas. Hay tantas especies de árboles y arbustos en una hectárea del Yasuní como existen árboles nativos para toda América del Norte, estimado en 680 especies. Más de 450 especies de lianas y 313 especies de plantas vasculares epífitas. Es  uno de los lugares más diversos de aves en el mundo, con 567 especies. Protege cerca del 40 % de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica. Contiene el número más alto de herpetofauna en toda Sudamérica, con 105 especies de anfibios y 83 especies de reptiles documentadas. Con 382 especies de peces de agua dulce y con más de 100 mil especies de insectos por hectárea. ii)                  Hacerse eco sobre las denuncias de que no se avanza en el pedido de caducidad del bloque 18 realizado hace varios meses atrás, por el entonces Ministro de Energía, Alberto Acosta. Efectivamente, se estaría posponiendo el pedido de caducidad de los contratos de participación de los Bloques 18, 31 y la reversión a Petroecuador del campo Palo Azul. Esta solicitud se fundamente en varios informes técnicos y legales de varias instituciones del Estado, en particular de la Comisión Especial, creada por el entonces Ministro de Energía, Alberto Acosta, quien solicitara al Presidente Rafael Correa el inicio de la caducidad contractual por haberse detectado que Petrobrás transfirió en forma ilegal derechos y obligaciones de los bloques 18 y 31 a la empresa Teikoku del Japón, sin autorización ministerial; así como por haberse detectado fraude técnico en la calificación como campo del Campo Palo Azul, esto último según lo señalara públicamente Raúl Moscoso, ex Coordinador de la Comisión Especial que investigó el caso. La caducidad de estos contratos, así como la reversión de Palo Azul significa la recuperación de US$ 350 millones de dólares anuales adicionales para el Estado, así como la protección del Parque Nacional Yasuní; y, como señalara en su momento -carta remitida el 13 de junio del 2007, al Primer Mandatario-  el Ministro de Energía, Alberto Acosta, : “… la obligación de hacer cumplir la ley, que no depende de la discrecionalidad de la autoridad; el seguro empleo del argumento de la discriminación en el proceso seguido por la OXI en el CIADI, tomando como prueba a nuestra inacción ante un caso similar; y la conveniencia de recuperar para el pueblo ecuatoriano lo que fraudulentamente se le ha quitado, con la farsa de un yacimiento común inexistente.” iii)                Participó en una rueda de prensa con los representantes de más de 200 organizaciones sociales, ecológicas, religiosas y de gobiernos locales, de la Amazonía, sobre los pedidos realizados a la Mesa 5.

Compártelo!