Diego Borja: tercerización laboral e intermediación son modalidades precarias de trabajo
Son 1.034 las empresas intermediadoras y tercerizadoras existen en el país
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Diego Borja, asambleísta por el [Movimiento Poder Ciudadano], presentó una propuesta de Mandato ante la Asamblea Nacional Constituyente para que se elimine la intermediación y tercerización laboral, asegurando que estas modalidades son precarias. Manifestó que no considera justo que empresarios sostengan la idea de que sin estas dos formas de trabajo se bloquearía la generación de empleo, explicando que si una empresa requiere de trabajadores, los contratará de manera directa.
“En realidad yo propuse un mandato para eliminar la tercerización con fecha 27 de febrero con el fin precisamente de evitar que se continúe con un régimen que lo ha significado es la precarización del trabajo en el país”, indicó Borja.
Señaló que el objetivo principal del mandato hecha por él, como la propuesta que fue presentada por Movimiento Popular Democrático (MPD), es eliminar la precarización del sistema de trabajo y sobre la base de eso diferenciar con claridad lo que significan los temas precarios de contratación, como la intermediación, de lo que significa los esquemas de relación entre empresas, como cuando se contratan servicios complementarios.
“¿Qué es la intermediación? Cuando a usted le contrata trabajadores para que los use otra empresa, usted contrata a los trabajadores operarios de una fábrica de zapatos para que trabajen en la fábrica de zapatos, quitándose el dueño de la fábrica de zapatos la relación directa y la responsabilidad con sus operarios, eso es la intermediación”, manifestó Borja en “El Poder de la Palabra” en Ecuadorinmediato.com/radio.
Explicó que la intermediación en muchas ocasiones ha contribuido a que no se paguen adecuadamente los salarios, los beneficios sociales, el seguro social obligatorio, las vacaciones, etc.
“Hay uno más grave que es la intermediación realizada por personas naturales; ¿qué es esto? Cuando el capataz coge y les contrata a los peones, faeneros y ni siquiera les paga lo que les dijo al inicio de la mañana lo que les iba a pagar”, dijo.
Aseguró que estos sistemas de precarización han podido realizarse amparados por una legislación que el Ministerio de Trabajo no ha sabido controlar, por lo que llama la atención que en el último año se han renovado de 1.034 intermediadoras y tercerizadoras sin que los recursos que se obtienen del permiso sean dedicados a fortalecer sistemas de vigilancia y control como manda la Ley.
“Yo, por carta, el 27 de febrero le pedí al ministro que me informe cuántas empresas están operando regularmente, o sea, aprobadas por el ministerio en el ámbito de la tercerización y en el ámbito de la intermediación y en realidad no son 1.032, sino 1.034, y esto ha significado una recaudación de alrededor de $92.000 entre enero de 2007 y febrero de 2008 para el Ministerio de Trabajo”, aseveró Borja.
Destacó que los empresarios no pueden chantajear al país diciendo que si no se mantiene los regímenes de intermediación y precarización se disminuye las fuentes de trabajo, pero si es que es una empresa que requiere de trabajadores esta contratará ya sea a través de esas modalidades o de manera directa.
“No nos van a venir a decir que solamente se requiere de una fuerza de trabajo chantajeada, precarizada, utilizando la necesidad que tiene el pueblo de trabajar para pagarle mal, o no cumplirle con todos los beneficios. Acá se trata de que tengamos empresas decentes y trabajadores decentes”, enfatizó Borja.
Respecto a la posibilidad de que haya una forma para obligar a las empresas que dispusieron que las tercerizadoras contraten a las personas que trabajan bajo esa modalidad, Borja recalcó que él estaría contrario a la obligatoriedad de contrato, porque si hay una empresa que ha utilizado trabajadores tercerizados, los debe contratar de manera directa, por lo que es necesario dar alternativas a los trabajadores y empresarios.
“Una es la posibilidad de que sean contratados de manera directa por el usuario de los trabajadores; otra, es que sean contratados de manera directa por las tercerizadoras; y otra es que sean liquidados de acuerdo a la Ley, de manera tal que no se vulnere ni el derecho de los trabajadores a mantener su empleo, ni el derecho de sus empleados y trabajadores a hacer una libre contratación”, detalló Borja.
En el Mandato que propone el asambleísta Borja señala que todo lo que signifique contratación de servicios entre empresas salga del Código de Trabajo y sea regulado por las leyes de compañías, las mercantiles y civiles y que únicamente se quede lo vinculado con la relación entre empleados y empleadores.
Preguntado sobre cuánta voluntad política es necesaria para llevar a cabo la propuesta, Borja respondió: “Yo creo que mucha, porque como le mencionaba hace un momento, la mía es una propuesta más de las que se han presentado, los otros van en el mismo sentido, es decir, el objetivo es eliminar la precarización, pero lo que hay que acordar es que la eliminación de la precarización no nos conduzca a aumentar el desempleo”.