Por Diego Borja, Asambleísta por Pichincha (Poder Ciudadano)
Alberto Acosta ha señalado con mucha propiedad como con la liberalización y la flexibilización del sistema financiero, al tiempo que se eliminaron las estructuras preferenciales de las tasas de interés y la acción de fomento de la banca estatal, se abrieron las puertas para el atraco del 98 y 99. A esto añadiría el contubernio entre el Estado y el sector privado para confabular en contra de los depositantes que confiaron sus depósitos en los bancos. No olvidemos que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos también contribuyeron al gran atraco que pusieron en riesgo la economía en su conjunto. La tónica era primero flexibilizar y liberar la economía para que luego el Estado se convierta en la gran empresa de reparaciones de los oligopolios financieros. ¡Gran trampa neoliberal! Discurso de libertad y apertura de los mercados y luego captura del Estado, para ponerlo al servicio de los grandes beneficios oligárquicos.
Para soportar la enorme transferencia de dinero que se les hizo a los bancos a través de los créditos subordinados, de los créditos de salvataje bancario, se devalúo la moneda y se emitió dinero inorgánico, dando origen a la gran espiral inflacionaria, que deterioró los salarios de los empleados y trabajadores, los ingresos de amplios sectores del pueblo ecuatoriano. La banca beneficiada del salvataje bancario, no solamente que se llevó la plata del Banco Central, sino también el dinero del pueblo ecuatoriano, a través de la devaluación y la inflación. Pero la oligarquía no tuvo compasión y no contenta con el atraco bancario decidió de manera inconstitucional la dolarización de la economía, habiendo devaluado antes la moneda en más de 300 %. No solo que se perdió la soberanía monetaria, sino que se hicieron grandes negocios, pues los créditos en sucres que tenían los grandes banqueros con el Banco Central se pulverizaron y los tenedores de dólares, los mismos bancos, vieron multiplicados por cinco sus dineros, en desmedro de la mayoría. Mientras los banqueros multiplicaban, el pueblo ecuatoriano dividía, hasta casi quedarse sin nada.
Hay que señalar que el Banco Central en nombre de la autonomía que le consagra la anterior constitución contribuyó para que se produzca el atraco de los recursos del Estado y de los ciudadanos. Por ello la modificación del Banco Central en la actual constitución está afectando a los intereses de quienes están orquestando la campaña por el NO en el Referéndum.
Apoyo la medida de incautar los bienes de las empresas vinculadas al Filanbanco, porque no solamente es legítima sino también legal. Me pregunto ¿qué pasa cuando un pobre no paga la deuda a un banco? Le quitan la propiedad, allí todo es legal; pero ahora como afectan sus intereses, entonces ponen el grito al cielo para decir de que se trata de una venganza política. ¡Que amenaza con la libertad de expresión! ¿Quiénes constan en la central de riesgo en categoría E? En su mayoría gente que no pudo pagar sus deudas, la mayor parte pequeñas, gente que generalmente honran los compromisos financieros, anotó Borja. Sobre esto, también esta Asamblea debería hacer algo. La calificación de riesgo bancario se ha convertido en el nuevo record policial, con lo cual el ciudadano es habilitado para todo. Los grandes atracadores del país calificando el riesgo de los ciudadanos, cuando ellos mismos tienen una gran E por su deuda colosal con el pueblo ecuatoriano.
La medida de incautar los bienes de los grandes deudores del Estado es un hito en un país que ha estado acostumbrado a la impunidad.
Me permito sugerir al gobierno que lo más pronto posible se entregue los medios de comunicación para la gestión profesional y democrática. De esta manera evitaremos que la partidocracia manipule políticamente un acto que es de justicia para los miles de ecuatorianos afectados por la banca quebrada. Efectivamente, espero que estos bienes se vendan lo más pronto posible y permitan pagar la deuda a los depositantes.
Es hora que esta realidad cambie y de una vez por todas se establezcan sanciones para los banqueros y sus cómplices en las instituciones del Estado que se hicieron de la vista gorda en la gran crisis bancaria de 1999