Por Diego Borja, Asambleísta por Pichincha (Poder Ciudadano)
Los textos que ha escrito esta Asamblea Constituyente, en muchos aspectos son valientes y transformadores. Sin embargo, no puede haber señales ambiguas e incomprensibles. Si estamos reconociendo el carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano, resulta absurdo no reconocer el kichwa como lengua oficial, junto al castellano. De no hacerlo, es como aprobar el cascarón y no el contenido, es como preferir las bambalinas y el oropel y no lo esencial.
Si algo caracteriza a la interculturalidad es la posibilidad de establecer relaciones entre las distintas culturas de manera equitativa. No una cultura por sobre otra. No el rezago colonial del dominio de lo blanco - mestizo, por sobre lo indio.
Tener lenguas de primera y lenguas de segunda, no solamente que es denigrante por su contenido racista, sino que en esta Constitución, significaría vaciar de uno de los contenidos esenciales a la transformadora propuesta de plurinacionalidad en el carácter del Estado.
Uno de los sistemas del dominio colonial fue negarles la oficialidad de la lengua a los conquistados. Reconocer el kichwa, que por lo demás, lo habla casi el 20 % de ecuatorianos, es un acto de justicia histórica, de ruptura de cadenas que se impusieron a los pueblos americanos con la colonización española.
He escuchado un argumento deleznable: “es costoso para el Estado incorporar el kichwa como lengua oficial”. ¿Tiene valor monetario el reconocimiento histórico a una población marginada? Los contadores, que nunca faltan, nos dirán que sí. Incluso en ese caso, la sociedad ecuatoriana y el Estado estarían en la obligación moral de “costear” la reparación histórica al pueblo kichwa. Así como tendrá que asumir los costos de la equidad que esta Constitución está planteando el momento de ampliar los derechos de mujeres, personas con discapacidad, niños, territorios, adultos mayores.
Por ello, fui uno de los asambleístas que propuso el reconocimiento del kichwa como lengua oficial y me sumé a la reconsideración del texto que niega este derecho en la Constitución.